EscucharLos cierres de las tiendas capitalinas de la cadena SYR no cesan, porque cada día aparecen nuevos incumplimientos de toda índole, según confirmó el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, quien a la fecha no tiene claridad de cuántos locales están operando y cuántos están clausurados.
Ante consulta de La Nación, el jefe policial respondió que este miércoles el Instituto Nacional de Seguros (INS) cerró “varios puntos comerciales porque no pusieron al día una aprehensión que les habían dado el viernes anterior, cuando se realizó el operativo interinstitucional, en cuanto a las pólizas de riesgos del trabajo”.
Destacó que el Ministerio de Salud también ha estado activo en las intervenciones y varias tiendas cuentan con notificaciones sanitarias por incumplimiento de las condiciones de las instalaciones. Por ejemplo, hace dos días un local fue clausurado porque abrió sin la autorización de Salud y se tuvo que hacer el resello.
Solano aseguró que todos los locales que habían sido cerrados por la Municipalidad de San José por deudas en el pago de impuestos ya se pusieron al día con ese tributo, pero no todos han abierto sus puertas. Por ejemplo, la tienda donde agredieron a dos empleadas, las golpearon con palos e incluso a una le cortaron el cabello, cerca del Banco Nacional, todavía continúa cerrada.
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La mayoría de negocios debían más ¢500.000 al ayuntamiento e incluso tenían atrasos de más de dos periodos que no habían sido identificados por el municipio. Sobre esto, el jefe policial comentó que por la gran cantidad de patentes que debe vigilar la municipalidad es complicado seguirles la pista al corte.
Explicó que San José tiene casi 17.000 licencias comerciales y este año se han realizado 600 clausuras que nacen de actividades de fiscalización. La Policía ha dividido los locales en tres grupos de interés: los que se quieren erradicar asociados a delitos, en donde se destinan recursos con más frecuencia y se reciben llamadas de gente solicitando auxilio, como bares, restaurantes, cuarterías, clubes nocturnos y salas de masaje y juego.
El segundo grupo son actividades que se busca que “se ajusten”, que son locales que desvirtúan los usos permitidos, pero que su actividad no es de foco policial, y que se desea que “cumplan las reglas”. Y el tercer bloque de interés policial tiene que ver meramente con un tema tributario, que son actividades comerciales que tienen permisos y que lo que la institución necesita es que estén al día con su pago de impuestos.
“El caso específico de las tiendas SYR realmente lo que vimos en los videos no era previsible que eso estuviera ocurriendo. Las tiendas son un viejo conocido de la Municipalidad, les hemos aplicado cierres hace años por alteración del orden público, contaminación ambiental, por amenazar o amedrentar a otra contribuyente y la intervención que tuvimos en el antiguo Cine Palace cuando taparon la fachada del edificio”, agregó Solano.
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Aunque la mayoría de tiendas retiraron sus rótulos luego de que trascendieran los videos de agresiones a empleados, una tienda ubicada en la avenida central continúa con su rotulación habitual. La Municipalidad ha indicado que en toda la capital hay 18 tiendas, pero se duda si dos comercios realmente son de la cadena.
El jefe de la Policía Municipal confirmó que la mayoría de instalaciones de las tiendas son alquiladas, pero se desconoce quiénes son los arrendatarios. Además, todas operan bajo sociedades distintas y no una sola firma.
“Podemos tener conjeturas desde la malicia policial de cómo podría construirse un emporio y dirigir recursos financieros a través de actividades comerciales, pero ya sería una línea de investigación que posiblemente ya la tiene la Policía de Control Fiscal y el Organismo de Investigación Judicial”, dijo Solano ante este detalle.
Finalmente, el oficial manifestó que no recuerda que en San José haya ocurrido una humillación y agresión a empleados como la que sucedió en la cadena SYR.
“Algo tan estructurado como ha salido a la luz con esta cadena de tiendas no. Sí denuncias concretas de trabajadores que han pedido en algún momento el auxilio policial o el Ministerio de Trabajo, que ha pedido el acompañamiento policial para realizar alguna fiscalización o algún trabajador que se ha acercado para plantear alguna denuncia puntual, pero no con este nivel de las tiendas”, concluyó Solano.
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