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Escondidas en las mochilas, junto a los cuadernos o metidas entre la ropa: así llegaron 477 armas (438 puñales y 39 de fuego) a las aulas de escuelas, colegios, preescolares y otros centros educativos, tanto públicos como privados, durante el 2015.
Esas armas fueron descubiertas por funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), en conjunto con oficiales de la Fuerza Pública, durante revisiones en la entrada o en el transcurso de las lecciones.
Según el Departamento de Estadística del MEP, el 70 % de los decomisos fueron en áreas urbanas. Además, la mayoría (280) estaba en manos de alumnos de secundaria. También, para sorpresa de las autoridades, nueve (dos de fuego y siete blancas) se hallaron en centros preescolares, adonde acuden niños menores de seis años.
Katia Grosser, directora de Vida Estudiantil, del MEP, dijo: “En esos casos, podríamos estar ante una situación de negligencia del hogar o la comunidad.
”También, podríamos estar ante una situación de riesgo que hace que este menor o su familia sientan la necesidad de llevar un arma al centro educativo. Es importante crear alianzas estratégicas con instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)”, agregó.
Inspecciones. De acuerdo con Lilliana Rojas, jefa del Departamento Convivir de Vida Estudiantil del MEP, a partir del 2012 se implementó un protocolo de inspección para erradicar las armas de fuego en los centros.
Desde que comenzó a aplicarse, se han decomisado al menos 1.790 armas en centros educativos.
Dichos procesos se dieron luego de algunas tragedias. Por ejemplo, en julio del 2010, un estudiante disparó en la cabeza a Nancy Chaverri, directora del Colegio Montebello, en Heredia; ella murió 10 días después.
Además, en julio del 2011, un muchacho entró a un colegio público en Orotina y mató al estudiante Juan Pablo Salazar.
“El énfasis es la prevención, pero siempre se presentan situaciones y lo importante es que la comunidad educativa en general sepa qué hacer”, afirmó Rojas.
Añadió que algunos jóvenes se arman debido al riesgo en el trayecto de ida y regreso al centro educativo.
La funcionaria detalló que en esos casos, se explica a los estudiantes que las armas pueden agravar la situación y que lo mejor es que viajen acompañados.
El MEP también coordina con la Fuerza Pública para que acompañe a los estudiantes en los momentos de ingreso y salida.
Asimismo, se les pide a los padres dialogar con sus hijos.
Víctor Barrantes, viceministro de Paz, comentó que junto con el MEP se desarrollaron unas guías para educadores, padres de familia y estudiantes.
“El objetivo es que los chicos, en lugar de aspirar a tener un arma, puedan encontrar en el diálogo una herramienta para la convivencia pacífica”, manifestó.
Barrantes mencionó que en el 2014, el 42% de los homicidios en el país obedeció a riñas y causas personales, por lo que se pretende combatir el matonismo desde los centros de enseñanza.
“Una persona armada se envalentona, saca un arma y, si la otra persona también lo hace, puede pasar cualquier cosa”, agregó.
Resaltó que en ocasiones, asuntos como el ruido de un equipo de sonido de un vecino, los ladridos del perro o circunstancias similares terminan en homicidios. “Todo eso lo explicamos en las charlas e insistimos en ambientes escolares sin armas y en una cultura de paz”, expresó.
Riesgo acecha en los alrededores de los colegios
El 16 de junio pasado, una bala perdida cayó en un pasillo de la la Escuela de Limoncito, en Limón, a raíz de una balacera en las cercanías.
Jeaneth Navarro, directora de ese centro educativo, detalló ese día, cuando cayó la bala, los escolares acababan de terminar un recreo.
Tiroteos similares han ocurrido en el barrio Santa Rita de Alajuela, en Desamparados y Alajuelita de San José.
De acuerdo con Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, las balaceras cerca de centros educativos son poco comunes; sin embargo, la Policía imparte charlas a directores y docentes de escuelas en zonas de riesgo. Primero, se les enseña que lejos de evacuar a las personas de las instalaciones, se debe llevar a los alumnos a un lugar seguro en el mismo edificio.
A los padres de familia se les advierte de que no deben llegar a recoger a los menores hasta que la situación haya pasado.
“Lo importante es guardar la calma y que no les gane la curiosidad, es decir, no asomarse a ver qué pasa”, dijo Andrade.
Víctor Barrantes, viceministro de Paz, manifestó que desarrollan planes de prevención con los mismos vecinos de barrios conflictivos, quienes identifican los sitios más peligrosos y luego varias instituciones se organizan para recuperarlos.
Revisiones de bultos buscan evitar tragedias
El asesinato de Juan Pablo Salazar Calderón, de 18 años, en julio del 2011, llevó a que un año más tarde (2012), el Ministerio de Educación Pública (MEP) creara un protocolo.
Los lineamientos indican que nadie puede entrar armado a un centro educativo, excepto la Fuerza Pública.
Lilliana Rojas, jefa del Departamento de Convivencia de Vida Estudiantil del MEP, explicó que se hace una revisión de bultos sin violentar los derechos de los estudiantes.
Desde ese año (2012), se han encontrado 1.790 armas.
Cuando se detecta a algún estudiante armado, se le lleva con dos testigos a un aula. Si es un menor, se llama a los padres.
Si el objeto es un arma de fuego, se informa al Servicio de Emergencias 9-1-1, para que se presente la Policía.
El estudiante deberá poner su bulto o el arma en una mesa o superficie horizontal, mientras llegan los oficiales.
En todos los casos, se levanta un acta y se comunica de la situación a la Fiscalía, entidad que luego podría llamar al estudiante.
Una vez que termina el decomiso, el director de cada centro educativo evalúa la pertinencia de aplicar el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes o la normativa interna.
Además, se mantiene comunicación con las familias y se promueve la resolución de conflictos por la vía pacífica.
