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Por primera vez en su historia, Costa Rica debe hacerle frente a estructuras criminales complejas, profesionales y altamente violentas. El incremento súbito en homicidios y el avance del narcotráfico han tomado a las autoridades desprevenidas. Frente a esto, los especialistas en seguridad han recurrido a la experiencia de otros países que llevan décadas en luchas similares.
Ese es el aporte que vino a hacer el exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, quien compartió a La Nación su perspectiva sobre un problema que angustia a los costarricenses, pero también se extiende por todo el continente.
Como jefe policial, Naranjo lidió con narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, José Rafael Mono Abello y Pablo Escobar, este último fallecido en 1993, durante una operación de la que Naranjo formó parte.
También fue negociador plenipotenciario del gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Gracias a este currículum, él fue de los invitados estelares al Foro de Seguridad realizado este viernes en la Universidad Fidélitas, en Curridabat, con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el fiscal general, Carlo Díaz, entre otras autoridades de seguridad y figuras políticas.
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Para Naranjo, la cooperación internacional ha sido insuficiente por “barreras ideológicas” que impiden una respuesta conjunta frente a grupos criminales cada vez más organizados.
Mientras algunos políticos buscan hacer populismo con la seguridad, señaló, las verdaderas soluciones son la persecución dura, la prevención y los incentivos penales para disminuir el narcotráfico. Pero esto no se puede lograr si la ciudadanía no está “conectada emocionalmente” con los gobernantes, lo que solo sucede a través de la transparencia, la rendición de cuentas y entregando resultados, sostuvo Naranjo.
– ¿En qué se le parece Costa Rica a lo que usted ha vivido en Colombia?
– Esta explosión de crimen y de violencia se enmarca en un contexto regional latinoamericano que, yo digo, tiene a Latinoamérica en el peor momento de su historia en la lucha contra el crimen organizado. Hemos superado las etapas de los grandes carteles mexicanos y colombianos con estructuras centralizadas, con línea de mando vertical muy monolíticas, con unos jefes muy visibles, míticos, a unas organizaciones muy fragmentadas.
“Algunos observatorios de violencia están indicando que hay 780 organizaciones en América Latina con capacidad de impacto estructural. Esa realidad que se vive en Latinoamérica desde luego incluye a Costa Rica, donde hay un triple fenómeno: la contaminación del tráfico a gran escala, el narcomenudeo y la apertura de nuevos portafolios de economía criminal que tienen que ver con la extorsión, con el cobro de cuentas, los préstamos ‘gota a gota’.
“En el caso de Costa Rica en particular, yo creo que se ha superado la etapa donde por muchos años se dijo que Costa Rica es un punto de tránsito. Hoy, yo diría que no es solamente un punto de tránsito, sino que también es un punto de distribución para el consumo local. Y lo primero que habría que reconocer, que les cuesta mucho a nuestras sociedades en América Latina, es que terminamos siendo países también consumidores”.
– ¿Qué cree que ha fallado en la cooperación de los países latinoamericanos?
– Pues es que la gran paradoja es esta: el punto de partida para yo afirmar que estamos frente al fracaso, en términos políticos, frente al crimen organizado, es que mientras el crimen organizado se estructura, se unifica y va siendo transnacional y se coordina, los procesos de integración políticos regionales en América Latina están destruidos o paralizados. Hay más integración del crimen que de nuestros gobiernos para hacerle frente común. Y yo digo que ahí habría que romper las barreras; primero, políticas, a veces ideológicas, que impiden esa integración.
– ¿Cuál debería ser el abordaje del Estado en cuanto al uso de la violencia contra este tipo de organizaciones?
– Yo creo que lo primero que hay que derrotar es una especie de secuestro ideológico de la seguridad. La seguridad parece estar secuestrada ideológicamente por dos extremos: el extremo que parte de que la mano dura es la solución al problema de la delincuencia. Y, en la otra orilla, la idea de que mientras haya pobreza, desigualdad, habrá violencia. Creo que esos dos extremos están impidiendo construir un concepto de seguridad que reconozca que la seguridad es un valor democrático y un bien público universal.
