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Turistas extranjeros que denunciaron hace unos años el robo de sus pasaportes, figuran ahora como compradores o vendedores de carros o fincas, a miembros de un opulento grupo narco desarticulado el pasado martes 25 de mayo.
Aunque inicialmente la Policía los identificaba como personas que prestaron su nombre (testaferros) para los contratos o negocios de la organización, luego de varios análisis concluyeron que algunos podrían ser considerados como víctimas.
El dato está consignado en documentos de la investigación desarrollada durante más de dos años por agentes de la Sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Además, está incluido dentro del expediente 18-00092-1219-PE, que tramita la causa contra este grupo por los delitos de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.
En total se cita a 11 personas como testaferros (sólo prestaron su nombre y no desempeñaron otra labor en el grupo) y son independientes de los 23 detenidos.
Para los investigadores la consignación de los nombres de los extranjeros, entre los que hay peruanos, argentinos, estadounidenses y japoneses y de quienes se desconoce su paradero, fue factible con la presunta complicidad de tres notarios (que forma parte de los 23 detenidos), que consignaron datos falsos en los documentos registrales.
Víctimas de robo
En las pesquisas judiciales se menciona el caso de un venezolano-estadounidense de apellido Briceño, de 36 años, que registró una vista al país en abril del 2016.
Este turista acudió el 9 de abril de ese año a las oficinas del OIJ para denunciar que luego de salir del aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, y conducir unos kilómetros por la carretera Bernardo Soto, se le desinfló un neumático. Un individuo que se ofreció a ayudarle le sustrajo un bolso en el cual tenía su pasaporte, que era estadounidense, y el de su novia de apellido Barrantes.
La pareja abandonó el país el 13 de abril del 2016 y desde ese momento no registra ningún nuevo movimiento migratorio en el país.
Empero, Briceño aparece nombrado el 15 de marzo del 2019 y el 13 de junio del 2019, respectivamente, como gerente, con la representación judicial y extrajudicial, en dos sociedades que bajo su supuesto dominio compran ese mismo año propiedades en Curridabat (valorada en ¢79 millones), dos más en Limón (precio se estima en ¢5 millones las dos), una en Escazú (de $20.000) y otra más en Escazú ( de $460.000).
Los investigadores determinaron que dichos trámites fueron ejecutados por una notaria de apellidos Aguilar Ulloa, quien en los trámites dio fe pública que Briceño estuvo presente en los actos de compra-venta.
Otro caso reseñado en las pesquisas es el de una ciudadana japonesa de apellido Hara. Esta mujer, de 43 años, ingresó con otros miembros de su familia para disfrutar de Costa Rica en diciembre del 2018.
El 27 de diciembre del 2018 estacionaron el vehículo en el cual viajaban en las cercanías del puente sobre el río Tárcoles, en Garabito, Puntarenas, para observar los lagartos. Sin embargo, les tacharon el carro y les robaron los pasaportes, según denuncia que presentaron en el delegación del OIJ de Garabito. Pocos días después la familia salió del país y hasta el momento la señora Hara no ha regresado.
No obstante, en escrituras aparece que ella compró el 20 de enero del 2020 un vehículo Toyota Hilux, modelo 2018 en ¢14 millones, el cual vendió el 20 de agosto a un hombre de apellido Rosas.
Ese carro fue observado por agentes del OIJ cuando realizaba diversas diligencias para el grupo criminal y regularmente era conducido por un hombre de apellido Picado, que es uno de los detenidos en este proceso.
“Este caso deja en evidencia que existió una ideación criminal que ha sido reiterativa en cuanto al uso de terceras personas como testaferros. En este caso puntual, la femenina Hara se trata de una víctima colateral, a quien ajena a su conocimiento, le fue utilizada su identidad con el ánimo de registrar un bien utilizado por una agrupación criminal”, señala la documentación judicial.
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Diversas intervenciones telefónicas practicadas a los miembros de la organización dejaron en evidencia que el líder del grupo, un hombre de apellidos James Wilson, “estaba incómodo” porque muchas de las propiedades estaban a nombre de “pasaportes o personas que no existen”.
Por esa razón, el 11 de marzo del 2021 el grupo crea una sociedad, cuya representación judicial la ostenta una mujer de apellido Blake, vecina de Bribri en Talamanca, Limón, y que tiene algún grado de familiaridad con el cabecilla del grupo.
La dirección de esa sociedad está ubicada en el mismo edificio que ocupa la Urbanizadora Acre de Heredia, que es citada por autoridades como otra sociedad presuntamente utilizada para el lavado de dinero.
Blake durante el mes de marzo asumió el control de cinco propiedades, determinaron las autoridades judiciales.
