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Las acciones de rectoría ejecutadas por los ministros de Seguridad y Justicia de los últimos nueve años no han logrado garantizar la seguridad ciudadana que merecen los costarricenses. La Contraloría General de la República (CGR) determinó que dichas gestiones, en su mayoría inconexas, “no han sido eficaces” y ahora el país urge medidas para hacer valer este derecho de la población y propiciar la gobernanza.
El ente contralor indicó en un reciente estudio que las instituciones han actuado de forma fraccionada y aislada, en función de programas cuatrianuales y no con visión de largo plazo. Además, los esfuerzos se han concentrado en la atención de asuntos inmediatos relacionados con la (in)seguridad ciudadana, “lo que se ve reflejado en el aumento en la percepción negativa del ciudadano respecto de la seguridad en los últimos años, así como el aumento en las estadísticas delictivas nacionales”.
Dicho informe, conocido apenas el mes pasado, coincide con datos alarmantes: el país cerró el 2022 con el número más alto de homicidios en 12 meses: 656. Además, las estafas, gestadas muchas veces desde las cárceles, dejaron más de ¢1.800 millones en pérdidas a los ciudadanos y cada hora asaltan a una persona en Costa Rica. Incluso los pocos días del 2023 ya registran más asesinatos que el mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, la Contraloría hace referencia a encuestas de percepción aplicadas en todo el territorio nacional que demuestran que la (in)seguridad ciudadana representa uno de los cuatro problemas más relevantes para la población y que el 65,5% de los ciudadanos considera que el país es poco o nada seguro.
El análisis, que consta en el informe N.° DFOE-GOB-IF-00017-2022, resume los resultados de una auditoría operativa realizada entre el 8 de mayo de 2014 y el 30 de setiembre de 2022, considerando los periodos presidenciales 2014-2018, 2018-2022 y el recién estrenado cuatrienio 2022-2026.
Allí se establece el concepto de seguridad ciudadana como “la condición de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia, que pueda incidir sobre el ejercicio de los derechos fundamentales (dimensión objetiva) y en la percepción de inseguridad de la persona (dimensión subjetiva)”. Se considera, al mismo tiempo, un derecho y un bien público de toda persona (...) “y un deber del Estado proveerla y garantizarla, bajo la responsabilidad directa del presidente de la República y el ministro rector”.
El cumplimiento de este derecho exige la existencia de un Sistema de Seguridad Ciudadana donde se interrelacionen políticas, estrategias, procedimientos, funciones, técnicas y metodologías, que permitan a las autoridades públicas competentes desarrollar acciones para garantizar a las personas la seguridad ciudadana sin distinción de clase social, preferencia política, raza, etnia, género o identidad sexual.
Sin embargo, el informe alertó que las instituciones que conforman el sector seguridad en el país desconocen cuál es su rol y su responsabilidad dentro del Sistema de Seguridad Ciudadana, más allá de las competencias y potestades individuales definidas por el mandato legal que les da origen y establece sus funciones.
Para realizar la auditoría, la CGR estableció indicadores basados en literatura relacionada con los principios de Gobernanza, así como buenas prácticas relacionadas con un Sistema de Seguridad Ciudadana. Para recabar la información de respaldo para calcular los indicadores, diseñó una herramienta en formato excel con las acciones implementadas por las instituciones. Además, consultó datos correspondientes a las leyes de presupuestos y a los informes de liquidación presupuestaria.
Se determinó que los mecanismos que propician la coordinación, comunicación, generación de información y aseguramiento de calidad en las instituciones resultan insuficientes para asegurar la eficacia del funcionamiento del Sistema para la gobernanza del sector.
También se evidenció que las comunicaciones sobre roles y responsabilidades de los diferentes actores han sido verbales y no se encuentran documentadas, principalmente del 8 de mayo al 30 de setiembre de 2022.
“Consecuentemente, la falta de claridad en las acciones de coordinación, articulación y conducción, inciden en la gobernanza del sector, así como en el desarrollo y la ejecución de acciones que permitan identificar la existencia o no de duplicidades o vacíos en los roles de las instituciones del Sistema; además se debilita el cumplimiento del fin público y el proceso de toma de decisiones para el diseño y la oficialización de una política pública que atienda la inseguridad ciudadana, y en una gestión descoordinada y desintegrada, lo cual deviene en un costo adicional que asume la Hacienda Pública”, resaltó el órgano.
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Estrategia cortoplacista
Por otra parte, se encontró que en los últimos nueve años las instituciones han contado con un direccionamiento únicamente de corto y mediano plazo, por lo que el Sistema de Seguridad Ciudadana no funciona conforme a una visión país que establezca líneas de acción a largo plazo, es decir, conforme a una estrategia sostenible en el tiempo.
Tampoco se cuenta con mecanismos oficiales que incluyan en la planificación institucional y sectorial a partes interesadas, como gobiernos locales, otros sectores estratégicos del Poder Ejecutivo, sector privado y la ciudadanía. Además, las instituciones que incluyen acciones para atender a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad lo hacen de forma individualizada y sin una visión conjunta.
La Contraloría es punzante al decir que entre instituciones no hay un análisis conjunto para asignar y distribuir los pocos recursos disponibles en una estrategia consensuada de seguridad ciudadana, “ya que cada institución estima y asigna recursos a las metas establecidas enmarcadas a las responsabilidades legales, sin que exista una visión integral, vigente y formal”.
Por ejemplo, para el Ministerio de Seguridad, el Programa de Seguridad Ciudadana en promedio representa el 77% del total del presupuesto institucional y en el Ministerio de Justicia para los programas relacionados con la atención a las personas adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y de la Prevención de la violencia y promoción de la paz social, en promedio representa el 83% del presupuesto total institucional.
Por último, se determinó que los instrumentos de planificación de las instituciones del sector desde el 2014, definieron su estrategia sin incluir mecanismos formales de consulta ciudadana, ni consulta a otros sectores gubernamentales, sectoriales e intergubernamentales, ni tampoco con el sector privado, respecto del fenómeno multicausal y multidimensional que representa la (in)seguridad ciudadana.
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