“Por Código de Niñez no puedo exponer ningún aspecto que tenga que ver con dos víctimas”.
Esa fue la respuesta que reiteradamente dio la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, a los diputados de la Comisión de la Mujer, que la llenaron de cuestionamientos por la actuación de la entidad en el caso de la adolescente embarazada y su bebé desaparecida.
El silencio de la jerarca desencadenó la molestia de los legisladores quienes incluso afirmaron que “deben rodar cabezas” en el PANI por la forma en la que abordó el caso.
“Siempre cuando se trae a un jerarca aquí dicen que todo está judicializado, por supuesto que este caso debe de estar en vía judicial (...) yo quiero que rueden cabezas efectivamente, porque estamos hablando de la vida truncada de un bebé y de una niña de 13 años “, dijo con un tono fuerte la legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP), Johanna Obando.
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Montserrath Ruiz, afirmó que desde el 2008 hasta la fecha hay 10 casos de homicidios de niños en los que el PANI nunca llegó y eso, expresó, no se puede aceptar.
“En varios casos, el PANI no encuentra la casa, ¿cuál es el seguimiento que se le da a eso?”, preguntó Ruiz sin recibir respuesta.
Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC, también cuestionó a López, pero al no recibir respuesta, lamentó que la jerarca del PANI no compartiera “la frustración e indignación por la situación de las menores”.
“Lamento que esta ruta que aquí nos expone doña Gloriana inicie con el 9 de abril, porque la situación de esta niña no inició ese día; eso no es lo que yo esperaba que viniera a mostrarnos acá, era la ruta como representante de la institución, en este momento usted es la jerarca”, dijo.
También el diputado de Nueva República, David Segura, señaló al PANI por la falta de seguimiento en el caso.
“Evidentemente el protocolo falló y se tiene que tomar acciones sobre las personas que incumplieron(...) entiendo que no pueda referirse al caso porque se encuentra judicializado, pero creo que a todas luces alguien se equivocó y se deben tomar acciones contundentes en contra de estas personas”, argumentó Segura.
A pesar de las recriminaciones, fuera de la sala de la comparecencia, Lopéz Fuscaldo descartó ante medios de prensa que vaya a renunciar.
“En la historia de mi vida, que la pueden revisar, se ha garantizado que yo no me arrugo. Yo sigo adelante y enfrento los retos. El PANI es un reto enorme que yo acepté y voy a seguir aceptando”, expresó.
CCSS advirtió de vulnerabilidad
Durante su exposición, la jerarca del PANI confirmó ante los diputados que la institución le indicó al Hospital Max Peralta de Cartago que la menor podía salir del centro médico con su hija recién nacida, a pesar de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó que eso no sucediera.
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Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, explicó que la recomendación fue dada luego de que este servicio identificara la condición de vulnerabilidad en las que se encontraban las dos menores.
“A partir de la intervención profesional realizada (en el hospital) preocupa que la madre asuma el cuido de la usuaria (la adolescente madre), por lo que se recomienda que se analice la permanencia de la usuaria con un recurso familiar, comunal o institucional que le brinde contención y acompañamiento”, citó Esquivel con base en la nota enviada por Trabajo Social al PANI de Paraíso de Cartago.
La jerarca de la CCSS insistió que la institución activó los protocolos necesarios.
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