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Ciudad Quesada. “Hoy me siento impotente, porque todo este asunto está en manos de otros, que no comprenden mis dificultades ni la magnitud del daño que se me ha causado...”.
María de los Ángeles Otárola Soto, de 52 años, resumió así la lentitud del Estado para tramitar su denuncia de que sociedades relacionadas con la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, presuntamente usaron su nombre para presentar declaraciones tributarias.
La mujer, quien es una costurera sancarleña, pero no puede trabajar pues padece de un constante y fuerte dolor de huesos que le impide caminar normalmente, dijo que su hijo todavía no logra que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la asegure como dependiente familiar.
Argumentó que se lo niegan, pues en el Ministerio de Hacienda sigue apareciendo como “contribuyente con ingresos millonarios”. Ella insiste en que tales ingresos no son reales.
Recuento. La situación de María de los Ángeles Otárola fue revelada por La Nación el 5 de julio del 2014 , cuando se dio a conocer que a ella le rechazaron, el 7 de enero de ese año, una gestión para asegurarse presentada por un hijo suyo en la CCSS de Ciudad Quesada, porque tenía actividades económicas propias y declaraba impuestos en Tributación.
Al consultar en Hacienda, le informaron que desde el 2004 ella era contribuyente de impuestos sobre la renta, pues le dijeron: “Usted le da asesoría profesional a una empresa que se llama Inversiones Beyof”. En esa sociedad figura Ofelia Taitelbaum.
El 7 de julio del año pasado, tan solo dos meses y dos semanas después de ser reelecta como defensora, Taitelbaum renunció al cargo , al tiempo que el Ministerio Público, Tributación Directa del Ministerio de Hacienda y la CCSS, informaron de que habían abierto pesquisas para determinar posibles irregularidades.
Casi un año después, las entidades contestaron que las indagaciones siguen en trámite.
La Nación intentó ayer conocer el criterio de Taitelbaum, pero los teléfonos que tenía ya no le pertenecen y otro no lo contestó.
Dificultades. María de los Ángeles Otárola dijo que no contar con seguro social le genera grandes dificultades. Aunque explicó que la Caja, por razones humanitarias, no le niega la atención médica, no le brinda los medicamentos que requiere para su tratamiento, que en una farmacia privada tienen un precio cercano a los ¢80.000 mensuales.
“Lo más duro para mí es que cuando no tengo medicinas, debo aguantarme el dolor y esperar a que mi hijo me consiga algunas.
”Son muchos los meses que llevo sufriendo los dolores. Le agradezco a la Caja que a veces me da algunos de los medicamentos, pero el tratamiento no lo estoy tomando regularmente, dada mi pobreza”, comentó.
Esta mujer, quien habita en un barrio al norte de Ciudad Quesada, dijo que desde mediados del año anterior no volvió a tener contacto con la exdefensora.
“Ella me pidió no revelar detalles del asunto y me hizo unas promesas (...), las rechacé; creo que cumplí con mi deber, aunque se me causó un gran daño en lo emocional (...). No es posible que me hayan hecho pasar como consultora para evadir al fisco, cuando en la realidad, tan solo soy una analfabeta”, concluyó .
