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El OIJ y la Fiscalía detuvieron a 24 personas como sospechosas de integrar una banda que robaba autos de lujo y simulaba su importación para venderlos “legalmente” en distintos lugares del país.
La organización está integrada por pequeños empresarios dedicados a la importación y venta de vehículos usados, particulares y un aforador del Ministerio de Hacienda, entre otros.
El grupo ganó más de ¢1.500 millones en año y medio de ilegales operaciones, según la Policía.
Voceros policiales aseguraron que se trata de una de las bandas criminales mejor organizadas y complejas a las que se han enfrentado.
El grupo se apoderaba especialmente de autos Mitsubishi Montero, Four Runner, pick-up tipo Frontier y Toyota Prado, todos de modelos recientes, según la Unidad de Robo de Vehículos del OIJ.
Luego, con equipos de alta tecnología aún no localizados por la Policía, alteraban los números del motor y del chasís, cambiándolos por numeraciones de vehículos que circulaban legalmente en Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros países.
Las modificaciones eran “tan buenas” que no podían ser detectadas por la empresa Riteve SyC, donde usualmente las localizan y alertan a las autoridades judiciales.
Incluso, dos grandes y conocidas compañías capitalinas, dedicadas a la venta de autos nuevos, recibieron varios de los vehículos “importados” de clientes como pago para la adquisición de modelos más recientes, sufriendo pérdidas millonarias cuando la Policía Judicial desarticuló dicha organización.
Un aforador destacado en Peñas Blancas, de apellido Bolaños, se encargaba de firmar y sellar documentos oficiales para finiquitar la falsa “importación”.
Con “toda la documentación en regla”, los carros se inscribían en el Registro de la Propiedad.
Los autos eran vendidos después a precios de mercado pero haciendo pequeñas rebajas para atraer clientes, casi siempre comerciantes, ganaderos y doctores, entre otros profesionales.
“Si un carro costaba ¢17 millones, los sujetos lo vendían en ¢15 millones. Mucha gente cayó en esa trampa porque el auto estaba legalmente registrado. Lo que no sabían era que los trámites de importación eran anómalos y los vehículos robados”, explicó ayer Francisco Ruiz Mejía, jefe de la Oficina de Prensa del OIJ.
Los dos principales integrantes de la banda fueron identificados como de apellido Mora, ambos propietarios de pequeñas empresas dedicadas a la venta de autos usados.
Ellos, junto con Bolaños, descuentan seis meses de prisión preventiva. Los otros 21 aprehendidos por el OIJ, deben firmar en un Juzgado Penal cada 15 días.
Todos enfrentan cargos por robo agravado, asociación ilícita, falsificación de documentos y uso de documento falso, añadió Ruiz.
Hasta ayer, el OIJ había recuperado 165 vehículos robados, todos de doble tracción y de modelo reciente. Sus propietarios no serán acusados pero perderán el monto que pagaron a los ahora acusados.
La organización, que venía operando desde finales del 2004, mantenía nexos con otras bandas dedicadas al robo de autos en Centroamérica, especialmente en Guatemala y Nicaragua.
En esas naciones, confirmó el vocero judicial, contactaban a reconocidos abogados, para obtener documentos técnicamente legales, entre ellos cartas de venta, que necesitaban para presentarlos en el puesto de Aduanas de Peñas Blancas.
