Controles fronterizos y vehiculares por pandemia ayudaron a quitarle ¢250 millones al contrabando

El refuerzo del control fronterizo y la restricción vehicular sanitaria por la pandemia de covid-19 ayudaron a las autoridades a fortalecer los operativos de detección de contrabando en el primer semestre del 2020, al punto de decomisar alrededor de ¢250 millones en cargamentos.

La Policía de Control Fiscal (PCF), la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública concuerdan en que el tener menos vehículos en carretera les ha ayudado a realizar un trabajo más rápido y efectivo al intervenir organizaciones criminales dedicadas al trasiego de mercancías de manera ilegal.

Además, el incremento de reportes al servicio 911 y a los contactos de la PCF por parte de la ciudadanía, en relación con movimientos inusuales de personas y vehículos por zonas específicas de todo el territorio nacional, le ha brindado información vital a las autoridades para comenzar y alimentar investigaciones contra grupos dedicados al contrabando.

Según datos de la Policía de Fronteras, en los últimos cinco años se le han arrebatado casi ¢2 billones y medio al contrabando (¢2.466.025.330 específicamente) por un total de 951.328 productos decomisados. ¢248,3 millones de ese total pertenecen a decomisos realizados en la primera mitad de este año.

Los productos que más se contrabandean son los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los medicamentos y distintos tipos de mercadería como utensilios de cuidado personal. Estos últimos han aumentado en el último semestre, ya que se han decomisado 5.447 unidades más que en todo el año 2019.

El director de la Policía de Fronteras, Allan Obando, indica que los contrabandistas utilizan automóviles y camiones para ocultar las mercancías en la cajuela y cabina con bolsas o mantas, dobles forros y hasta pisos o paredes que esconden los cargamentos.

“Hay gente que trata de evadir los puestos habilitados ingresando mercadería diciendo que compró 100 botellas hoy, pero esa factura no está sellada, entonces con esa misma factura abierta tratan de pasarla varias veces por los puestos de control. Otro ejemplo es cuando dicen que traen 100 botellas, pero en el camión vienen 500 botellas.

“En los pasos no habilitados ocurre como en la parte Caribe, que hay todo un trasiego por los ríos y se pasa la mercadería en embarcaciones a un lado de Costa Rica, en donde llega una parte logística a buscarla en vehículos para llevarla al área metropolitana”, explicó Obando.

Cada botella de bebida alcohólica está valorada en ¢12.000, según la Policía de Fronteras, y es el tipo de presentación que más dinero ha representado en los decomisos: ¢776.712.000 desde el 2015.

La otra presentación que ha significado un gran golpe económico al contrabando ha sido la lata. Cada una se valora en ¢700 y en los últimos 5 años se han decomisado 105.191 unidades, las cuales representan un total ¢73.633.700.

Desde el 2018, ha ido a la baja la cantidad de latas decomisadas, pero en este primer semestre de 2020 ya se han logrado decomisar 13.618 unidades, mientras que en 2019 se recolectaron 15.600 en todo el año. Las autoridades presumen que el trasiego podría volver a aumentar, más que todo porque el panorama internacional pinta similar.

Según el Estudio Global sobre Alcohol Ilícito 2018 de Euromonitor International, una de cada cuatro botellas de alcohol en el planeta son ilícitas. Estos hallazgos corresponden a la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el alcohol no registrado representa el 25,5% del consumo mundial para adultos y está proyectado que aumente a 27,7% en 2020.

En casi todos los casos, el comercio ilícito de alcohol genera graves riesgos para la salud de los consumidores, pérdida de ingresos y degradación de la marca para los fabricantes legítimos, así como una reducción de los ingresos fiscales para los gobiernos.

Los riesgos para la salud tienden a afectar a los consumidores más pobres y vulnerables al contribuir a la ampliación de las desigualdades sanitarias. La entidad internacional detalla que esto está impulsado, en parte, por la baja conciencia de los consumidores que sustenta una sensación de aceptabilidad.

