70 bandas burlan bloqueo celular para operar desde cárceles

Así lo explicó en una audiencia realizada en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, donde dijo que, acuerpado por oficiales comprometidos, se pudo disminuir en un 65% las estafas perpetradas por los privados de libertad a quienes de mayo a la fecha se les ha decomisado 1330 teléfonos celulares, así como más de 5000 cargadores y una serie de dispositivos usados para estafar.

Aseguró que no entiende como en la Ley General de Telecomunicaciones, se le dio la autoridad del bloqueo de las señales telefónicas a las propias operadoras, lo cual es preocupante porque el Ministerio no puede ordenarles cómo hacer el trabajo y se depende de la buena voluntad de ellas para que la señal se bloquee o no.

Por la cantidad de estafas que se venían realizando desde los centros penitenciarios, Campos se reunió con las operadoras, la Superintendencia de Telecomunicaciones y otros entes involucrados, que aseguraban el buen funcionamiento del bloqueo. Les hizo ver que día a día el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) seguía recibiendo denuncias por estafas que tenían su origen en la cárcel.

Ante ello, prefirió realizar operativos con grupos de 100 personas, pues era la única forma de contrarrestar un delito que solo entre el 1.° de enero y el 15 de junio sobrepasó los ¢1.800 millones en pérdidas para la población, en manos de estas redes de delincuentes a las que la tecnología no pudo contener.

Lo ideal sería instalar escáneres para evitar el ingreso de personas que introducen celulares a las cárceles, pero el presupuesto que tienen es muy limitado. En La Reforma tienen identificado un sector conocido como el tomatal, por donde desde la calle lanzan aparatos que constantemente encuentran los guardas.

Según el OIJ las estafas desde las cárceles crean un ambiente de desesperanza y angustia para muchas familias, porque son golpes terribles donde se va en segundos el esfuerzo de muchos años, mediante un hecho criminal que prácticamente ocurre sin que la persona se percate.

Para realizar los operativos en celdas, se tiene que usar el escaso personal de vigilancia, que según el ministro Campos lo hacen con gran mística, pues son personas que trabajan en condiciones laborales que dan pena y con salarios que en algunos casos son de ¢320.000 al mes, por lo que no se imagina cómo pueden sobrevivir.

Agregó que muchos policías penitenciarios viven como encarcelados junto con los detenidos, ya que permanecen durante siete días seguidos dentro de las instalaciones, sin comunicación con sus familias y en condiciones laborales pésimas ya que las duchas, la cocina y los dormitorios son paupérrimos en gran parte de los centros penales.

Relató que los 3.787 policías penitenciarios que tiene el país, deben ser divididos en cuatro grupos de 946, los cuales son insuficientes para atender la población penitenciaria que es de 14.454 personas.

Se cuenta con un policía por cada 16 privados de libertad, lo que dificulta la contención y seguridad desde las cárceles, máxime que con esos mismos oficiales tienen que trasladar constantemente a privados de libertad que deben asistir a juicios, así como a los que ocupan atención médica.

Discriminar uso de tobilleras

Sobre el monitoreo electrónico con tobilleras, el funcionario detalló que ese beneficio debería ser para adultos mayores, así como para detenidos por pensiones alimentarias o por delitos menores, pero no para integrantes de grupos de crimen organizado, como ocurre muchas veces en la actualidad.

Añadió que la oficina de monitoreo electrónico se creó sin los recursos necesarios para la compra de equipo y contratación de personal, de modo que con los mismos policías que tienen, han realizado en lo que va del año 429 visitas a usuarios de ese beneficio siendo que 73 de ellos no fueron encontrados.

Aunque se notificó a los jueces, todavía se desconoce qué va a pasar en esos casos. El jerarca también calificó como botar la plata, los $13 diarios que se pagan por cada beneficiario de una tobillera y dijo que las nuevas opciones que se estudian son menos costosas.

Actualmente la capacidad que tiene el sistema penitenciario es de 13.827 espacios y se tiene en prisión a 14.754 personas por lo que la sobrepoblación es de 6.7 %. Como la distribución no es pareja, hay siete centros que se encuentran más colapsados. Debido a ello, Campos considera viable el beneficio de tobilleras, pero llamó a los jueces a discriminar a quién se le otorga.