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“Una vez un señor me dijo una chanchada y como no le di bola, me dijo que qué rico sería ver en la noticias que me violaron y mataron por maleducada, que si me vestía así era que la estaba pidiendo”, relató Nicole Hernández, de 21 años, a La Nación.
Esto es acoso sexual callejero. Es una manifestación continua de la violencia contra las mujeres. No es algo nuevo o minúsculo. Tiene un impacto negativo en la vida cotidiana de las víctimas y puede causar daños permanentes.
Son actos diversos como tocamientos indebidos, acercamientos corporales, exhibicionismos, masturbación, gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido gutural de carácter sexual.
También pueden ser comentarios, insinuaciones o expresiones verbales de tipo sexual alusivas al cuerpo, al acto sexual o que resulten humillantes, hostiles u ofensivas hacia otra persona.
Estas acciones pueden ser muy peligrosas, ya que constituyen prácticas que, llevadas a situaciones extremas, alientan delitos sexuales tan graves como la violación o el abuso sexual.
El testimonio de Nicole y de otras mujeres que se consignan en este artículo, no son aislados. Estas historias son la muestra clara de que el acoso callejero es un problema permanente.
Tras una larga espera, en agosto entró a regir la nueva ley que impone multas y penas de cárcel a quienes cometan acoso sexual en vías públicas y medios de transporte.
En poco más de tres meses, las autoridades han realizado 36 aprehensiones y dictado cuatro sentencias por los tres delitos que tipifica la legislación. El equivalente a una detención cada tres días.
De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la persecución o acorralamiento fue el delito por el que se realizaron más detenciones (23), seguido del exhibicionismo o masturbación (12).
Hasta el 23 de noviembre, solo una persona fue aprehendida por producción de material audiovisual, el cual tiene la pena más alta, hasta 18 meses de prisión.
Las penas se incrementan en un tercio si el ofensor es reincidente, si las faltas las comete más de una persona o si la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene una discapacidad.
No obstante, más allá de las sanciones, la ley llegó para reducir la alta impunidad que existía en años anteriores.
“Un día estaba con mis amigas teniendo un picnic en La Sábana y un tipo se empezó a masturbar en la mesa del frente. Se quedó ahí viéndonos comer mientras se la jalaba. Cuando nos dimos cuenta yo grité y fui corriendo por la policía”.
María Fernanda Calderón
Aportes de la ley
Amanda Segura Salazar, asesora y abogada penalista del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), indica que la principal ventaja de la ley es trazar una ruta para poner denuncias, que se pueda acudir a instancias gubernamentales y que estas tengan que dar respuesta.
Además, destaca que otro propósito es que las personas dejen de normalizar estas conductas y las rechacen, pues atentan contra la dignidad de las mujeres.
Según la ley, palabras, ruidos, silbidos, jadeos o ademanes con connotación sexual se penan con multas, pero para Segura, esto no es proporcional al daño que causan.
“Se debilita mucho el hecho de que nada más sean multas, porque no es proporcional al daño que se causa, al miedo que nos da, a como cambiamos nuestra forma de vida, si salimos o no a cierta hora, si vestimos o no ciertas formas, si realizamos alguna actividad o salimos con alguna persona”, explicó.
La abogada señaló que un piropo puede recordarle a una víctima de abuso sexual una experiencia pasada o revivir un momento donde fue violentada, por lo que no debe ser tomado como algo menor.
“Una vez iba caminando por San Pedro y un grupo de hombres me rodearon. Me comenzaron a decir cochinadas y a intentar tocarme. No me dejaban irme. Les dije que si no me dejaban iba a comenzar a gritar, uno de los maes dijo que me dejaran irme y salí corriendo. Ninguno me siguió, pero se rieron bastante”.
Valeria Solano
Asimismo, destacó que las autoridades todavía pueden caer en errores al atender el tema y motivó a las personas a acudir a la contraloría de servicios del Poder Judicial en caso de que no ayuden a la víctima, la minimicen o la revictimicen.
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Por su parte, Alejandra Arburola, de la organización Acción Respeto, afirmó que este acoso es un tipo de violencia que viven todas las mujeres en el desarrollo de sus vidas y que les genera miedo, inseguridad e intimidación.
