El Gobierno planea dejar activado, el año próximo, un escudo de vigilancia aérea, marítima y terrestre con la finalidad de frenar el creciente trasiego de droga por Costa Rica y la ola de violencia desatada por las bandas narcotraficantes.
Barcos, aviones, helicópteros y radares –unos propios y otros donados– serán la piedra angular de esta iniciativa que pretende cerrarle el “libre paso” a los cargamentos de coca, marihuana y sustancias sintéticas.
Las autoridades ticas esperan con estos equipos aumenten, en forma considerable, su capacidad de detectar, perseguir e interceptar lanchas rápidas, aeronaves ligeras o camiones cargados con paquetes sospechosos.
El proyecto será financiado con el dinero que genere el resucitado impuesto a las sociedades anónimas (¢45.000 millones al año), el cual también se usará para adquirir más tecnología y reforzar el número de policías en la calle.
“Nunca antes se había tenido equipos con capacidad para perseguir lanchas y aviones de los que usa el crimen organizado”, aseveró Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública y encargado del diseño del escudo de vigilancia.
“Ya tenemos varias unidades compradas, adquiriremos otras y nos van a donar más”, aseveró el funcionario.
Mata comentó que el plan se irá implementando conforme vayan ingresando los equipos ofrecidos. Sin embargo, estimó que el sistema estará operando a plenitud antes de que finalice la presente administración, en mayo del 2018.
Urge ayuda. Para el ministro de Seguridad Pública, la falta de buenos equipos de vigilancia en nuestro país ha facilitado que las organizaciones narco utilicen, cada vez más, nuestro territorio como ruta de paso para sus cargamentos.
Informes de inteligencia, divulgados en entregas anteriores de la serie Narcotráfico Informe Especial, de este diario, confirman que ninguna playa de Costa Rica se ha librado, en los últimos años, de las incursiones de lanchas cargadas con narcóticos.
Evidencia de ello es que los reportes sobre embarcaciones sospechosas se duplicaron entre 2013 y 2016 al pasar de 125 alertas a 254. El Servicio Nacional de Guardacostas indica que, en ocasiones, se reciben hasta 10 avisos por noche.
Los traficantes, además, usan aparatos y métodos cada vez más sofisticados para transportar su mercadería por el mar. Entre tanto, el país solo cuenta con 300 oficiales y 70 embarcaciones para patrullar 1.228 kilómetros de costas.
Para reducir este desbalance de fuerzas, el Ejecutivo confía en el apoyo foráneo.
Según Mata, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, le confirmó recientemente que su país mantendrá el respaldo a la región en la lucha contra el narco.
Dentro del programa de ayuda figura una donación ofrecida, en agosto del 2016, por el entonces presidente Barack Obama a Costa Rica que incluye dos embarcaciones, dos aviones de patrullaje y carga, tres helicópteros y otros equipos.
Poco a poco. Seguridad Pública planea ir armando el escudo de vigilancia conforme vayan llegando los equipos ofrecidos.
El ministro comentó que en Liberia, Guanacaste, ya fue instalado un radar donado por Estados Unidos y que para este año se espera el ingreso de dos aviones y tres helicópteros.
Mientras, en enero del 2018 un grupo de guardacostas irá a Baltimore (Maryland) para capacitarse en el manejo de dos patrulleras de 110 pies, que ellos mismos traerán desde ese país en marzo para reforzar la vigilancia en el Pacífico.
Además, Costa Rica espera recibir el año entrante una partida directa del presupuesto de Estados Unidos por $30 millones (unos ¢16.500 millones) para la lucha antinarco.
Por su parte, la Dirección de Vigilancia Aérea ya tiene en uso dos aviones donados por el Gobierno de China. También se recibieron botas, uniformes, radios, chalecos y vehículos valorados en $5 millones.
Además, la nación asiática donó la nueva Escuela Nacional de Policía en Pococí, Limón. Este complejo, valorado en $50 millones y que se abrirá en agosto, duplicará la capacidad de Costa Rica para formar oficiales.
Por otra parte, el radar que funcionaba en la torre de control del aeropuerto Juan Santamaría será instalado, antes de que acabe el año, en Limón para controlar aviones y lanchas en las que los narcos intentan traer drogas desde Jamaica e islas Caimán.