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Gran parte del combustible “ordeñado” del poliducto estatal durante el 2020 e inicios de este año pudo haberse destinado, en el mercado ilegal, para abastecer a avionetas de bandas narcotraficantes.
Según Hans Sequeira, jefe del Departamento de Protección de bienes de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en algunas pistas de aterrizaje clandestinas, usadas por avionetas del narco, hallaron gasolina de alto octanaje.
“Hemos encontrado combustible Jet A-1, que es difícil de conseguir en el mercado, debido a los controles existentes. Ellos lo roban al poliducto de Recope, para poder surtir a esas organizaciones”, dijo Sequeira.
Añadió que en el mercado negro un estañón de gasolina Jet A-1 puede costar más de $1.000, dependiendo de la escasez que haya. “Las organizaciones criminales pagan el dinero que sea para poder tener ese combustible a disposición”, dijo.
La venta de esa gasolina en nuestro país está muy regulada y la única forma de comprarla sin que quede evidencia de quién hizo la transacción, es por medio del mercado ilegal, afirmó el funcionario.
Esas organizaciones hacen labores de inteligencia para obtener información sobre las horas en que Recope bombea el combustible de aviación. Se informan sobre cuál es la línea que transporta gasolina Jet -1 y lo verifican en el sitio.
“Se han dado ocasiones en que se está trasladando otro tipo de combustible, entonces cierran la llave, porque se dan cuenta de que no es Jet A-1, por el olor y la coloración. Entonces se esperan hasta que se esté bombeando la que buscan”, dijo.
Sequeira informó de que el diésel también es muy apetecido, pues lo usan maquinarias pesadas, camiones y tractores, por lo que es más fácil se comercialización en zonas rurales.
Esta denuncia puntual de Recope trasciende el mismo día en que autoridades policiales desarticularon este miércoles a una organización, integrada por 20 personas, que dio millonarios golpes a la refinería.
Bandas como esta suelen poner en riesgo la vida de muchas personas al trasladar el producto robado de un punto a otro sin los requerimientos adecuados.
Golpes estructurados
A esa organización criminal se le relaciona con al menos 15 robos de combustible. El grupo cayó luego de una serie de allanamientos realizados de la tarde del martes y la mañana de este miércoles en Ujarrás, Taras y Paraíso de Cartago.
Los robos que se les atribuyen en contra de Recope, ocurrieron entre enero del 2020 y febrero del 2021 en Cervantes, San Blas y Tres Ríos, provincia de Cartago, así como en algunos puntos del oleoducto en Puntarenas.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el líder, de apellidos Zúñiga Alvarado, cayó en Paraíso.
Los otros sujetos cayeron en vías públicas de Limón, Turrialba, Cartago y Tres Ríos de La Unión.
En cuanto al modo de operar, el OIJ informó de que Zúñiga coordinaba los golpes y ordenaba a los integrantes del grupo dirigirse a un sitio solitario por donde pasa el poliducto, para vulnerarlo.
Así las cosas, con el uso de mangueras, tanquetas, herramientas y camiones se ingresaba preferiblemente durante la noches y madrugadas, se instalaba la toma ilegal sobre los ductos, y se procedía a extraer principalmente gasolina de aviación y diésel.
A lo largo de un año de investigaciones, a ese grupo se le decomisaron 23.000 litros de combustible en diferentes golpes descubiertos por el OIJ y la Fuerza Pública en Cervantes, Taras y Puntarenas.
Además de combustible, se les decomisaron camiones, tanquetas e indumentaria y herramientas que usaban.
Además del líder, cayeron dos hermanos de apellidos Pereira Torres, así como dos muchachos de 19 años, de apellidos Torres Rodríguez y Durán Soto.
El resto del grupo lo integran Cascante Moya, Fonseca Vargas, Moraga Moraga, Rodríguez Arias y Marín Torres.
De igual manera, Herrera Castillo, Mena Camacho, Monge Ríos, Urbina Arrieta, Ruiz Miranda, Borbón Quirós, Chaves Céspedes, Chanto Vega y dos hermanos apellidados Fonseca Araya.
El año pasado la Asamblea Legislativa aprobó una ley para castigar más severamente a personas dedicadas a “ordeñar” el poliducto estatal.
Se trata de la Ley para Sancionar el Apoderamiento y la Introducción Ilegal de los Combustibles Derivados del Petróleo y sus Mezclas (N.° 9852).
Esa normativa tiene como fin fortalecer la lucha contra ese flagelo que afecta una infraestructura pública estratégica para el país y pone en riesgo de contaminación e incendios a comunidades enteras.
Pérdidas enormes
Según Recope, en el primer trimestre de este año solo se han detectado siete robos, mientras que en igual periodo del 2020 fueron 63.
Esa entidad perdió entre el 2018 y el 2020 un total de ¢4.737 millones, en 145 golpes al poliducto.
El robo de bienes del Estado no cesa. Cable de cobre del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tapas de alcantarillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y madera robada de zonas protegidas son parte de los delitos que muchos particulares, así como bandas criminales.
Este miércoles el OIJ informó que solo en robo de cable del ICE, la cifra llegó en los primeros 110 días del año a más de ¢1.500 millones.
En torno al robo de combustible, Recope pidió a la ciudadanía denunciarlo al 1002, de esa institución, o al 800-8000-645 del OIJ.
