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Las estructuras demolidas este martes en Moín, que aparentemente eran utilizadas por el crimen organizado para guardar droga, operaron por meses o incluso años a escasos 500 metros de la estación de Guardacostas de Limón. De hecho, ambos terrenos están conectados por un canal de agua que da al mar y que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es utilizado por embarcaciones para navegar sin ningún control.
En las imágenes de los operativos se muestra que en las propiedades había numerosas lanchas con motores de alta gama y varias “pichingas” de gasolina, aunque sin ningún tipo de equipo de pesca. Algunas estaban a medio construir, por lo que las autoridades presumen que se fabricaban clandestinamente en estos lugares.
Aunque a los dueños de las estructuras se les investiga por los delitos de usurpación de bienes de dominio público e invasión al área de protección, el ministro de Seguridad, Jorge Torres, dijo que las casas pertenecen al crimen organizado y solo son utilizadas para guardar droga producto del tráfico internacional. De hecho, en los videos de las demoliciones no se observa que haya muebles, camas u otro tipo de pertenencias dentro.
De acuerdo con la dirección exacta suministrada por Seguridad Pública, los sitios se ubican a 600 metros de la Escuela de Moín, en una franja de terrenos que está a menos de 500 metros del muelle donde salen todas las embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas de Limón y a un kilómetro de APM Terminals.
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La vicealcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, evitó responder si la Municipalidad tenía conocimiento de que estas estructuras eran utilizadas para ocultar droga, pero confirmó que el proceso para demolerlas se tardó bastante, ya que una de las órdenes de desalojo se había dado hace tres años y otra hace una década.
“Son dos órdenes de desalojo, la primera corresponde a la zona de Lirios y la zona de Cieneguita, que esa tiene ya un decenio de existir, y la segunda es de Moín que se está ejecutando al mismo tiempo y estaba desde el 2020. Desconozco realmente cuales serán los motivos por los cuales han esperado tanto (para demolerlas), porque yo no estaba en la Municipalidad en ese tiempo”, declaró la jerarca a La Nación.
Matarrita contó que recibió amenazas de muerte y tuvo que ingresar a un programa de protección por firmar estos desalojos, ya que a ella le tocó hacerlo cuando estaba como alcaldesa en ejercicio debido a que el alcalde Nestor Mattis se encontraba suspendido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Caso relacionado
El Ministerio de Seguridad confirmó que una de las lanchas que estaba en las casas demolidas fue fabricada por el conocido empresario limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, quien figuró como implicado en un sonado caso por usurpación de bienes de dominio público que se abrió en 2015.
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Por ese proceso, el Tribunal Penal de Juicio de Limón ordenó demoler un enclave portuario construido de manera ilegal en la bahía de Portete, Limón. Al final, Bell y otros seis imputados fueron sobreseídos en junio del 2019 por prescripción de la acción penal.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea revirtió la sentencia en abril del 2022 y ordenó un nuevo juicio, sin fecha conocida, para que los interesados puedan acudir a reclamar aquellas propiedades sobre las cuales consideren que existe un derecho legítimo.
Este martes, un total de 200 agentes del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José y la Fiscalía Adjunta de Limón participaron de las demoliciones de las estructuras donde se encontraba la lancha de Macho Coca y muchas más. A las 10:30 a. m. la Policía envió la fotografía de una casa de dos pisos con muro y portón eléctrico que ya se encontraba hecha pedazos.
Las autoridades investigan a nueve sospechosos de apellidos González Cabezas, Ocampo Bustos, González Ocampo, Bravo Rodríguez, Lazo Suazo, Viales Lopez, Mora Segura, Godinez Walcott y González Martinez. De acuerdo con la Fiscalía, las viviendas demolidas infringían la ley de zona marítimo terrestre o fueron construidas en propiedades del Estado, específicamente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Entre lo derruido había estructuras de dos pisos que pudieron funcionar como casas de habitación en algún momento, incluso una de ellas con piscina. La municipalidad local no aclaró si esas propiedades se hicieron con permisos del ayuntamiento, aunque están en una zona propiedad del Estado.