Euromonitor International indica que el 20,5% del alcohol, o 1 de cada 5 botellas, es ilícito en Costa Rica. Esto pone al país cerca del promedio regional de Latinoamérica, pero más alto que mercados como Guatemala (6,6%) y Trinidad y Tobago (4,5%), aunque inferior a El Salvador (22%) y la República Dominicana (30,8%) y casi igual a Honduras (20,4%).

La empresa de investigación de mercado global también señala que la pérdida fiscal para el país en 2017, debida al alcohol ilícito, fue de $94,3 millones, siendo el contrabando responsable de más del 91% de las pérdidas de ingresos en ese año.

Contrabandistas son presa fácil

Para el subdirector general de Fuerza Pública, Enrique Arguedas, la restricción vehicular sanitaria por la pandemia ha hecho que los contrabandistas sean presa fácil para las autoridades, ya que se han reforzado los controles en carretera, pero también porque han disminuido la cantidad vehículos que circulaban de noche para intentar evitar la acción de la Policía.

No obstante, Arguedas señala que las detenciones que se realizan en las calles, actualmente, no son arbitrarias y que cada decomiso está planeado con mucha antelación y una gran rigurosidad, con el fin de no cometer abusos de autoridad.

“Por el histórico que tiene la Policía de decomisos y las mismas cosas que la gente comenta, ya uno tiene noción de las zonas, de las agrupaciones, de las personas, los vehículos o las estrategias que puedan ser utilizadas para el tema del contrabando. Con todo eso se genera una notitia criminis (aviso de la ejecución de un delito) para el abordaje correcto de estos vehículos en carretera.

“Otros decomisos se hacen por informaciones confidenciales que alguna persona le hace llegar a la Policía, o a algún otro cuerpo policial o institución”, mencionó.

Arguedas comenta que una de las excusas que ponen los contrabandistas al ser detenidos es que fueron contratados para trasladar el vehículo, pero que eso ha ido a la baja, al igual que el contrabando hormiga realizado, principalmente, en buses.

“Antes se utilizaba la mensajería o el envío de mercancías tipo correo para contrabandear. También la utilización de autobuses para realizar contrabando hormiga. No obstante, este es el método menos frecuente y cuantioso. Desde la zona sur o norte al área metropolitana el viaje puede costar unos ¢15.000 o ¢20.000 versus la mercancía que puede trasladar, no es rentable”, dijo.

El subdirector general de Fuerza Pública indicó que no ha cambiado mucho el modus operandi de las redes de contrabando durante la pandemia, pero que sí las han notado un poco más osadas, como el caso que se presentó el 29 de mayo en Pérez Zeledón.

En esa ocasión se detuvo en ruta 2, Interamericana Sur, a 14 vehículos que iban en caravana cargados de bebidas alcohólicas. Se logró el decomiso total de 17.166 unidades de licor variado entre botellas y latas.

Según datos de la Dirección General de Fuerza Pública, la cerveza es el licor que más se ha contrabandeado en los últimos cuatro años (280.897 unidades decomisadas, 45.598 solo en 2020), luego le sigue el guaro (59.288 unidades decomisadas, 7.761 solo en 2020) y de tercero está el ron (55.071 unidades decomisadas, 16.201 solo en 2020).

Del 2017 al 2019 incrementó considerablemente la cantidad de decomisos por trasiegos de licor de manera ilícita. Se pasó de 90.191 unidades de licores decomisadas en 2017 a 193.017 unidades en 2019, alrededor de 100.000 más.

En este primer semestre del 2020, en el caso de ron y vodka, ya se superó la cantidad de unidades decomisadas de estos licores en todo el 2017 y 2018. El año podría cerrar con una cifra histórica pero, para Arguedas, no se puede solucionar el problema con solo hacer más decomisos.

“Policialmente, no es mucho lo que se puede hacer, porque en realidad se ha hecho bastante, me parece que atacar el problema que genera el contrabando sería la solución y, obviamente, el contrabando se da porque hay cierta impunidad y hay un atractivo para el traficante que compra un producto en la frontera a un precio “x” y puesto en el área metropolitana puede triplicar o cuadruplicar su precio, obviando el pago de impuestos.

