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Los multimillonarios decomisos de cocaína que asestan nuestros cuerpos policiales contra las estructuras del narcotráfico implican costos en transporte, cadena de custodia y destrucción de la droga que impactan los presupuestos de los cuerpos antidrogas.
Únicamente por quemarla, cada tonelada de cocaína que se destruye tiene un costo de ¢1 millón. Este año ese dinero lo aportó en los primeros meses el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y desde el segundo semestre sale del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Una empresa privada alquila los hornos a las autoridades judiciales, pero como condición exige que el proceso esté completamente a cargo de los funcionarios del Poder Judicial.
La idea es evitar acciones como la ocurrida en diciembre del 2009, cuando trabajadores de una empresa cementera en Cartago simularon haber quemado 20 kilos de cocaína, como parte de una destrucción de 4.300 kilos, pero los 20 paquetes de un kilo fueron sustraídos ya que nunca cayeron al horno. A los cinco empleados se les condenó a penas entre seis y siete años de cárcel.
Michael Soto Rojas, jefe de Planes y Operaciones del OIJ, indicó que luego de ese incidente se instaló en el complejo forense de San Joaquín de Flores un incinerador pequeño donado por la empresa Holcim, pero el Ministerio de Salud hizo pruebas de contaminación y verificó que se excedieron los índices aceptados y hubo que suspender su uso en grandes quemas.
La remodelación de ese horno para ajustarlo a los requerimientos del Ministerio de Salud costaba ¢50 millones, por lo que se desistió de hacerlo, ya que, además del alto coso, no había garantía de que cumpliera los estándares.
A raíz de lo anterior, en el 2013 se llevaron a Miami, Estados Unidos, 24 toneladas de cocaína, pero el proceso también era muy engorroso y caro. Hubo que alquilar camiones, pagar tiquetes de funcionarios y alquilar tarimas para el embalaje de la cocaína que fue llevada a Miami por un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Este año se decidió volver a destruir la droga en nuestro territorio, por lo que la empresa que alquila el servicio capacitó a funcionarios del OIJ, para evitar que personas ajenas participen en la destrucción de la cocaína.
Los agentes fueron instruidos en aspectos como normas de seguridad, uso de vestimenta especial, zapatos con puntas de acero, cascos fosforecentes y demás cuidados que se deben tener al depositar la droga en los hornos.
En lo que va del 2014 se han quemado casi 27 toneladas de droga en once sesiones, lo que ha costado ¢27 millones. Esta semana se quemarán otros 2.236 kilos.
Meticulosa vigilancia. A cada sesión asiste un regente químico, representantes del ICD, personeros del OIJ y un juez. A ello se suman unos 50 oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica y de la Fuerza Pública que custodian la droga desde que sale de las bodegas hasta que llegan al horno donde son quemadas a temperaturas de más de 2.000 grados Celsuis.
En el proceso también se queman los empaques para no dejar residuo alguno de la cocaína.
Cada vez que se decomisa cocaína, marihuana o heroína un juez llega al sitio del hallazgo donde se cuenta, se alista y se etiqueta para trasladarla hasta una bodega, donde es almacenada.
Luego se fija fecha para una comprobación aleatoria de la pureza de esa droga, lo cual es coordinado con un juez que constata el tipo de droga y la cantidad por destruir. Posteriormente, el jefe de la bodega es autorizado para coordinar la fecha y operativo de destrucción.
El día de la incineración se monta un operativo amplio con una caravana que cuida el cargamento de principio a fin del recorrido.
La Policía cuida los principales cruces de carretera, así como el lugar donde se desalmacena la droga, ya que cada kilo de cocaína en nuestro país está valorado en unos $7.000.
Según explicó Michael Soto, el proceso es filmado de principio a fin y dependiendo de la cantidad puede durar hasta ocho horas.
Las autoridades no descartan que a futuro se pueda comprar un incinerador especial que se fabrica en Francia para quemar droga, cuyo costo ronda los 300.000 euros. A eso hay que sumarle el traslado del aparato, el desalmacenaje y la obra gris que requiere.
Costa Rica es el segundo país del área con mayores decomisos de droga, solo superado por Panamá.
Además de la cocaína, también se quema la marihuana comprimida y eventualmente la heroína, droga que se decomisa en pocas cantidades.
Quemas pequeñas. El horno pequeño de San Joaquín de Flores se usa para quemar las dosis de crack, puchos de marihuana y picadura de esa droga que decomisan los cuerpos policiales del país y que en ocasiones llegan a superar los 30 kilos por año.
También se destruyen, delante de un juez, drogas como pseudoefedrinas, éxtasis, marihuana sintética y pequeñas dosis de heroína que decomisan las autoridades.
