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Luego de varias solicitudes de aclaración, de recursos de objeción y modificaciones al cartel, el viernes anterior se cerró la licitación para contratar el nuevo proveedor del servicio de monitoreo electŕonico de reos. Finalmente completaron todos los requisitos un total de siete empresas, comunicó este domingo el Ministerio de Justicia y Paz.
Las compañías que figuran como oferentes son Seguridad Alfa S. A., Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, Consorcio ESPH-Buddi, Datasys-Grupo Cheyrodz S.A, Consorcio Geo-Signis, Consorcio Panóptico y Consorcio Soin-Track. La intención del Ministerio de Justicia es hacer la adjudicación antes de que finalice el año. Luego se tendrá que dar un período para la presentación de eventuales impugnaciones.
La ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas se mostró satisfecha por haber cumplido con este paso dentro de un proceso complicado.
“Nos complace la participación de empresas nacionales e internacionales, con lo cual confiamos que la competencia traiga a la institución la mejor opción para el nuevo contrato. La calificación de las ofertas considerará cuatro factores de vital importancia, tanto técnica como económica: precio, peso del dispositivo, años de experiencia del proveedor y descuento por volumen de personas monitoreadas.
“Estamos ante un nuevo escalón en el proceso de consolidación de esta nueva modalidad penitenciaria en el país y confirmando que, pese a todas las objeciones que se presentaron al cartel en distintos momentos, el ente contralor solo declaró algunas parcialmente con lugar. Se incluyeron aclaraciones a temas específicos, pero sin modificar el fondo sustantivo de la licitación”, añadió la jerarca.
Este cartel se lanzó el pasado 2 de febrero e, inicialmente, estaba previsto cerrar el concurso el 29 de abril. Sin embargo, las objeciones que se presentaron obligaron a realizar al menos 50 cambios, entre los que destaca el peso de la próxima tobillera.
El ministerio exigía que el aparato tuviera un peso de 130 gramos o menos. Los oferentes no tardaron en alzar la voz y pedir el criterio técnico detrás de esa exigencia, puesto que, decían, que a nivel mundial se usaban dispositivos de hasta 280 gramos, sin afectación alguna para el usuario.
Justicia se negó a variar ese punto, pese al señalamiento de que el cartel estaba hecho para una sola empresa. La Contraloría General de la República al resolver varios recursos pidió a Justicia justificar este requisito con el respaldo técnico necesario y, si hacía falta, debía hacer las correcciones al cartel.
En junio pasado el ministerio informó de que se eliminó la variable de peso como criterio de elegibilidad y que por el contrario, “se movió al esquema de evaluación, que quedó distribuido de la siguiente forma: Precio 50% + Experiencia adicional 20% + Peso del dispositivo 20% + Descuentos por volumen 10%”. Además de eso, la cartera indicó que se amplió el detalle de las especificaciones en cuanto a mobiliario, equipo de cómputo, central telefónica, aires acondicionados y planta eléctrica, que eran otras de las dudas que tenían los oferentes.
Mientras se elige un nuevo proveedor, el monitoreo electrónico de los más de 1.800 reos continuará a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). El monitoreo electrónico mediante el uso de una tobillera empezó a funcionar en nuestro país el 27 de febrero del 2017 y el sistema lo estrenaron ocho reos.
