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En menos de cinco meses la cantidad de asesinatos en nuestro país (354) supera en un centenar a los de igual periodo del año pasado (248). Más de la cuarta parte de esos homicidios han ocurrido en Limón (91), razón por la cual autoridades policiales y judiciales se trasladaron a esa provincia para anunciar una nueva estrategia conjunta.
Esta arremetida, que pretende devolverle la paz y la seguridad a la provincia, implementará allanamientos en puntos conflictivos, patrullajes por tierra, mar y aire, seguimientos a grupos criminales y mayor presencia de efectivos y de grupos de inteligencia que ya están en la provincia caribeña.
Así lo anunciaron el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
Según Zamora, más allá de un nuevo plan de 100 días para la provincia de Limón, se trata de una estrategia apegada a Derecho que está dirigida a atacar la delincuencia organizada por medio de inteligencia y acción. Por ello pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades en esta lucha que busca aplanar y disminuir la creciente ola de criminalidad que cobra 69 víctimas solo en el cantón cabecera de provincia.
El director interino del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que ya esa entidad reforzó la presencia de investigadores en la zona donde se tienen mapeadas las estructuras criminales, para que en cada homicidio se defina quién es el autor material y cuál es la estructura criminal detrás del hecho, a fin de contener la espiral que tiene a esa provincia con tasas de homicidios por encima de 33 por cada 100.000 habitantes, casi el triple de lo que ocurre en el resto del país.
El fiscal Carlo Díaz precisó que en este trabajo conjunto participará la Fiscalía de Crimen Organizado, que trabajará para llevar ante la justicia, con pruebas contundentes, a quienes han sembrado el miedo en nuestras calles. Indicó que no se trata de una respuesta reactiva ante el crimen, sino de estrategias a largo plazo.
El ministro Zamora afirmó que esa estrategia es “histórica”. “Hoy nos estamos jugando una lucha en favor de la democracia. El interés de la Policía y de todos nosotros no es detener personas, sino defender el estado de Derecho y garantizar el régimen de libertades públicas, para que todo ciudadano limonense las pueda ejercer de forma irrestricta y que no haya una dictadura del crimen organizado, imponiendo restricciones que nuestro estado de Derecho no permite”, afirmó.
Con el fin de garantizar el éxito de la operación Zamora no ahondó en los detalles, pero dijo que todo será en acatamiento del ordenamiento jurídico. Aunque el plan comienza en Limón, afirmó que la idea es replicarla en otras provincias donde también ha crecido la ola homicida.
Los anuncios tuvieron lugar frente a los Tribunales de Justicia de Limón. La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas, recordó que por varios años laboró para esa provincia y ratificó el compromiso del Poder Judicial desde el marco de sus competencias, en procura de devolverle la seguridad y tranquilidad a las personas y propiciar una cultura de paz.
El plan no busca estigmatizar ni perjudicar a la población limonense, sino luchar contra el sicariato y las estructuras que están asentadas en esa zona y están detrás de la mayoría de asesinatos perpetrados en Limón.
Bandas en la mira
Las luchas entre pandillas para el control de territorios de venta de drogas son el detonante de lo ola delictiva que se acentuó en la provincia caribeña en los últimos meses, después de que se registrara en el distrito de Matama, cantón de Limón, la masacre de ocho personas el 2 de marzo del año pasado.
Esa vez falleció Danny Hernández Fernández, conocido como Ratón, cabecilla de una banda relacionada con varios homicidios y trasiegos de drogas. Esa vez gatilleros venezolanos fueron parte de los detenidos y que todavía están a la espera de juicio.
Posteriormente, fallaron los esfuerzos policiales para detener la ola homicida que siguió por barrios como Cieneguita, Corales, Villas del Mar, Envaco, Los Lirios y otros donde la gran mayoría de víctimas están relacionadas con drogas.
Las bandas comenzaron a extender sus dominios hacia Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, de modo que tanto de día como de noche las balaceras comenzaron a proliferar incluso con pistoleros a sueldo que, según el ministro de Seguridad, se entrenan en las mismas fincas del Caribe para vender sus servicios a las bandas locales.
Randall Zúñiga sostiene que al menos ocho organizaciones fuertes están entre los objetivos por desarticular en esta ofensiva por toda la provincia.
