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En los Tribunales de Justicia de Bribrí, en Talamanca, se dictó este miércoles seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Núñez Montoya, el principal sospechoso de cometer el femicidio en perjuicio de Miriam Lizinia Fernández Hernández, de 32 años.
La mañana del lunes 27 de enero, vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Miriam, con severos golpes en la cabeza, aparentemente producto de una golpiza que habría sido perpetrada por Núñez, su pareja.
Los restos de la mujer yacían en la servidumbre de su propia casa, ubicada en Cahuita de Talamanca, Limón. Miriam, originaria de la provincia del Caribe, es la quinta víctima de la seguidilla de femicidios que registra el país en lo que va del 2025.
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El sospechoso, conocido como Tesoro, fue aprehendido ese mismo día por oficiales de la Fuerza Pública en Siquirres. De acuerdo con las autoridades, el presunto homicida tiene antecedentes por maltrato, violencia contra las mujeres y robo simple.
Como parte de las pesquisas, agentes judiciales allanaron la vivienda del supuesto asesino, ubicada en Siquirres, el pasado martes. De acuerdo con fuentes policiales, los perros de la policía alertaron sobre la presencia de sangre en prendas que, en apariencia, ya habían sido lavadas.
La familia de Miriam tenía conocimiento de la conducta violenta del hombre. En declaraciones a La Nación, el padre de la ahora fallecida, Mario Alberto Fernández, argumentó que le habían advertido a la mujer sobre el riesgo que implicaba continuar su relación, marcada por la violencia y el maltrato físico. Incluso, dijo, el sujeto había intentado matarla antes.
Fernández señaló que su hija llevaba aproximadamente un año de relación con el ahora detenido y, pese a que se separaron un tiempo, hace un mes retomaron el vínculo.
Mientras coordinaba las obras fúnebres de su hija, el progenitor pidió a las autoridades que no dejen al sospechoso en libertad, pues según expresó es “extremadamente peligroso y violento”.
Miriam era madre de dos menores de edad, hijos de dos parejas anteriores. Su padre confirmó que los niños, de 12 y 14 años, fueron retirados recientemente por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por presuntos descuidos como inasistencia a centros educativos, desatención médica, maltrato físico y abuso psicológico.
Esta información fue elaborada con la colaboración del periodista Hugo Solano.
