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Fernando Cruz Castro fue fiscal general de la República entre 1983 y 1986. El 4 de abril de 1985, estaba de vacaciones en Puntarenas, cuando lo llamaron para preguntarle qué podían hacer con el capo mexicano Rafael Caro Quintero.
Asegura que al no haber razones ni pruebas en su contra, decidió entregarlo a las autoridades administrativas para que lo deportaran.
Cruz sostiene que fue objeto de críticas y cuestionamientos por su decisión, incluso, fracasó en cada intento de ser magistrado hasta que “las aguas se calmaron” y 20 años después logró su designación en la Sala Constitucional (2004).
¿Quién es para usted Caro Quintero?
Era Semana Santa, en el 85, cuando a mí me llamaron para hablarme de él. Yo estaba veraneando en Puntarenas. No tenía la idea de quién era Caro Quintero, la idea la tuve después. Hay dos o tres cosas fundamentales desde el punto de vista legal: cuando me llamaron, supe que él había tenido que ver con el asesinato de un investigador (de la DEA) y cuando me dicen que lo capturaron, me preguntan qué hacer con él.
”En ese momento, Rodrigo Castro (entonces jefe interino del OIJ), me llama y me dice que no tenían nada contra él para poderlo acusar. Como estaba ilegal en el país, la práctica es que sea expulsado del país, aparte hubo coordinación con las autoridades mexicanas para llevárselo y juzgarlo en México. El Poder Ejecutivo lo entregó a las autoridades.
”Días después me di cuenta de que era un gran capo, de los más importantes de esa época, no como los de ahora. En el informe de la primera Comisión de Narcotráfico (del Congreso) que investigó el ingreso de Caro Quintero, hice un análisis jurídico de los delitos y me pareció que, aún después, no había evidencia para tener un acervo de pruebas para hacer una acusación.
El hecho de que encuentren a Sara Cossío con él, por quien había una alerta de un posible secuestro, ¿qué implicaba?
Eso lo explico en el documento. El órgano especializado (OIJ) no estimó que fuese un secuestro. Sé por investigaciones, que ella nunca estuvo secuestrada.
Los hombres que entraron con Caro estaba bien armados...
En esa época, la tenencia de armas no era delito. A mí, el jefe interino del OIJ me dijo dos veces que no tenían ningún dato de hechos delictivos. Frente a esto y con una detención de máximo 24 horas, un fiscal general no puede ser tan poco legal y constitucional de decir: reténgamelo hasta que encuentren algo.
¿Nunca le preguntó después a Rodrigo Castro sobre este caso?
Nunca le pregunté sobre eso. Más bien, yo me atuve porque lo que yo digo, lo dijo Rodrigo Castro, no yo. Él le informa a la Comisión que me llamaron y me dijeron que no había ninguna evidencia. Todo el detalle del operativo de detención yo no lo tenía presente porque yo no participé, no tuve nada que ver con la detención y la deportación. Solamente me informaron que no había delito que perseguir.
¿Esa comisión legislativa lo cuestionó a usted en el informe?
No. En el informe no hubo cuestionamiento hacia mí, pero sí hubo una discusión sobre mi papel.
¿Rafael Caro Quintero es un mal recuerdo para usted?
No es un mal recuerdo. Es mal recuerdo la maledicencia que, en algún momento, se quiso tejer en mi contra, pero, en realidad, yo creo que después afloró la claridad del tema. Yo no tuve nada que ver con la captura, fui informado por la autoridad policial de que no había nada en su contra. Como entró ilegalmente, por eso dije que lo entregaran a las autoridades administrativas y fueron estas las que decidieron deportarlo. Como se tejió tanta cosa, y el propio informe dice que pudo haber tenido que ver una “autoridad política superior”, en eso no tuve nada que ver.
¿Lo afectó en su trayectoria?
Ah, por supuesto.
¿Por qué?
Porque algunas veces, en relación con las posibilidades de ser electo como magistrado o tener aspiraciones, eventualmente, sacaban esa objeción sin fundamento.
¿Usted pudo haber sido magistrado desde antes?
Como la vida es tan extraña, fui magistrado cuando el destino decidió que lo tenía que ser. En veces anteriores, los concursos para aspirar a magistrado siempre fueron como un ventarrón o vendaval de rumores y runrunes, siempre eso deja un mal sabor de boca, porque a uno se le objeta sin que uno pueda defenderse.
¿Le sacaron ese tema cada vez que quiso ser magistrado?
Eso era una cosa, pero me sacaban otras cosas, porque yo fui el primer fiscal general que investigó a un presidente de la República, a don Luis Alberto (Monge) por el Fondo de Emergencias. A un fiscal general que cuestiona presidentes o expresidentes, le cuesta mucho llegar a ser magistrado.
¿Qué le cuestionaban?
Siempre salía un cuestionamiento impreciso con relación a Caro Quintero, que por qué lo puse en libertad o por qué lo entregué.
Al fin y al cabo, usted llegó a ser magistrado.
Las aguas fueron tomando su cauce y pasaron prácticamente 20 años. Yo dejé la Fiscalía a finales del 86 y fui designado en el 2004 como magistrado. Todos sabemos que cuestionar el poder de cúpula tiene un precio para el que tenga aspiraciones.
