Dueños de vertederos ilegales en Nosara utilizan violencia para alejar a las autoridades

Así respondió a La Nación el coordinador del departamento de Gestión Ambiental del municipio, Jorge Isaac Esquivel Jiménez, tras ser consultado por la demora de más de cinco años que ha tenido el gobierno local y demás instituciones públicas para detener de una vez por todas este problema, el cual ha sido denunciado por vecinos en incontables ocasiones y nunca acaba.

“Los vertederos ilegales no son objeto de clausura como si fuera una construcción o una actividad comercial, que eventualmente pueda continuar debidamente regulada. Lo que se hace en estos casos es emitir notificaciones que estipulan la imposición de obligaciones compensatorias. A diferencia de los actos de clausura, las notificaciones no generan expectativa para continuar.

“En el distrito de Nosara actualmente se tienen dos procesos en dos sitios utilizados como basureros clandestinos: uno ubicado en Santa Marta de Nosara y otro ubicado en el sector de Nosara Springs. En este segundo caso, no ha sido posible realizar la notificación personal, por cuanto se estará coordinando la presencia policial, ya que al momento de apersonarme a la propiedad fue necesario mi retiro inmediato, por tratarse de personas inescrupulosas sumamente violentas”, describió el funcionario.

Aunque los vecinos aseguran que los desechos provienen de construcciones de apartamentos y hoteles de la zona, el municipio alega que aún no se tienen identificadas a las personas que recurren a estos sitios a desechar escombros. Por esto, aunque se elevó un caso a la Fiscalía en julio de 2021 (oficio MN-DPTSA-DGA-301-2021), “se presentó únicamente contra propietarios y el dueño del único vehículo del que se tiene prueba al momento de ingresar al sitio a depositar residuos”.

“En el caso de Nosara, es evidente que el mayor volumen de residuos ligados a basureros clandestinos proviene de la actividad constructiva; sin embargo, no se tiene identificado al día de hoy con exactitud las empresas que incumplen la legislación ambiental y marco jurídico. En este sentido la intención ahora es obligar a las empresas desarrolladoras a presentar documento probatorio de la disposición legal de los escombros de construcción generados en cada uno de sus proyectos”, agregó.

Asimismo, el gobierno local reclama que el problema de estas quemas ilegales en Nosara persiste “por las mismas circunstancias que persisten en cualquier parte del país”, debido a la falta de aplicación de principios ambientales en la población, pero también por la existencia de plazos poco expeditos en instancias judiciales, “fomentado largos plazos de tranquilidad a los infractores, así como generando pérdida de credibilidad del funcionario público que trabaja en campo y de la institución que representa”.

Inacción del Estado

La Nación envió consultas a los Ministerios de Salud y Ambiente para conocer cómo han avanzado las acciones de respuesta a las denuncias que han presentado los vecinos de Nosara contra los vertederos clandestinos y las quemas ilegales. Al cierre de este reportaje ninguno respondió las preguntas y aunque la Municipalidad de Nicoya alegó haber tomado medidas en el asunto, los residentes del distrito guanacasteco siguen urgiendo resultados porque la situación no merma.

Bomberos confirmó que el asunto empeoró desde hace tres meses y que prácticamente todos los días se reciben alertas.

Este medio tuvo acceso a las denuncias que presentaron vecinos con apoyo legal y las respuestas que les dieron las instituciones y el gobierno local, lo que demuestra que las autoridades conocen la problemática, la afectación en la salud de cientos de ciudadanos, el ecosistema y los canales de agua.

Este periódico preguntó cuántos vertederos ilegales se han cerrado y qué acciones se han tomado contra los dueños de los terrenos y quienes vierten la basura. También se consultó si se ha identificado a las personas que participan en esto y qué tipo de residuos son los más comunes en los sitios, ya que los vecinos aseguran que se trata de escombros de construcciones.

No obstante, ni los Ministerios de Salud y Ambiente o la Municipalidad de Nicoya han podido responder esas interrogantes.