La cárcel más nueva del país, llamada Terrazas y ubicada en San Rafael de Alajuela, está lista para usarse. No obstante, la falta de presupuesto impide que el Ministerio de Justicia pueda ocuparla, justo en momentos en que el hacinamiento penitenciario ronda el 22%.

Según confirmó la propia cartera a este medio, la constructora Van Der Laat y Jiménez terminó las obras de este centro penal a finales de diciembre, con excepción de las instalaciones deportivas, las cuales concluyeron en febrero.

A partir de entonces, Justicia debía equipar con camarotes, cocinas, comedores, lavandería, entre otros, la infraestructura que aumentaría la capacidad del sistema penitenciario en 1.248 espacios para hombres. Una vez hecho eso, debía ubicar tanto su personal, como la población penal. Sin embargo, en este último paso está el problema.

En una entrevista con este medio, la ministra del ramo, Fiorella Salazar, admitió no tener contenido presupuestario para contratar ni personal administrativo, ni técnico (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, orientadores, entre otros) ni mucho menos policial, situación que preocupa altamente a la Asamblea Legislativa, a organismos y hasta a un exjerarca de Justicia.

Por ejemplo, solo en el área administrativa se necesitan cerca de 20 nuevos puestos, detalló.

Eso sí, indicó que desde setiembre pasado está en comunicación con el Ministerio de Hacienda para gestionar la creación de plazas y, aunque hay que analizar la “posibilidad real” de financiarlas, se siente optimista al creer que, para el próximo semestre, ya Terrazas podría estar en funcionamiento.

Después, la solicitud deberá llegar a la Asamblea Legislativa para su aprobación. La ministra hizo hincapié en que ya los legisladores conocen de esta necesidad, puesto que en setiembre se los hizo saber tanto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como en Hacendarios.

Sin embargo, en aquel momento no las incluyó en el presupuesto porque, como la obra no estaba lista, aún no las iban a utilizar, dijo.

“Creo que hay buen ambiente (en la Asamblea Legislativa) porque (se trata de ocupar) una nueva infraestructura y eso es lo que nos piden mucho los diputados. Creo que la necesidad es clara (...) y hay que estar claros ahora que con cada nueva estructura que se construya se necesita nuevo personal”, apuntó Salazar.

Por lo pronto, Justicia trabaja en adelantar procesos de reclutamiento de policías penitenciarios, para que, una vez que tenga el visto bueno de los diputados, la contratación sea lo más rápida posible.

En paralelo, también irán analizando cuál podría ser el perfil de los reclusos indiciados (acusados de un delito) y sentenciados que serían trasladados a esta nueva infraestructura.

Un ‘pulmoncito’ en medio de elevada prisionalización

Más allá del momento en el que se pueda poner a funcionar, la ministra afirmó que se trata de una prisión necesaria para disminuir el hacinamiento que azota al sistema desde hace muchos años.

A diciembre pasado se tenían 15.486 reclusos, mientras que la capacidad real es de 12,691 personas, lo cual da una sobrepoblación de 22%.

“Son 1.248 espacios. Es un respirito. No es la solución al problema de sobrepoblación, es un respirito que nos permite acomodar un poco mejor y balancear las cargas de los demás centros (...) Es un pulmoncito pequeñito que nos permite balancear cargas”, expresó Salazar.

Sobre ese hacinamiento, Marco Feoli, exministro de Justicia y gestor de la construcción de esta cárcel, aseguró que este es un tema al que se le debe poner más cuidado, ya que, según indicó, el actual nivel de prisionalización se puede comparar al de Brasil o El Salvador, países con las mayores tasas de encarcelamiento en América Latina.

“La situación aquí va más allá de si entra o no en operación (el nuevo centro penal). El verdadero asunto es cómo llegamos a un punto en que tenemos tal cantidad de gente, que ni siquiera las construcciones son suficientes”, lamentó.

Agregó que este contexto penitenciario responde, primero, a las decisiones de la Asamblea Legislativa, la cual no solo es quien decide cuáles conductas son criminales, sino que también es donde se ve el asunto presupuestario.

Segundo, a que en el Poder Judicial se ordenan prisiones preventivas “sin fundamentos” y eso satura los centros penales. “Lo que nos tiene que perturbar es cómo llegamos a este punto”, concluyó el exministro.

