Más de 2.600 kilos de cocaína han circulado este año por los puertos del Caribe a bordo de contenedores dirigidos a Europa, Estados Unidos y Guatemala, sin que nuestras autoridades se hayan percatado de su paso por Limón.

El problema no es nuevo, pues el año pasado en un solo embarque detectado en octubre, las autoridades españolas encontraron más de seis toneladas de cocaína que habían salido de Costa Rica.

Mientras eso ocurre, el Gobierno y la empresa APM Terminals, administradora del megapuerto en Moín, siguen sin lograr un acuerdo que permita la puesta en marcha del monitoreo de cargas que salen por la principal terminal marítima de exportación de nuestro país.

Actualmente, el cuello de botella se centra en que ni APM, ni el Gobierno, asumen el costo que conlleva ajustar las imágenes que emite el escáner instalado en Moín desde febrero pasado, para que sean asimiladas por el Centro de Inspección Remoto (CIR) que estará en San José y que realizará la interpretación y análisis.

Aunque varios envíos de coca detectados este año ocurrieron antes de que la empresa holandesa APM entrara en operaciones (28 de febrero), en mayo se detectaron 1,600 kilos en un navío que llegó a Róterdam, Holanda.

Posiciones encontradas

El viceministro de Comercio Exterior y presidente del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac), Duayner Salas, dice que en marzo advirtieron a APM Terminals de que el formato de aduanas es el TICA y para la comunicación del escáner con el centro de inspección se requiere un sistema tecnológico denominado UFF 2.0, según recomendación de la Organización Mundial de Aduanas.

El funcionario indicó que durante las pruebas para poner el sistema en funcionamiento el 1.° de julio, como lo había programado el Gobierno, surgieron los inconvenientes que obligaron a postergar el inicio.

Ahora sostienen una negociación con APM “para que ellos hagan el desarrollo. La expectativa es que pueda ser asumido por ellos y que tomen la decisión de hacer el ajuste lo antes posible”, dijo.

Por su parte, Kenneth Waugh, exdirector general de APM Terminals, señaló que la modificación para que las imágenes del escáner sean compatibles con el TICA es posible, pero el costo no va a correr por cuenta de ellos, e incluso desconocen la inversión que implicaría.

Agregó que luego de tres años de advertir a Conafac sobre la necesidad de revisar la compatibilidad en los formatos, hasta finales de junio APM Terminals fue informada sobre un nuevo requisito para la integración de los sistemas.

“Confiamos en que las autoridades asignen al centro de monitoreo la importancia que amerita. Es de vital importancia que Costa Rica mejore los controles de seguridad en las exportaciones para evitar el trasiego de drogas y mantener la calificación portuaria del país”, agregó Waugh.

En río revuelto…

Mientras las partes se ponen de acuerdo, las organizaciones criminales perciben la carencia de controles, lo que podría facilitar el trasiego de drogas, armas, dólares, contrabandos y otras cargas ilícitas a través de contenedores que entran y salen por el megapuerto de Moín, Limón.

El “Reporte de Situación 2018” del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consigna que cuando falta supervisión, se abre una oportunidad para delinquir, pues se les solventa un obstáculo.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirma que la implementación del escaneo ayudará a evitar que los productos de exportación salgan contaminados con estupefacientes, que a veces son cargados en nuestro país y otras veces se detectan en cargas de otros países que van en tránsito por nuestros muelles.

“Entiendo que están cerca de solventarse las dificultades tecnológicas”, expresó Soto.

Uno de los principales gestores del sistema de monitoreo desde la anterior administración, cuando era viceministro de Agricultura, y ahora como director del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Bernardo Jaén, afirmó que todavía no hay nueva fecha para iniciar el escaneo.

Dijo que el 16 de julio los representantes de instituciones estatales y la empresa APM se reunieron para buscar una solución y se acordó un encuentro con la empresa que brindó el software para la inspección remota y con la empresa proveedora del escáner de APM.

Según Jaén, urge una salida, porque actualmente todas las partes pierden: el Estado porque no puede asegurar lo que va en los contenedores y los exportadores porque se les incrementan los costos en puertos de arribo y sufren retrasos ante las inspecciones a las cargas.

De igual manera, pierde la empresa que proveyó el escáner a APM, denominada L3, y la que elaboró el software para el CIR, llamada S2, debido a que para futuras demandas de servicios, se toma en cuenta la negligencia en la conciliación, detalló Jaén.

“Seguimos sin establecer una fecha porque primero se verá el costo, quién lo paga y el tiempo requerido para homologar sistemas”, afirmó el director de Senasa.

Exportadores exigen fecha para el monitoreo

“Qué lamentable, seguimos por años con el mismo problema. Es increíble ver como continúan contaminando nuestras cargas, pues así lo evidencian las incautaciones de droga a la llegada de nuestros productos en el extranjero”, dijo Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexpo).

Para ese sector productivo, lo más preocupante es que a estas alturas el Gobierno no tiene fecha definida para inciar la revisión no intrusiva de las cargas, mediante un escáner que desde el 28 de febrero está listo para operar.

“Lo que no tiene fecha, no está en agenda. Hacemos un llamado a las autoridades para que establezcan cuándo se va a contar con el centro de monitoreo en función”, acotó.

Como los productos ticos salen sin ese control, se encarece y dificulta el acceso a los puertos internacionales, pues a su llegada se les aplica una revisión diferenciada que afecta principalmente los productos agrícolas. “Los productos frescos tienen una vida de anaquel de 30 días, por lo que cada hora cuenta”, aseveró Bonilla.

También les preocupa que el 21 de agosto una delegación de Estados Unidos viene a inspeccionar la seguridad portuaria en el Caribe, y el escáner les hubiera ayudado a tener una mejor calificación por parte del principal socio comercial del país.

La embajadora de Estados Unidos, Sharon Day, visitó en junio la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa donde expresó la falta de atención en ese ámbito.

“Todos trabajamos juntos para asegurar que el escaneo de carga pueda mejorar y ser compartido entre nuestros servicios de aduanas, pero no existe una fecha límite para este esfuerzo colaborativo”, lamentó la embajadora.

Casi listo

Jaén afirmó que cuando se solucione el problema de homologación, el resto está listo, pues ya se tiene a 20 funcionarios capacitados para trabajar los diferentes turnos y desarrollar el protocolo.

Además, el centro de inspección ya tiene los equipos y la conectividad, facilitada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En el centro habrá funcionarios de Senasa, el Servicio Fitosanitario del Estado, la Dirección General de Aduanas y la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad.

Jaén añadió que ya hay convenios firmados. Luego se avanzará con APM para ver el flujo de las inspecciones en el puerto.

El funcionario tiene claro que a los empresarios les afecta el costo y también sabe que el puerto de Moín puede entrar en categoría de alto riesgo, por lo que espera un resolución pronta.

“Hay una serie de consecuencias fatales para la imagen del país y sus resultados comerciales. Nosotros, por supuesto, queremos asegurarle al empresario las condiciones de la mercadería que envía”, sostuvo.

Recordó que una vez que el sistema esté operando, la rectoría la asume el Ministerio de Hacienda, entidad que proyecta extender el escaneo a otros puertos y aeropuertos del país, en función de volúmenes de carga.

En relación con otros dos escáneres móviles, que donó China unos 15 años atrás y que nunca entraron en operación, dijo que siguen embodegados, pues están desactualizados y no se les dio mantenimiento.