“Una política frente a este crimen organizado debe soportarse sobre un concepto de desmantelamiento del crimen; construir una línea clara para la persecución policial y judicial del crimen organizado para someterlo a la ley. Son incentivos penales para desmontar organizaciones y generar una política de prevención para que no se recicle y no haya nuevos reclutamientos que estén permanentemente reemplazando a quienes uno sometió a la ley o a quienes se sometieron voluntariamente a la justicia.
“Pensar una política de desmantelamiento de manera integral supone abrir los tres escenarios: persecución dura en términos policiales y judiciales, caminos a la creación de incentivos desde el punto de vista penal para que ellos se sometan voluntariamente, y política de prevención de aparición de nuevos grupos criminales.
Mientras eso pasa, hay que reconocer otra cosa: en el caso del narcotráfico, estamos frente a un delito típicamente transnacional y, por lo tanto, se necesitan medidas transnacionales, incluso en materia de justicia. Uno de los instrumentos más eficaces es la extradición, porque es la figura que le da tratamiento transnacional a ese delito”.
– ¿Cómo concatenar una policía fortalecida cuando el narcotráfico está permeando en cuerpos policiales y el sistema judicial?
– Hay que partir de una premisa, y es que negar la corrupción es un gran error. Para uno salir y enfrentar por cualquier vía el narcotráfico, hay que tener la casa en orden. La casa en orden significa que uno se asegura de no tener corrupción.
– Costa Rica, en los últimos años, ha tenido un decrecimiento de sus cuerpos policiales. ¿El éxito de las operaciones depende de un mayor financiamiento, de un mayor compromiso de gobiernos con una profesionalización y un pago consecuente de sus policías?
– Yo creo que la fórmula integral se puede realizar de esta manera: primero, que haya una clara y evidente voluntad política de combatir el crimen. Las instituciones y la sociedad necesitan que la voluntad política sea pública, visible, que tenga una narrativa creíble para generar confianza.
“Lo segundo, que ese liderazgo construya una especie de consenso que, más allá de los partidos, más allá de las organizaciones sociales, realmente cree una masa crítica de apoyo a esa política de seguridad. Tercero, que no se entienda que la seguridad es un gasto. La seguridad es una inversión y tiene que ser proporcional al nivel de la amenaza”.
– En los últimos meses, ha habido ataques armados a jueces, fiscales y policías. ¿Qué medidas se pueden tomar cuando empiezan a ocurrir estos hechos a los que las autoridades no estaban acostumbradas?
– Cuando los criminales se ven en esta situación, donde determinan de manera brutal, injustificable, reprochable, atacar a funcionarios, eso dice que salieron de su zona de confort y que tienen preocupaciones o deseos vengativos porque algo está pasando en su contra.
“Creo que es necesario acompañarlos desde la sociedad. La función de un fiscal, de un juez, de un policía, necesita ser de alguna manera reconocida por la ciudadanía, porque eso se convierte muchas veces en una cadena de héroes anónimos sacrificados a los que nadie miró nunca y entregaron su vida por cumplir con el deber.
“Hay que protegerlos también en materia jurídica, porque además del ataque personal, el atentado personal, van a ser objeto de ataques jurídicos a su buen nombre, a su reputación. Y ahí se necesita, digamos, anticiparse a eso. Les digo sinceramente, para un funcionario público es más peligroso y más preocupante que lo ataquen jurídicamente o de modo reputacional, a que lo maten. Yo, en mi época, decía que prefería el asesinato físico a que manchen mi nombre, como intentaron muchas veces hacerlo.
“También hay que dotarlos de una infraestructura mínima, protectiva, preventiva. No es posible que haya funcionarios atacando el crimen organizado, que se mueve en esas camionetas de lujo y recurre a fusiles de altísimo poder para atacar, y los funcionarios andan en taxi o en transporte público”.
