La opulencia de un grupo narco, caracterizado por negociar de manera directa la cocaína que trasegaba, los llevó a comprar valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta un motel.

Se estima que en los últimos años la organización invirtió al menos $20 millones en adquirir diversos bienes muebles e inmuebles en diferentes partes de Costa Rica, las más lujosas en Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón.

Este martes, casi tres años después de iniciar una investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público desplegaron 40 allanamientos que permitieron detener a 23 presuntos miembros de la banda, entre ellos los cabecillas y cuatro investigadores judiciales.

Durante las diligencias se decomisaron ¢1.500 millones en efectivo, entre dólares y colones, informó la Policía Judicial al final de la tarde.

También se incautaron carros, armas de fuego, municiones, computadoras, teléfonos celulares y artículos de línea blanca.

Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, detalló que, al parecer, el grupo era liderado por un sujeto de apellidos James Wilson, de 48 años, y otro apellidado Cartín Ceba, de 43.

De acuerdo con el jefe policial, esta banda operaba como una empresa, debido a que contaba con un área legal, otra encargada de la legitimación de capitales, una más que realizaba labores logísticas y una cuarta que obtenía información de funcionarios públicos para reclutarlos como aliados.

Según Espinoza, esa estructura hizo que el grupo operara casi de “manera perfecta”, ya que cada uno de los movimientos era previamente planificado.

“En los últimos meses este grupo adquirió un motel ubicado en la provincia de Alajuela que tuvo un costo de $8 millones, la mayor parte de ese monto fue pagado con dinero en efectivo de acuerdo con las investigaciones. Además, han adquirido inmuebles en Escazú que superan cada uno de ellos los $2 millones, tienen apartamentos y en Limón adquirieron Beitos Place, que es una extensión de terrenos impresionante donde se pretende hacer un condominio.

“Por otra parte, en Santa Bárbara, Heredia, adquirieron una propiedad con aproximadamente 10 hectáreas de extensión y que en su interior tiene construidas varias estructuras que son utilizadas por el grupo criminal para actividades organizativas, pero también para actividades de esparcimiento”, explicó Espinoza.

El jefe policial agregó que la organización también invirtió en una empresa constructora y en el cultivo de arroz como mamparas, ya que, presuntamente, mediante esos negocios filtraban el capital que obtenían, tomando en cuenta que la mayoría del dinero ingresaba a la organización en efectivo.

La investigación también permitió determinar que el grupo reclutó “una gran cantidad” de testaferros que gozaban de la confianza de James Wilson, alias Turesky. La función de estas personas, al parecer, era prestar sus identidades para que los bienes fueran inscritos a su nombre y, posteriormente, trasladadas a sociedades anónimas para que los líderes tuvieran el control sobre los movimientos que se realizaban.

Asimismo, se cree que varios abogados fueron contratados para hacer movimientos registrales, escrituras y para generar pagos.

Particularidades

Espinoza destacó que a diferencia de otros grupos que han desarticulado en el pasado, este tenía la particularidad de que no tenía intermediarios en su proceso de obtención y comercialización de droga.

Indicó que, supuestamente, la organización contaba con emisarios y personas encargadas de coordinar la adquisición y el transporte de cocaína de Colombia a Costa Rica, al tiempo que en el país el mismo grupo se encargaba de toda la logística para enviar la droga a Europa.

Ese hecho, resaltó el jerarca judicial, incrementó las ganancias de la organización y les permitía realizar las ostentosas inversiones.

Por otra parte, Espinoza reconoció que durante las pesquisas se determinó la presunta vinculación de cuatro funcionarios judiciales con la banda narco, por lo que estos también figuran como imputados.

Dos de los funcionarios laboran como investigadores en San José, pero en la actualidad uno de ellos cuenta con un permiso sin goce de salario. Otro es un exagente judicial a quien se le revocó el nombramiento hace dos semanas, mientras que el cuarto es un funcionario del OIJ que ya tiene una revocatoria de nombramiento por parte del Tribunal de la Inspección Judicial que no ha quedado en firme, por lo que sigue laborando para la Policía Judicial en San José.

Uno de esos agentes permanece en fuga, precisó el OIJ.

“A estas cuatro personas les atribuimos brindar datos a la organización, consultar en las bases del OIJ, revisar información que pudiese ser importante para el grupo criminal, verificar el número de placa de vehículos oficiales y adquirir, a lo interno del OIJ, informes sobre indagaciones o investigaciones contra la organización o cualquiera de sus miembros.

“Desde ese punto de vista, ellos aprovechaban su función para ayudar a la organización criminal generando impunidad; sin embargo, nosotros tenemos sistemas de control, de verificación y de evaluación que nos permiten detectar cuando existen circunstancias sospechosas o llamativas y, en este caso particular, teníamos la investigación por narcotráfico y, al mismo tiempo, pudimos establecer relaciones y lazos de comunicación entre estos cuatro sujetos y el grupo criminal”, aseveró Espinoza.

El director del OIJ destacó que esto pone de nuevo en la palestra el tema de la corrupción en el cuerpo policial, pero que reiteró que “bajo ninguna circunstancia” se permitirá que los funcionarios se alejen de los códigos de conducta institucionales.

Reconoció que aunque estos hechos lo llenan de tristeza, angustia y vergüenza, es fundamental saber que contra los funcionarios públicos que no se apeguen a la ley se abrirán los procesos penales y disciplinarios correspondientes.

Golpes previos

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos precisó que los envíos de droga a Europa se realizaban por medio de contenedores que salían desde Moín, Limón.

Añadió que previo a la desarticulación del grupo hecha este martes, hubo tres golpes previos, gracias a la coordinación con las autoridades de otros países.

La primera incautación fue de 3,3 toneladas de cocaína que llegaron a Puerto de Livorno, en Italia, el d de febrero del 2020 en un contenedor que transportaba puré de banano.

El segundo cargamento fue de aproximadamente 1.862 kilos del mismo tipo de droga, el cual llegó a Valencia, España, el 16 de junio del 2020 en un contenedor que llevaba pulpa de piña.

Cuatro meses después, el 15 de octubre anterior, la Policía Municipal de Escazú interceptó en Bello Horizonte un vehículo en el que se encontraron 10 kilos de cocaína. En aquel momento se detuvo como sospechosos a dos sujetos de apellidos Vega Quirós y Picado Marín.

Tras finalizar los allanamientos, que se extendieron hasta horas de la tarde, los sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público con el informe correspondiente para que se defina su situación jurídica.

Después de la toma de la declaración indagatoria, estos serán pasados al Juzgado Penal para la audiencia de solicitud de medidas.

Esta nota fue actualizada con más datos.