En ese sentido, Róger Víquez, director del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, recordó que mantener centros penales con hacinamientos es sinónimo de trato degradante y de un debilitamiento del sistema como un todo.

“Además, eso propicia los auto gobiernos y la corrupción y se hace un recargo de labores de los profesionales técnicos del sistema penitenciario, violentando también derechos laborales”, señaló.

Debido a que, a su criterio, construir más cárceles no es la solución, lo idóneo sería que el Estado “establezca políticas públicas de prevención del delito”. Y así evitar la elevada prisionalización.

Preocupación por desuso

Uno de los más preocupados por el desuso de las instalaciones es el diputado Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Él aseguró que en una coyuntura como la actual, en la que el hacinamiento apremia, es alarmante que se tenga la infraestructura, pero no así una contrapartida para operarla.

“El país se expone a un gran llamado de atención por un asunto de derechos humanos, así como por un asunto de administración de justicia. Los espacios son necesarios y en efecto, tenemos la preocupación de la ministra, pero no así de Hacienda”, señaló el legislador.

Por el momento, acotó, se está a la espera de la propuesta que presenten, la cual será valorada por los diputados para determinar cómo se procederá. No obstante, instó a Justicia a que busque la manera de utilizar los recursos con los que cuenta en la actualidad y no solo llegar con una lista de plazas nuevas.

“Se necesita de un esfuerzo interno, porque no es solo un asunto de pedir, sino que es un asunto de ver cómo se reacomodan para poder hacerlo. Una vez que se tenga, se valorará y listo.

“En definitivo, eso sí, cualquier alternativa será mejor que tener una infraestructura en desuso”, puntualizó Viales.

Por su parte, Feoli lamentó todo lo que ha ocurrido con este proyecto: desde su cambio de dirección (la idea original era que fuera una cárcel de mujeres con perspectiva de género y ahora será para hombres), hasta su no funcionamiento.

En su criterio, si se hubiese mantenido el objetivo inicial, la cárcel ya estaría funcionando.

“Esto fue una decisión precipitada e injustificada (de Marcia González, exjerarca de esa entidad) porque dejó sin resolver una deuda histórica que se tiene con las privadas de libertad (...)

“Estos problemas presupuestarios y de plazas no se hubieran tenido porque, en aquel momento, se pensaba hacer traslado de personal del Vilma Curling (actual cárcel exclusiva para mujeres) y llevarlo a Alajuela. Desafortunadamente, no fue así”.

Pero las alarmas también se encienden en el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Róger Víquez, su director, urgió la dotación de presupuesto a la cartera para poner a trabajar cuanto antes la prisión, puesto que su puesta en práctica mejorará la condición precaria que hoy tienen cientos de reos.

“La apertura de un centro penitenciario, además de la infraestructura, debe contemplar todos los servicios complementarios tales como la conformación de las distintas áreas profesionales para la atención de población indiciada y sentenciada, servicios médicos, servicios de seguridad, áreas de esparcimiento, aulas, talleres, etc. De lo contrario se violentarían los derechos humanos”, indicó Víquez.

Polémicos cambios en el camino

Este proyecto ha estado inmerso en la polémica casi que desde que fue anunciado públicamente, en febrero del 2018.

En aquel momento, Marco Feoli, ministro de Justicia, comunicó que gestaban la construcción de una cárcel para mujeres que tendría como pilar fundamental la perspectiva de género.

Tanto exministros de esa cartera, como el Instituto Nacional de Mujeres (Inamu) y la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes celebraron la decisión puesto que las cuestionadas condiciones en las que están las privadas de libertad.

En efecto, Feoli insistía en que esta construcción respondía a la condonación de una “deuda histórica” con las mujeres.

Sin embargo, pasado el cambio de Gobierno, la decisión cambió y, cinco meses después, dieron a conocer que se frenaba ese proyecto puesto que la situación fiscal del país obligaba a descartarlo como prioridad.

Menos de un año después, la entonces ministra de Justicia, Marcia González, indicó que sí se haría una cárcel, pero que ahora sería para hombres: una parte para indiciados y otra para condenados.

El 13 de diciembre del 2019 comenzaron las obras, valoradas en $24 millones y las cuales están ya finalizadas y a la espera de ser utilizadas.