EscucharEs una escena atípica en Costa Rica: tres oficiales encapuchados y un representante de los policías denunciaron que el Ministerio de Seguridad Pública debilitó la vigilancia en los puntos de ingreso y salida de país, al sacar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de aeropuertos, muelles y fronteras.
Frente a cámaras y micrófonos de prensa, los oficiales cuestionaron el pasado 14 de setiembre que el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, encargara a la Policía de Fronteras y la Sección de Vigilancia Aérea el control, decomiso y detenciones por tráfico de drogas.
La decisión, divulgada ese mismo día, es contraria a lo establecido en el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública.
El artículo 202 de esa normativa indica que la PCD tiene a cargo las “operaciones permanentes de control preventivo” en fronteras, costas, puertos y aeropuertos “para impedir el ingreso o salida de drogas ilegales”, la legitimación de capitales y actividades conexas.
Los oficiales, quienes se protegieron con pasamontañas para no afectar las tareas policiales que realizan, señalaron que los cuerpos asignados ahora al control de drogas no tienen experiencia, capacitación ni los equipos necesarios para detectar el paso de sustancias ilícitas.
Por ejemplo, dos agentes de Vigilancia Aérea cuestionaron que se les redirecciona a la Terminal de Contenedores de Moín, debilitando su presencia en aeropuertos y sin las herramientas o los reactivos para distinguir cuándo una sustancia es un estupefaciente.
“No tenemos preparación para lo que se nos está encomendando; nosotros buscamos armas, no drogas. No tenemos los equipos, tampoco tenemos conocimiento de cómo hacer una cadena de custodia, para eso llamamos a la PCD”, aseguró uno de los oficiales.
Por su parte, Jonathan Flores Mata, representante sindical del Ministerio de Seguridad, manifestó que las autoridades saben que, desde hace años, Costa Rica dejó de ser una ruta de paso para tráfico de drogas y que se convirtió en una base de operaciones para las organizaciones criminales.
Señaló que estas estructuras utilizan el territorio nacional para adquirir combustible, armas, embodegar sustancias ilegales, reclutar miembros y exportar directamente desde aquí hacia puertos en Europa.
“Tenemos un problema regional tan grave y cómo es que en lugar de fortalecer los puntos de ingreso y salida del país, más bien estamos sacando a la Policía creada por ley, con las capacitaciones y la experiencia para abordar este tipo de temas”, cuestionó Flores.
Al respecto, otro oficial encubierto manifestó durante la conferencia preocupación y serias reservas por la medida. “Esto ocurre por dos razones, porque desconocen el tema de seguridad, no tienen experiencia o porque están favoreciendo a alguien más”, aseveró.
Reforzar investigación
Frente a los cuestionamientos lanzados por los oficiales, el principal argumento de Seguridad Pública es que al asignar el rol de la PCD a otros cuerpos policiales, los oficiales antidrogas podrán concentrarse en investigar y judicializar los casos.
Mario Zamora, titular de esa cartera, manifestó ayer ante una consulta de La Nación que la medida pretende “que las policías de investigación, investiguen y las policías de vigilancia, vigilen”.
“Manuel Jimenez, el viceministro de Unidades Especiales está a cargo de ese proceso. En síntesis, pretendemos equiparar en términos funcionales a nuestras policías al modelo del CBP estadounidense (Control Border Patrol)”, explicó.
Zamora alegó que el modelo anterior de operación no ha sido exitoso, pues bajo ese sistema el país se transformó en el primer reexportador de cocaína del mundo. Ante esa afirmación, se le consultó la fuente para sustentarla, pero no respondió los mensajes al cierre de esta información.
El choque entre uniformados y las autoridades ocurre en medio de recortes presupuestarios para el combate contra las drogas. Según datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto de la PCD para el 2023 es el más bajo de los últimos tres años.
En 2021, dicho cuerpo policial recibió ¢6.977 millones, en 2022 la cifra subió a ¢7.383 millones pero para el presente año se redujo a ¢6.903 millones,.
Por otra parte, el país enfrenta este año una ola de homicidios sin precedentes. Hasta el pasado 1.° de setiembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró un total de 602 crímenes, lo cual equivale a un hecho de sangre cada 10 horas.
Las autoridades judiciales han señalado que uno de los factores que explica ese fenómeno es la violencia entre bandas dedicadas al narcotráfico.
Hasta el momento, abril y agosto han sido los meses más violentos con 87 y 84 asesinatos, respectivamente. El OIJ proyecta que el 2023 cerrará con 931 homicidios, una cifra superior a los 865 proyectados meses atrás y que convertiría en la cifra más alta desde que se llevan registros.
Sin consulta
José Villalobos Steller, director jurídico del MSP, aseguró ayer que no fue consultado por el ministro Zamora o el viceministro Jiménez para realizar los cambios de roles en la PCD.
“Yo, como asesor jurídico, específicamente sobre esa situación no me he pronunciado. Es más, no sé las razones que se tienen para sacar a la Policía de Control de Drogas de esos lugares, pero una consulta sobre si es jurídicamente viable hacer eso, no se me ha hecho”, subrayó Villalobos.
El funcionario agregó que cualquier cuerpo policial del país tiene potestad legal para decomisar drogas, pero enfatizó que se debe valorar la capacitación de cada unidad para ese tipo de tareas.
Uno de los principales argumentos de los oficiales encapuchados es que, en los puestos fronterizos, aeropuertos y puertos, se obtiene información importante, a partir de los decomisos, para investigar y desarticular organizaciones de narcotraficantes.
En la actualidad, según datos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la PCD cuenta con 125 oficiales y tiene más de 161 plazas vacantes.
Los oficiales denunciaron que el proceso de reclutamiento, que era de dos meses, ahora se centralizó en el Ministerio de Seguridad y los plazos se dispararon hasta dos años.
La Nación intentó conversar ayer con Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular. Madden, criminólogo de 55 años, ocupa ese puesto desde mayo de 2022.