“El acoso sexual callejero, aunque la gente diga que no es para tanto, sí es para tanto, porque cambia el estilo de vida de las mujeres y su cotidianidad”, manifestó.
Arburola sostiene que las instituciones deben atender el problema con un enfoque de género y que la ley no busca que todos los acosadores vayan a la cárcel, sino que se genere un efecto disuasorio.
Para el Inamu, el problema más grande con el acoso callejero es que ha sido “naturalizado” o “normalizado”, es decir, no se ha visto como una forma de violencia que afecta mayoritariamente a las mujeres y se ha reproducido con normalidad.
Señala que esta violencia ha sido un mecanismo efectivo que ha usado el patriarcado para mantener la subordinación femenina frente a lo masculino, una herramienta para que la mujer no avance en el reconocimiento y disfrute de sus derechos.
“Una vez, cuando tenía 18 años, iba saliendo de una fiesta y una moto se subió a la acera y el conductor me bajó la blusa. Tengo más experiencias, pero esa fue la que más me marcó. Me quedé en shock, no supe qué hacer. Eran como las 11 p. m. y solo me fui caminando y llorando a la parada de bus”.
Mariana Zúñiga
Marcela Arroyave, del Departamento de Violencia de Género del Inamu, explica que el acoso callejero limita el derecho de las mujeres a moverse y acceder de manera libre y segura a los espacios públicos, y le envía un mensaje implícito de que ese no es su espacio.
Además, resalta que siempre se intenta culpabilizar a la víctima, por vestirse de cierta manera, por caminar por determinado lugar o por salir a ciertas horas.
“Lo cierto es que no importa cómo se vista o por dónde vaya, el acoso se da porque los hombres consideran el cuerpo de la mujer como suyo y por eso ejercen ese poder sobre ellas cuando están en espacios públicos”, afirmó Arroyave.
Capacitación policial
El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, indicó que desde finales de 2018, la Fuerza Pública emitió un protocolo de actuación antes casos de acoso sexual callejero y comenzó a detener personas sospechosas de cometer el delito, el cual era considerado entonces como una contravención.
De acuerdo con Solano, esto dificultaba el proceso de denuncias, ya que las contravenciones no se pueden realizar contra desconocidos -es un proceso jurídico que exige identificación plena de las partes- y además no tienen penas privativas de libertad, solo multas.
“El acoso callejero casi siempre es cometido por personas desconocidas y las víctimas suelen tener mucha vulnerabilidad o mayor situación de riesgo”, puntualizó.
La capacitación se enfocó en sensibilización, entender que el acoso está mal y no debe normalizarse. También respecto al procedimiento de atender a la persona afectada, para que el oficial no la revictimice, sino que le crea y le de protección.
“Un muchacho llegó hasta mi casa para decirme que ‘honestamente, yo le gusté demasiado’ y que quería mi número. Me fui como por 10 minutos y cuando volví a mi casa, el muchacho estaba adentro de mi casa porque fingió ser uno de mis amigos y me asusté mucho, llamé al 9-1-1 y luego él se fue”.
Melany Mora
Según Solano, para finales del 2019 ya habían capacitado a toda la Fuerza Pública y los contenidos se incluyeron en los planes de estudio de la Academia Nacional de Policía.
El viceministro sostiene que lo más importante es atender esta situación con perspectiva de género.
“No es coincidencia que el 100% de los ofensores detenidos sean hombres y que el 100% de las víctimas sean mujeres, eso no pasa en ningún delito. Es un tema que hay que analizar desde la perspectiva de género, porque es un delito que su origen es la masculinidad tóxica”.
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Contexto delictivo
Las estadísticas de Seguridad Pública demuestran que la mayoría de aprehensiones por acoso sexual callejero ocurrieron en la capital y que el pico fue en octubre.
Para Eduardo Solano, esto responde a tres factores. Uno de ellos es la densidad poblacional de San José.
El segundo es que hay más recurso policial que en el resto del país, las delegaciones están más cerca y además hay lugares con presencia policial permanente, como algunos parques, por ejemplo. El último factor es que hay más herramientas para entender qué es acoso.