“Si fuera policialmente pues podríamos poner un control de carretera fijo las 24 horas del día en un cuello de botella geográfico desde un punto del país como, por ejemplo, el kilómetro 37 (Río Claro de Golfito), que está la Policía de Fronteras, y ahí una modificación legal para que se puedan inspeccionar, absolutamente, todos los vehículos que pasen.

“Porque en el escenario legal costarricense usted para poder verificar un vehículo de esos tiene que construir una notitia criminis y en esta tiene que estar, debidamente, especificado qué es lo que se está buscando, así como caracterizar cuál es el objetivo que se está buscando, si es un automóvil azul solo se debería parar este tipo de vehículos en carretera, si se detiene uno verde se estaría cometiendo una especie de abuso porque este no era el objetivo”, explicó.

El subdirector general de Fuerza Pública destaca que el contrabando es un problema, sumamente, serio que no solo genera grandes pérdidas económicas para el país, sino que también golpea la salud pública a gran escala.

“Obviamente, hay una afectación económica muy grande, la cantidad de dinero que se pierde por la evasión de impuestos es altísima. También hay afectaciones a la salud porque los productos que están ingresando por mercados oficiales costarricenses están sometidos a regulaciones del Ministerio de Salud, para asegurar que lo que está ingresando no atente contra la salud de los habitantes. Con los productos del contrabando no se conoce el proceso de fabricación o si pueden venir adulterados, ya sean licores o medicamentos.

“Además, las redes criminales que se tejen entorno a esto, el acto ilegal puede llevar a que la persona se sienta tentada a decir ‘mirá, ya hoy no voy a llevarme únicamente unas botellas de whisky, sino que también voy a echar un kilo de cocaína o marihuana’, entonces ya al haber ingresado a una red o actividad criminal podría generar que las personas den un paso mal e ingresen a otros mercado ilícitos que, al final, pueden traer consecuencias más nefastas como podría ser el tema de delitos contra la vida que está muy asociado al tema del narcotráfico”, detalló.

Atacar el problema de raíz

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio llícito indica que, para atacar mejor el contrabando, se debe fortalecer la imposición de sanciones administrativas, penales y civiles por el comercio ilícito de cargamentos. Resalta que esto debería ser una prioridad para prohibir a los comerciantes ilícitos explotar los mercados con los regímenes penales más débiles.

También subraya que el marcado fiscal y los sellos fiscales han surgido como un enfoque reglamentario potencial para aumentar los ingresos fiscales y reducir el mercado ilícito de alcohol, pero que la aplicación de estos programas es costosa y sus efectos reales en el contrabando, la falsificación y otras formas de comercio ilícito de licor son mixtos.

En Costa Rica, los contrabandistas han buscado formas para evadir las sanciones penales que puede desencadenar este delito, como trasegar cantidades que no sobrepasen la cuantía fijada por la ley, con el fin de evitar la pena de cárcel y solo atenerse a procesos administrativos en caso de ser detenidos.

De acuerdo con la legislación costarricense, el primer indicador para determinar si se está frente a un delito de contrabando o no, es que los bienes incautados tengan un valor que supere los $5.000, según el artículo 211 de la Ley N° 9328 para mejorar la lucha contra el Contrabando, el cual detalla que:

“Será sancionado con una multa de dos veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco años, cuando el valor aduanero de la mercancía exceda los cinco mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal”.

El Ministerio Público indica que no siempre se va a solicitar prisión preventiva o alguna otra medida cautelar (impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo, firmar periódicamente, etc.), cuando una persona es sospechosa de cometer este delito.

La legislación establece que se debe valorar la existencia de peligros procesales; por ejemplo, si la persona imputada tiene peligro de fugarse del proceso, de obstaculizar la investigación, de reiteración delictiva, entre otros.

Ante esto, la directora de la PCF, Jacqueline Soto Rivel, apunta que “hay mucha gente que aunque se aprehenda y se le realice el proceso judicial, generalmente van a seguir, en muchas ocasiones, en la misma actividad, porque es un modus vivendi. Es lo mismo que pasa con el que asalta o el que está metido en el tema del narcotráfico. Muy difícilmente van a dejar de hacerlo, es como su modo de trabajo o forma de ganarse la vida”.

