Narco en Costa Rica: cómo los minicárteles han multiplicado el crimen y los homicidios

Para el costarricense informado ya son conocidos nombres de grupos delincuenciales como Los Lara, o Los Gery, y de reconocidos delincuentes como Manzanita, Pollo, Pancho Villa, Tonny Peña Russell y Alejandro Arias, alias Diablo, responsables de una escalada de crímenes y muerte que deja 1.785 asesinatos en dos años, los más violentos en la historia de Costa Rica.

Tania Molina, criminóloga, sostiene que el país está desbordado por este tipo de delincuencia. Para ella existe una especie de franquicias del crimen transnacional instaladas en el país para introducir cocaína, almacenarla y luego exportarla a Estados Unidos, Europa y Asia.

La semilla de muchos de esos minicárteles criollos se remonta a la década de 1990, cuando había una fuerte influencia de narcotraficantes colombianos que llegaban al país para redireccionar y gestionar los cargamentos, aunque estos no eran tan significativos. Uno de ellos fue Héctor Martínez Quinto, un guerrillero de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, que durante seis años vivió en el Cocal de Puntarenas para reclutar pescadores de lanchas semiindustriales. Aún hoy, muchos trabajadores del mar continúan transportando droga, como ocurrió el 28 de enero pasado, cuando ocho de ellos fueron detenidos en El Salvador con un cargamento valorado en $39 millones.

Para el año 2000, los cárteles mexicanos comenzaron a expandirse en la región. El OIJ realizó detenciones de integrantes de grupos como los de Guadalajara, Sinaloa, el Cártel del Golfo y el del Señor de los Cielos. En ese contexto, fue arrestado en el país el mexicano Juan Manuel García Hernández, El Güero, quien tenía vínculos con Ignacio “Nacho” Coronel, otro lord del narco, según rememoró el subdirector del OIJ, Michael Soto.

Escuela de minicárteles criollos comenzó con El Indio

En esa época, la actividad criminal de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias El Indio, permitió a las fuerzas policiales descubrir cómo se podía formar un minicártel local. Zamora tenía dominio de la venta de drogas en barrios del sur, como Alajuelita, Aserrí y Desamparados, además del casco central de San José.

Su captura en 2012 y la posterior condena a 70 años de prisión, el 3 de febrero de 2015, fueron acontecimientos relevantes. Sin embargo, su estructura dejó una escuela criminal que consolidó un nuevo modelo para controlar las ventas de drogas en búnkeres locales, mediante una organización con sicarios a su servicio con armas de alto poder. Bajo su liderazgo, se registró una ola de homicidios, y el grupo incluso incursionó en la exportación de drogas a Centroamérica, algo poco común en el narcotráfico local hasta entonces.

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Nacido en León, Nicaragua, y nacionalizado costarricense, Zamora construyó una estructura delictiva que sorprendió a las autoridades. Cada búnker en San José le generaba ganancias exorbitantes.

Con el tiempo, la violencia escaló y surgieron nuevas bandas, como la de Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, condenado a 20 años de prisión el viernes pasado por narcotráfico, También se le acusaba por ordenar el asesinato de un hermano de El Indio, pero se le absolvió por dudas. A su banda se le atribuye el asesinato de su rival Erwin Alejandro Guido Toruño, conocido como Gringo. Su cuerpo, hallado el 16 de diciembre de 2017 con signos de tortura y 136 puñaladas, solo pudo ser identificado por sus tatuajes. El cadáver quedó abandonado junto al puente del Bajo Los Ledezma, en La Uruca.

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Según Michael Soto, no todas las estructuras delictivas que operan en el país son iguales. Existen clanes familiares que cumplen con la estructura del crimen organizado, pero con pocos integrantes, mientras que otros grupos reclutan a decenas y decenas de personas.

Por lo anterior, las estimaciones sobre la cantidad de estas organizaciones varían. Sin embargo, se calcula que hay alrededor de 300 pequeñas y entre 30 y 40 que operan como minicárteles locales.

Si se clasifican según su actividad, surgen diferencias adicionales. Algunos grupos buscan dominar territorios, mientras que otros controlan rutas del narcotráfico. Además, existen organizaciones transnacionales con alianzas con cárteles sudamericanos y clanes europeos, así como grupos locales que también han alcanzado altos niveles de operación.

Actualmente, continúan operando clanes de origen colombiano y mexicano, pero también hay costarricenses que ofrecen servicios de subcontratación o outsourcing para organizaciones extranjeras. Su labor incluye el suministro de combustible a embarcaciones en ruta hacia Estados Unidos o la coordinación de envíos de droga a ese país mediante camiones, avionetas o lanchas. También reciben droga, la almacenan y la envian a Europa en contenedores.

Soto dice que, en ciertas ocasiones, narcotraficantes colombianos llegan temporalmente al país o se instalan de manera discreta para ofrecer servicios de recepción y almacenamiento de estupefacientes, sin pertenecer a una organización específica.

