EscucharUn informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos desnuda los graves abusos cometidos en perjuicio de los derechos humanos de los reos en las cárceles ticas, durante el 2013, causados por la sobrepoblación.
El documento fue publicado el jueves anterior y señala que con un nivel de hacinamiento del 38% (lo recomendable es que no supere un 20%), hay inadecuadas condiciones de sanidad, dificultades para la atención médica, violencia entre presos y falta de personal administrativo y custodios.
Además, apunta que la sobreocupación dificulta la seguridad y el control de los reos, lo que contribuye a que haya violencia. Por otra parte, informa de que hay inadecuados espacios para descanso, colchonetas deterioradas para dormir y abuso de drogas.
Según el informe, a agosto del 2013, había 13.694 personas en el programa institucional, 14.942 en la comunidad, 2.125 en modalidad semiabierta, 739 en penal juvenil y 847 mujeres.
EE. UU. llamó la atención sobre la población sin condena, pues a junio del 2013, había 3.184 indiciados, es decir, cerca de un 23% de los encerrados. En San Sebastián, centro con más indiciado, había 1.159 individuos, pero solo caben 664, lo que propicia las condiciones de insalubridad.
Reacción. La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, aseguró recibir con preocupación el informe, pero sostuvo que el Gobierno ha realizado esfuerzos. Por ejemplo, mencionó que el próximo mes finalizará la ampliación de 1.250 espacios en cuatro cárceles y no han dejado de desinstitucionalizar casos especiales para que cumplan su pena en libertad.
En octubre pasado, por ejemplo, el juez de ejecución de la pena, Roy Murillo, ordenó la reubicación de 370 reos sentenciados en San Sebastián a otras cárceles, lo cual provocó una salida de igual número de reos a la calle para que les dieran campo a aquellos.
Garita señaló que el año pasado se construyó una clínica en La Reforma, que costó ¢650 millones, y se aprobaron 200 plazas de policías. Este año, indicó, se incluirán 100 plazas para personal técnico.
Manifestó que del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones, en abril sacarán a licitación la construcción de tres unidades productivas en Nicoya que darán espacio para 550 personas, y cuatro unidades en La Reforma para 800 reos.
La ministra llamó la atención sobre el elevado ingreso de reos a las cárceles. Según dijo, cada semana reciben 150 nuevas personas y el sistema no tiene capacidad. “Habría que construir una cárcel cada dos meses para atender a estas personas. Requerimos un debate sobre la política punitiva del país, sobre el uso de la prisión preventiva y sobre los períodos de las penas”, aseguró la funcionaria.
Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, expuso que desde su punto de vista la situación que se vive en las cárceles es el talón de aquiles en materia de derechos humanos en Costa Rica, lo que calificó como ‘vergonzoso’.
El juez considera que el Poder Ejecutivo no ha tomado las medidas apropiadas para resolver el problema. “Esto es un asunto estructural y no podemos seguir con condenatorias individuales, la forma de atacarlo es estructural, sin quitarle recursos del presupuesto a este sector”.
José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el informe estadounidense debe tomarse con “el debido cuidado” para responder adecuadamente a los señalamientos que se hacen sobre las debilidades en el cumplimiento de los derechos humanos.
Arroyo puntualizó que los jueces deben tener conciencia del carácter excepcional de la prisión preventiva para que se aplique en casos realmente graves, además, que el país debe volver a evaluar la pena de prisión para los hechos de menor gravedad y discutirse la pertinencia de penas de prisión que lleguen a los 50 años. Paralelamente, mantener una política de construcción carcelaria.