De hecho, según datos del Poder Judicial, solo cuatro personas han sido sentenciadas por los delitos de contrabando y contrabando fraccionado en los últimos cuatro años. Tres de esas personas fueron condenadas y una absuelta. La última condena se dio en marzo de este año, por el delito de contrabando.

Nadie ha sido condenado por el delito de contrabando fraccionado en los últimos cuatro años, aunque este esté tipificado en el artículo 213 de la Ley N° 9328. Para este contrabando, donde el umbral de punibilidad puede ser menor, los actos deben ser realizados por el mismo infractor en un periodo de 12 meses, pero que en ese lapso sumen el monto de $5.000.

Sobre esto, la directora de la PCF mencionó: “En el tema judicial yo no me podría meter por qué el fiscal o el juez determinó que no va a haber sentencia o si le hicieron alguna medida alterna, ahí habría que ver de los casos cuántos fueron sentenciados y cuántos fueron por medida alterna. Pasa lo mismo con los delitos de propiedad intelectual, muchísimos de los casos no van a pena privativa de libertad porque la idea no es esa.

“La acción del derecho que se pretende, que están manejando por lo menos algunos jueces, a lo que yo tengo entendido, es que cada vez haya menos penas de ese tipo, supongo que debe ser por ahí el sentido que pueda tener o que haya alguna debilidad en el proceso, que lo desconozco porque nosotros cuando hacemos las investigaciones recibimos la dirección funcional entonces el fiscal nos va direccionando y nos va solicitando qué requiere”.

En respuesta a la consulta de por qué no terminan con una sentencia la mayoría de contrabandistas, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual explicó a La Nación que en muchos de los casos se está a la espera de un juicio; en otras ocasiones existe una fecha para debate; sin embargo, por múltiples razones, este se deja sin efecto y es necesario que se reprograme.

“También ocurre que en algunos casos se dictan sobreseimientos o desestimaciones, pero no solo tiene que verse el umbral de punibilidad, sino que debe analizarse que la prueba sea suficiente contra la persona que se considera imputado”, precisó la Fiscalía.

Jacqueline Soto alega que el contrabando no va a disminuir por más acciones que se tomen, pero que a nivel de Ministerio de Hacienda existe la Comisión de Comercio Ilícito, la cual se encarga de trabajar con un comité técnico para valorar propuestas de trabajo con el fin de atacar este delito.

“El tema de evasión fiscal y contrabando es un tema de lucha diaria, o sea no se va a disminuir, es como si yo dijera que se van a eliminar los homicidios, o sea jamás. Siempre va a haber mecanismos.

“En este mes (agosto) se abrió el puesto de El Brujo (Pérez Zeledón) que durante más de nueve años estuvo cerrado y ese es un puesto muy importante que nos va a ayudar a poder controlar las mercancías que pasen por ese sector. En el kilómetro 35 está la Policía de Fronteras en conjunto con nosotros realizando también las intervenciones. En la zona sur tenemos un proyecto de trabajar por controles aleatorios. La legislación también ha ayudado, por ejemplo, con el tema de los delitos fraccionados”, dijo.

Soto Rivel también afirmó que la pandemia de covid-19 les afectó a ellos como entidad, ya que se tenía planeado robustecer la PCF para abarcar más zonas (es la Policía más pequeña del país), pero que por la situación económica actual no se pudo contratar más oficiales, aunque el último año se hayan sumado 21.

“De hecho, a raíz de eso es que hemos hecho las alianzas con los diferentes cuerpos policiales que nos ayudan a hacer las diferentes intervenciones, pero con la asesoría de nosotros. Sin embargo, este año ha sido bastante favorable a pesar de la pandemia. Ya llevamos una diferencia de más de 10 millones de unidades de cigarros decomisados más que en el mismo periodo del 2019. Esto es un esfuerzo importante y es un resultado muy relevante”, aseveró.

Hasta este 8 de agosto, el total de unidades de contrabando decomisadas por la PCF asciende a 33,5 millones, total que supera en 10 millones la cantidad decomisada en el mismo periodo del 2019. Estos decomisos se dieron en 1.200 operativos realizados por este cuerpo policial en diferentes zonas del país.

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