Sin embargo, estos extranjeros son minoría y suelen trabajar con costarricenses para evitar llamar la atención. Los minicárteles cuentan con lancheros experimentados en el transporte de droga, propiedades que cambian constantemente, vehículos y contactos dentro de las fuerzas policiales, lo que les permite movilizarse con facilidad por las carreteras.

La droga como moneda de cambio

Tania Molina dijo que esos grupos también importan marihuana y cocaína para el mercado nacional y, en muchos casos, pagan a sus colaboradores con droga. Esta práctica inunda de estupefacientes el mercado nacional e intensifica las disputas y enfrentamientos armados. Además, contrario a lo que ha manifestado el Ejecutivo, no todas las víctimas de esta guerra son criminales.

En los últimos dos años también se registra el mayor salto en el número de muertes de personas que nada tienen que ver con la delincuencia. Pasaron de 18 en el 2022, a 53 en el 2023 y 54 el año pasado, es decir el triple. En promedio, cada semana hubo una víctima colateral, tendencia que se mantiene en el inicio de este año.

En el periodo 2014 y el 2018, la provincia de San José sobrepasaba los 200 homicidios anuales, alcanzando en el 2015 un récord de 257. Luego, entre el 2019 y el 2022 hubo una reducción significativa, pero la violencia resurgió desde el 2023, con más de 200 homicidios. El año pasado la cifra se acercó nuevamente al récord, pues cerró con 250.

Alajuela lleva tres años superando los 100 homicidios anuales, cifra que nunca había registrado antes del 2022. Cartago saltó de 43 asesinatos en el 2022 a 72 en 2023 y 75 el año pasado, estableciendo así un nuevo récord para la provincia, muchos de ellos en Turrialba. En la GAM, solamente Heredia mantiene aún números aceptables, pues en la última década nunca ha superado los 50 homicidios anuales, salvo en el 2021, con 55, la mayoría de ellos en Sarapiquí y en el cantón central.

Un estudio de los investigadores Sebastián Saborío y Leonardo Astorga, publicado en la revista Diálogos, de la Universidad de Costa Rica en el 2022, señala cómo ha evolucionado la criminalidad desde años atrás. Dice que en Pavas las disputas ocurrían entre pandillas, mientras que ahora involucran grupos organizados, con acceso a fusiles y métodos como el sicariato y la tortura.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó recientemente que se han encontrado cuerpos con más de 100 impactos de bala en la cabeza.

Las organizaciones criminales cuentan con más de 4.000 miembros, según el último informe del Estado de la Nación. Operan en la GAM, pero también en regiones remotas como Talamanca, Corredores, Ojochal de Osa, Cóbano, Sámara y Carrillo de Guanacaste, lugares a los que suelen llegar cargamentos de droga por vía marítima y aérea.

Ya no solo trafican droga y lavan dinero comprando bienes. También legitiman infiltrándose en contratos de obra pública y en la gestión de préstamos ilegales. Entre el 2019 y el 2023, el OIJ recibió 1,846 denuncias relacionadas con esos préstamos conocidos como gota a gota, los cuales permiten insertar en la economía dineros de procedencia ilegal, con el agravante de quienes acceden a ellos pagan tasas de usura y afrontan amenazas y hasta la muerte si incumplen los plazos.

Desde la cárcel se manejan estructuras y se ordenan muertes

Uno de los mayores desafíos en el combate contra las bandas criminales es la facilidad con la que varios cabecillas continúan liderando sus organizaciones desde los centros penales e incluso ordenan homicidios. El Reporte de Situación generado por el OIJ el año pasado insiste en inhibidores de señal celular en las cárceles.

Tania Molina comparó la prisión para estos líderes con un “vientre materno”, ya que gozan de comodidad y mantienen su influencia criminal. Por ello, advirtió sobre la necesidad de replantear el sistema penitenciario, pues actualmente los reclusos tienen acceso a celulares, chips, listados de víctimas y drogas, facilitando estafas y otros delitos.

Se les captura, se les encarcela y se les aparta de la sociedad, pero continúan delinquiendo. Molina enfatizó que, sin llegar a extremos como el modelo carcelario de El Salvador, es urgente implementar medidas que bloqueen la señal de celulares en las prisiones y sancionen con rigor a funcionarios o visitantes que faciliten el ingreso de drogas y dispositivos electrónicos.

“Es necesario un sistema con los recursos técnicos adecuados para interrumpir la dinámica criminal en las cárceles y garantizar que los reos no sigan cometiendo delitos desde prisión. En la actualidad, solo se les priva de libertad, pero su actividad delictiva persiste”, enfatizó.

Molina también instó a reforzar la cooperación internacional para combatir las mafias de Albania, Italia, Turquía y otros países, que han extendido su influencia en América Latina.

Finalmente, insistió en que la desigualdad social es un factor clave en la proliferación del crimen, ya que muchos cantones presentan un índice de desarrollo humano extremadamente bajo.