EscucharUna banda pagaba ¢35.000 a mujeres por cada ingreso al Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, para que estas metieran marihuana, cocaína, crack y ketamina a esa cárcel.
Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este martes por la mañana, luego de 13 allanamientos realizados en distintas partes del país como Purral e Ipís de Goicoechea, Garabito de León XIII, en Tibás; La Aurora de Alajuelita, Guararí de Heredia, Llano Azul de Upala, Fray Casiano de Puntarenas y La Reforma.
En la diligencia las autoridades detuvieron a 11 personas: un hombre que salió de la cárcel en febrero del 2016, un oficial de la Policía Penitenciaria y nueve mujeres, una de ellas de 71 años.
Además, se vinculó a cuatro privados de libertad con la organización, por lo que las celdas en las que se encuentran también fueron intervenidas por los agentes judiciales.
Michael Soto, subdirector a. i. del OIJ, manifestó que la agrupación tenía tres líderes, un exrecluso apellidado Requenes Ocón, quien se encargaba de toda la logística de la organización, y dos reos de apellidos Alvarado Masís y Quirós Lara, responsables de la comercialización de droga dentro de la cárcel.
"Requenes, de 49 años y con antecedentes por secuestro extorsivo, conseguía la droga, hacía los tacos de esta y reclutaba a las personas para la introducción de estupefacientes a la cárcel. Él estuvo privado de libertad en La Reforma y probablemente de ahí surge el contacto interno con otros sujetos”, detalló Soto.
El jerarca policial detalló que Alvarado Masís y Quirós Lara contaban con el apoyo de dos presos más, identificados con los apellidos Omares Dávila y Alvarado Gutiérrez, para operar en los ámbitos de mínima seguridad A y B.
Soto precisó que la investigación realizada desde abril del 2017 les permitió determinar que, de las nueve mujeres, al menos dos de ellas eran familiares de los sujetos que están en la cárcel, e interactuaban constantemente con la organización para recibir el pago económico por introducir la droga al centro penal.
"Un taco de droga puede tener un valor en el mercado externo de ¢350.000 y la ganancia para las personas que lo introducían era de un 10%, es decir unos ¢35.000. Sin embargo, dentro de la cárcel la droga adquiere un precio mayor, por las limitaciones que hay, entonces para la organización la ganancia se duplica”, explicó el subdirector a. i. de la Policía Judicial.
Soto dijo que por semana las nueve mujeres ingresaban entre dos y tres veces cada una, así que las ganancias del grupo eran bastante lucrativas.
Las mujeres reclutadas por el grupo eran movilizadas en un vehículo que fue decomisado en los allanamientos. Cuando las contactaron, no tenían antecedentes, ya que el objetivo era que las autoridades penitenciarias no sospecharan de ellas. No obstante, conforme avanzó la pesquisa, algunas de ellas empezaron a sumar hechos delictivos en sus expedientes.
"Son femeninas que impulsadas por necesidad o por un hecho familiar entregan al grupo la droga, para que ellos repartan las dosis a quien les pidió la droga en los módulos", afirmó Soto.
Apoyo policial para evadir requisas
Tanto el OIJ como la Fiscalía General de la República manifestaron que el policía penitenciario relacionado con el caso, de apellidos Arias Matamoros, se encargaba de facilitar el ingreso de las mujeres al centro penal y, además, alertaba sobre requisas para que los sujetos escondieran la droga.
"El policía facilitaba el ingreso de las mujeres al centro penitenciario para que llegaran hasta el lugar donde debían entregar la droga y además avisaba a los líderes que estaban dentro del centro penitenciario de cuándo se iban a realizar requisas para efectos de que escondieran la droga”, aseguró la fiscala general, Emilia Navas.
Michael Soto contó que como parte de las labores previas a la desarticulación de la banda, realizaron seis decomisos, lo cual les permitió detectar tacos de crack, marihuana y cocaína.
En la diligencia de este martes los agentes judiciales decomisaron dos pistolas nueve milímetros, un fusil de asalto AR-15, 220 gramos de cocaína en base, una libra de marihuana, 15 frascos de ketamina, 115 piedras de crack, un vehículo, una motocicleta que fue robada el año pasado y ¢7 millones en efectivo.
Asimismo, las autoridades incautaron las prensas con la que Requenes hacía los tacos de droga antes de entregarlos a las mujeres.
Las detenidas por la Policía son:
- Cordero Ramírez: Tiene 32 años, es esposa de un privado de libertad y cuenta con antecedentes por robo y drogas.
- Calderón Araya: Tiene 34 años y cuenta con expediente por drogas.
- Lara Matamoros: Tiene 71 años y es madre de uno de los presos.
- Zúñiga Molina: Tiene 30 años y presenta antecedentes por drogas y robo.
- Sandí Ureña: Tiene 49 años y registra antecedentes por drogas.
- Rodríguez Corea: Tiene 26 años y cuenta con antecedentes por drogas.
- Delgado Mena: Tiene 40 años y registra antecedentes por drogas.
- Rivera Suárez: Tiene 28 años y tiene antecedentes por drogas.
- González Buzano: Tiene 31 años y cuenta con expediente por drogas.
