Dos toneladas de cianuro, un peligroso químico utilizado para extraer oro en Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela, fueron traídas por coligalleros desde Nicaragua.

Así lo reflejan los datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que durante este 2019 decomisó 2,4 toneladas de esa sustancia y 1,4 kilos de mercurio en esa comunidad fronteriza y en La Cruz de Guanacaste.

Los dos materiales son usados para amalgamar el oro y extraerlo de los fragmentos de piedra; sin embargo, el cianuro es más eficiente.

El viceministro de Seguridad, Luis Carlos Castillo, explicó que las acciones policiales les permiten establecer que “la mayor cantidad de estos elementos provienen de la industria nicaragüense”.

Con él coincide el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que considera que las prácticas de minería a cielo abierto en Nicaragua y otros países de Centroamérica permiten a los coligalleros tener acceso a esas sustancias sin problema.

“El material que utilizan los coligalleros es ingresado al país de forma irregular, principalmente desde Nicaragua y otros países de Centroamérica”, afirmó esa institución.

Los problemas con la extracción ilegal y el contrabando de químicos aumentaron a principios de la década, luego de que sentencias de Sala I y el Tribunal Contencioso Administrativo le pusieron candado a la explotación legal de la mina, que en aquella época estaba en manos de una empresa canadiense.

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Daños a la salud y el ambiente

Para las autoridades, las incautaciones son fundamentales por un tema de salud pública y protección ambiental, más si se toma en cuenta que su uso en el país es prohibido.

“Son elementos con altos grados de concentración metálico y químico (metaquímicos) que pueden producir contaminación en el organismo y gran afectación al ser humano.

“También, su permanencia en el suelo contamina las fuentes de agua y desestabiliza el medio ambiente”, explicó Castillo.

Según la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (Digeca), del Minae, la exposición al cianuro “puede ser fatal”, ya que una exposición durante un periodo breve puede dañar el cerebro y el corazón.

“El cianuro produce efectos tóxicos, una de las primeras indicaciones de intoxicación son la respiración rápida y profunda y la falta de aliento, seguido de convulsiones y pérdida del conocimiento. Estos síntomas pueden manifestarse rápidamente, dependiendo de la cantidad de cianuro ingerida. La entrada de cianuro al cuerpo a través de la piel es más lenta, pero puede producir irritación y llagas”, precisó Digeca.

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Agregaron, que, ambientalmente, este químico contamina el agua, el aire y el suelo.

En tanto, los efectos del mercurio resultan tóxicos para los sistemas nervioso central y periférico, inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones y riñones.

“La exposición al mercurio (incluso en pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligroso para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Para la OMS, el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública”, detalló Digeca.

Ante el uso de estas sustancias en Crucitas, el Minae ha elaborado varios informes sobre el daño ambiental en la zona. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) cuenta con una evaluación ecológica de la finca Vivoyet, mientras que la Dirección de Aguas y la de Geología y Minas realiza informes periódicos exponiendo los efectos de la extracción minera ilícita.

Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, manifestó que los dos impactos más importantes por el uso de químicos en Crucitas son el daño a la salud de los coligalleros y la contaminación de suelos con mercurio en áreas donde se ha dado explotación ilegal.

Su conclusión se desprende del reporte de Allan Astorga, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), y elaboró a principios del 2019 el documento.

“El problema con la existencia de suelos contaminados con mercurio (y cianuro) es que los mismos son erosionados durante las lluvias y de esta manera, pasan a las corrientes de agua. Se produce así un impacto acumulativo importante que debe ser contenido lo antes posible”, afirmó.

Agregó que el peligro generado por el mercurio ha hecho que Costa Rica, como signatario de la Convención Minamata (vigente desde el 2017), “busque la prohibición de nuevas minas de ese químico, la eliminación gradual de las existentes, la reducción del uso del mercurio en una serie de productos y procesos, la promoción de medidas de control de las emisiones a la atmósfera y de las emisiones a la tierra y al agua, así como la regulación del sector de la minería artesanal y a pequeña escala”.

Operativos constantes

Las diligencias, en las que participan más de 120 policías de Fuerza Pública, Fronteras y Migración, se realizan mediante patrullajes terrestres, abordajes de vehículos y controles en carretera.

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Estas acciones permiten colaborar con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Policía de Migración e incluso el Minae. Además, en ocasiones se involucra también a la Municipalidad de San Carlos, el Ministerio de Salud, la Policía de Tránsito y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Para Seguridad, las operaciones “permiten controlar y mitigar la explotación de la minería ilegal y otras actividades que atentan contra la seguridad del país”.

El viceministro Castillo manifestó que para el 2020 se pretende continuar con las operaciones Lapa y mantener la cercanía con la Fiscalía y otras instituciones.

Estrategias en evolución

Así como las autoridades trabajan en mejorar las acciones policiales en Crucitas, los coligalleros implementan sus propias tácticas para burlar los controles.

Por ejemplo, durante este 2019 se han detectado casos en los que los materiales extraídos no se procesan en el sitio, sino que son sacados y se trabajan en otros lugares.

Alejandro Araya, fiscal adjunto de San Carlos, manifestó que hasta el 17 de diciembre anterior, se investigó en Flagrancia a 262 personas y se abrieron 135 causas.

Los datos de la institución revelan que de las 135 causas abiertas, 29 están en investigación, cinco han generado una sentencia condenatoria, hubo cuatro absolutorias, 78 proceso abreviados, en cinco suspensión del proceso de prueba, dos sobreseimientos definitivos, tres se acumularon a otros expedientes, dos se remitieron a otra jurisdicción por incompetencia y siete cuentan con imputados rebeldes.

Araya considera que cuando las personas son detenidas cometiendo un delito, ellos deben analizar si se cuenta o no con todas las pruebas respectivas para tramitarlo por Flagrancia, ya que de lo contrario se acude a un proceso ordinario.

“En ocasiones hay dificultades en la investigación, ya que se requiere de mayores recursos o hay problemas de acceso a los lugares, tomando en cuenta que se trata de 17 grandes fincas”, mencionó el fiscal.

Añadió que la fuerte tradición minera de países vecinos hace que en ocasiones las personas ingresen a Costa Rica a dedicarse a esa actividad, porque les resulta sencillo.

Araya también contó que los operativos en la zona les han permitido a los cuerpos policiales detectar otros delitos, que también son atendidos por la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

“Nosotros hemos mejorado en el desarrollo de acciones coordinadas para dar una contención al problema, no una solución, porque no podríamos encontrar soluciones en el sistema penal, pero sí se puede atacar el problema.

“Para el 2020 esperamos seguir mejorando en las acciones con todas las instituciones, porque esto es un tema país”, aseguró Araya.