EscucharUn total de 80 agentes judiciales se mantendrán activos hasta fin de año en barrios de Alajuelita, Desamparados, Hatillo y Tirrases de Curridabat, en un esfuerzo por mitigar la creciente violencia entre grupos que se disputan territorios para la venta de drogas y que se ha traducido en balaceras y homicidios.
En esta estrategia, en la que también participan la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública, habrá patrullajes constantes, presencia policial activa y un intercambio de información entre los distintos grupos para localizar y capturar a varios objetivos que las autoridades quieren judicializar, según confirmó Erick Lacayo, viceministro de Seguridad.
La Operación Guardián se despliega luego de que la situación en Alajuelita empeorara en las últimas semanas por las pugnas entre cuatro organizaciones criminales: Los Lara, Los Myrie, Los Gemelos y el grupo de Churro Sandí. Solo el fin de semana pasado, ese cantón al sur de San José registró dos personas asesinadas y nueve heridos en balaceras. Ellos no solo quieren dominar territorios en esa zona, sino también en María Reina y la 15 de setiembre, en Hatillo; así como barriadas en Desamparados y Curridabat.
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Según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en dos años los homicidios crecieron un 800% en Alajuelita, pues en los primeros once meses del 2022 solo se registraban 4 asesinatos; en el mismo periodo del 2023 la cifra subió a 19 y en el 2024 ya se registran 36.
“Lo mismo sucede con Desamparados, donde tuvimos 5 homicidios en noviembre de 2022 y actualmente casi 30 homicidios. Esta situación se repite en San José, donde pasamos de 37 a 45 homicidios (2022 vs 2023) y ahora sumamos 82 homicidios en el cantón”, informó Randall Zúñiga, director del OIJ.
De los 760 crímenes de este tipo que se registran en Costa Rica hasta este 12 de noviembre, 204 han ocurrido en San José. En esa provincia, el cantón central de San José y Alajuelita encabezan lideran la estadística con las cifras antes indicadas.
Los Lara, asentados en Alajuelita desde hace 15 años, han establecido una estructura criminal sólida, manejando grandes cantidades de drogas como cocaína, marihuana y crack, con operaciones que abarcan también Sagrada Familia, Cristo Rey y, más recientemente, Santa Ana y Garabito de Puntarenas. Los líderes de este grupo, Julio César y Juan Lara Villanea, actualmente están encarcelados, pero la banda sigue activa en las calles.
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Los Myrie, por su parte, tomaron fuerza el año pasado tras aliarse con lo que queda de la organización de Leonel Mora Núñez, alias “Gordo Leo”, quien fue capturado en 2018. Este grupo tenía hasta 40 puntos de venta y búnkeres en Los Guido y La Capri en Desamparados, generando ingresos que alcanzaban hasta ¢1,5 millones por día. Aunque “Gordo Leo” permanece en prisión, el grupo ha mantenido su influencia en Alajuelita y Hatillo.
El grupo de Churro Sandí, encabezado por el hijo de Esteban Sandí Miranda, alias “Chino Sandí”, ha incursionado agresivamente en el área. “Chino Sandí” fue asesinado en 2021 de un disparo en la cabeza cuando circulaba en su BMW en San Juan de La Unión, Cartago.
Balaceras recientes y aumento en los homicidios
Durante este pasado sábado en Montealto de Concepción, murieron un joven de 18 años, apellidado Solón y otro hombre de apellido Martínez, cuya edad no trascendió. A las 7:10 p. m. ambos estaban en vía pública, cuando otros sujetos se les acercaron y les dispararon en retiradas ocasiones. Producto de la agresión también resultaron heridos dos hombres de apellidos Barrantes (29 años) y Ledezma (20).
A la noche siguiente, en San Felipe, hombres armados dispararon desde un vehículo contra otro grupo que estaba en vía pública. Producto de los impactos, seis hombres y una mujer resultaron heridos. Los afectados fueron identificados con los apellidos Contreras, de 38 años; Valladares, sin edad especificada; Solano, de 30 años; Valencia, de 30 años; Obando, de 34 años; Alvarado, de 31 años, y una mujer de apellido Sánchez, de 44 años.
Uno de los incidentes más violentos ocurrió el 22 de agosto en Río Azul de La Unión, cuando cinco hombres armados, uno de ellos portando un fusil, llegaron en un vehículo y abrieron fuego durante la madrugada en la calle Laurel de Lindavista, causando la muerte de Johan Alonso Varela Morales, de 32 años, Josefa Dolores Solís Chaves, de 23 y de origen nicaragüense y otro hombre que no fue identificado en aquel momento.
El 10 de octubre, un comando irrumpió en una casa de la calle Lisanias, en Río Azul, y asesinó a un joven de 18 años, de apellido Vargas, en su propia habitación. La vivienda era conocida por actividades relacionadas con la venta de drogas, según informó Joaquín Pérez, subdirector regional de la Fuerza Pública en Cartago.