– En los últimos años, ha habido un crecimiento muy significativo de la producción de cocaína, pero también han proliferado otras drogas sintéticas. ¿Hay una reconversión de los mercados? ¿La cocaína se ha desplazado, por ejemplo, por el fentanilo?
– Los hechos son contundentes. En el año 2023, la región andina, que incluye a Colombia, Perú, Brasil y Bolivia, produjo la más alta cantidad de clorhidrato de cocaína. Colombia pasó a producir 2.600 toneladas de cocaína, esa es la cifra más alta en toda la historia. Si la región andina produjo la más alta cantidad de clorhidrato versus la tendencia al consumo del fentanilo, hay distintas hipótesis. Primera hipótesis: no es cierto que un producto sea excluyente, el otro sustituye al otro. Segunda hipótesis: no es cierto que haya un solo mercado que monopoliza eso y hay apertura de nuevos mercados, ya no solamente en Europa y en América del Norte, sino en Asia y Oceanía.
– Aparte de la cooperación internacional y el fortalecimiento de los cuerpos policiales, ¿qué otra herramienta es necesaria y de implementación urgente?
– Lo que yo noto es una angustia muy alta de la ciudadanía alrededor de esta violencia del crimen y de la delincuencia, y buena parte del ejercicio de una política eficiente tiene que ver con mitigar esa sensación. Eso se hace a través de varias líneas. Una, evidentemente, dándoles garantías a sus ciudadanos para que ejerzan su derecho y tengan libertades y protejan su vida. Pero otra, también, conectando emocionalmente con ellos. Los ciudadanos necesitan una conexión emocional con los gobernantes, porque ellos identifican si hay sensibilidad para protegerlos o no.
“Lo que no puede pasar es que la voz de los criminales pese más que la voz de los gobiernos, y no me refiero específicamente al caso costarricense, pero digo una conexión emocional con los ciudadanos y con las víctimas del delito y de la violencia. Y por otra parte, hay que caminar sobre la base de que uno necesita una institucionalidad en las calles, ganando confianza a partir de su compromiso de servicio pulcro, honesto, transparente, y se necesita desde la alta política, un acompañamiento a ese fortalecimiento de esa ciudadanía, producir resultados y mejorar los resultados”.
– ¿Qué ocurre cuando, desde el Ejecutivo, se cuestiona lo que se hace a nivel judicial, por ejemplo?
– En América Latina, hay una política demasiado reactiva, demasiado, personalista, diría yo, por no decir autocrática, que desconoce una forma elemental del Estado de derecho. Hay independencia de poderes y un Poder Ejecutivo tiene que respetar las decisiones del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Hay otra condición: es la identificación de los poderes en un Estado de derecho, y que estos tienen que trabajar de manera armónica.
– En Colombia, ¿se han tomado medidas sobre el secreto bancario para combatir la legitimación de capitales?
– El mundo ha firmado convenios, tratados. América tiene sus propias convenciones, donde se fijan estándares de cumplimiento de la transparencia para combatir el lavado, y la verdad es que el reto de los países ya no es solamente salir de las listas negras que los calificaban como paraísos fiscales, sino también avanzar para no quedarse en la zona gris.
“Tener conciencia de que uno está en zona gris es muy importante para poder avanzar y salir de esa lista gris. Eso incluye el tratamiento, por ejemplo, al secreto bancario. La legislación en eso es bastante moderada, no pide que desaparezca el secreto bancario, lo que pide es que sea transparente cuando hay sospechas de que el origen de sus capitales es ilícito.
“Frente al lavado de activos, frente a las finanzas criminales, hay un gran reto. Un gran déficit en toda esta lucha, en los últimos 40 años, es que nos hemos enfocado en capturar delincuentes, en decomisar droga, pero poco nos hemos ocupado de desmantelar las finanzas. Cuando uno revisa el volumen de utilidades de esas finanzas, la pregunta es ¿dónde está? Con toda seguridad, la totalidad de esa utilidad no está en nuestros países, está afuera, y ahí hay que hacer las preguntas para saber adónde se quedó”.
