Tres médicos y un comerciante fueron detenidos ayer jueves, por ser sospechosos de formar parte de una red internacional acusada de trasplantar órganos en clínicas privadas de Costa Rica.
Los médicos son costarricenses y laboran en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José. El comerciante, de apellido Katsigiannis y origen griego, es propietario de una pizzería, ubicada cerca del centro médico.
Carlos María Jiménez, fiscal interino, dijo que los doctores de apellidos Monge, de 57 años; Fonseca, de 48, y Massimiliano, de 41, presuntamente habrían realizado extracciones e implantes.
En tanto, Katsigiannis, de 55 años, supuestamente, reclutaba a los posibles donadores.
Para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los presos son parte de una organización que empezó a ser desarticulada el 18 de junio, con la captura delmédico Francisco José Mora Palma, de 63 años, así como la detención de una supuesta reclutadora de donantes, una oficial de la Fuerza Pública, de apellido Cordero.
Mora era jefe de la sección de Nefrología del Calderón y, hoy, junto con Cordero, descuenta seis meses de prisión preventiva.
La pesquisa, según la Fiscalía, se inició en el 2009, pero el 27 de mayo pasado, José Meléndez, corresponsal tico del diario mexicano El Universal , contó en un reportaje que dos isralíes pagaron $6.000 a un costarricense y a un nicaragüense para comprarles dos riñones. Ellos fueron operados en una clínica privada de Costa Rica. Esto aceleró la investigación.
Sangre y dinero. Francisco Segura, director delOIJ, explicó que luego de analizar las pruebas recogidas en los allanamientos de junio, se logró verificar la implicación de otras personas.
Precisó que fue por esa razón que ayer se detuvo a dos urólogos (Fonseca y Massimiliano) y un especialista en vascular periférico (Monge), así como al comerciante.
En la casa de casa de Katsigiannis, indicó, hallaron documentos, cuentas bancarias y computadoras que servirán a la investigación.
Carlos María Jiménez dijo: “Desgraciadamente, unas de las personas detenidas eran las que se llenaban las manos de sangre, pues realizaron el trabajo material de extraer los órganos, y luego, el de implantarlos en los cuerpos de las personas que los recibían”.
El fiscal agregó: “Dentro de esto hay personas (...) ya fuera como directores de la orquesta o bien como reclutadores de víctimas. Esos se llenaron las manos de dinero”.
Por el momento, declaró Jiménez, no tienen claro cómo fue la distribución del dinero, pero explicó que los receptores de órganos pagaron entre $80.000 a $100.000. En tanto a los donantes les dieron entre ¢3 millones y ¢10 millones.
Francisco Segura y el fiscal Jiménez calificaron a los donadores (tienen identificados 20) como víctimas, pues dijeron que dieron sus órganos, sin precisar cuáles, pues necesitaban el dinero para comer o pagar otra necesidad.
Delitos. El fiscal de Criminalidad Organizada, Javier Valerio, dijo que a los sospechosos se les atribuye el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, que tiene una pena de 6 a 12 años de cárcel.
Rita Henry Astúa, vocera de prensa del Calderón, informó de que colaboran con las autoridades. “A lo interno se han tomado medidas para garantizar un servicio transparente a los trasplantados y se inició una investigación junto a Auditoría Interna de la Caja”.