“Muchas personas no saben que determinada acción es acoso; les incomoda y saben que está mal, pero no la ven como acoso. En San José se tiene más claro qué son situaciones de acoso y por ende las víctimas tienen más posibilidad de saber que eso que acaba de pasar fue acoso y que tienen más red de apoyo”, argumentó.
Solano considera que esto último está relacionado con el nivel de escolaridad y las dinámicas sociodemográficas de la ciudad, en comparación con zonas alejadas o rurales.
No obstante, asegura que la respuesta policial debe ser efectiva sin importar dónde.
“Fui a hacer unas compras en short y cuando caminaba de regreso a mi aparta un mae me empezó a seguir y empezó a hacerme preguntas, que dónde vivía, qué hacía ahí y para dónde iba. Me siguió cinco cuadras diciéndome que tenía piernas muy lindas e insistiéndome que me tomara un fresco con él”.
Carmen López
Ahora, las víctimas tienen tres opciones para denunciar: buscar a un oficial, llamar al 9-1-1, o ir a la delegación de Fuerza Pública más cercana.
La Policía debe realizar una búsqueda si el presunto acosador huye, y es de gran ayuda cuando la víctima puede brindar características físicas o de vestimenta de la persona que cometió el delito.
Además, si no se logra dar con el acosador, la víctima puede poner la denuncia en el OIJ contra desconocido, pero Solano estima que será más complicado recabar prueba y dar con la persona.
Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene 30 causas por el delito de acoso sexual callejero en trámite y otras dos archivadas.
Una causa se archiva por la muerte del ofendido, cuando se determine que el señalado no fue quien cometió el delito, o porque la víctima ya no siga adelante con el proceso.
Asimismo, existen dos factores que agilizan una causa: uno es que se tramite por flagrancia y el otro que lleve mediante un proceso abreviado, en el cual el ofensor acepta los cargos y se negocia con el fiscal la pena.
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Penas accesorias
Aunque la ley introdujo penas de cárcel para estos delitos, no siempre se encarcela a los acosadores, ya que pueden obtener el beneficio de ejecución condicional de la pena.
No obstante, el proyecto también previó que los jueces apliquen penas accesorias, las cuales consistirían en tratamientos contra las adicciones y programas especializados para el control de conductas violentas.
Estas iniciativas pretenden reeducar y sensibilizar en asuntos como masculinidades tóxicas, equidad de género y respeto por los derechos humanos de las mujeres.Los gastos en que se incurra por esos tratamientos correrán a cargo del Estado, salvo si la persona condenada cuenta con recursos suficientes.
“La ley plantea penas alternativas y eso implica otras formas de llevar la sanción penal que no sea ir a prisión. Pero tengo entendido que la ley plantea una vigencia de 12 meses para que el Inamu y el Ministerio de Justicia desarrollen estos cursos”, indicó Solano.
“Nací en 1958, me dio polio y quedé afectada de una pierna. Cuando tenía 18 años vine a vivir a San José porque me admitieron en la UCR. Había un vendedor de periódicos en la esquina de la Catedral que cuando pasaba me decía: mamita, que me le hicieron anoche que me la dejaron caminando así”.
María Elena Alfaro
Las penas accesorias se pueden dictar junto con la pena de prisión y, para el viceministro, son muchísimo más valiosas que las sanciones privativas de libertad.
“Son fundamentales, porque de nada sirve meter a una persona un año o seis meses a la cárcel si va a salir y va seguir teniendo este tipo de conductas, porque no tiene identificado cuál es el origen del delito, que en este caso son las masculinidades tóxicas”.
El jerarca confirma que la ley vino a reducir la impunidad que existía, pero sostiene que todavía quedan temas pendientes.
“Habíamos tardado como país y como sociedad en subir de contravención a delito porque los efectos que tienen en la salud emocional y psicológica de las víctimas son graves.
“Yo siempre apunto a que los temas pendientes son atender la transformación de las masculinidades sanas, modificaciones al sistema educativo para capacitar a los hombres de cuáles son actitudes y conductas adecuadas para convivir en sociedad con respeto”, concluyó.
