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La Fuerza Pública detuvo una fiesta clandestina con más de 200 asistentes, la noche de este viernes, en Puriscal, San José.
El evento fue realizado en un lugar donde anteriormente existía un bar llamado “El escondite”, en la comunidad de Mercedes Norte.
Así lo confirmó el director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, en declaraciones a La Nación.
“Nos ingresó el incidente y cuando se llegó al lugar se constató que habían más de 200 personas, carros, motos. Al ver la presencia policial todo mundo empezó a retirarse.
“Se hizo decomiso del licor que tenían para la actividad. No se pudo individualizar al responsable, era una propiedad muy abierta, pero por lo menos se intervino y se logró detener la actividad”, dijo el oficial.
La Fuerza Pública no descarta que en el evento existiera venta de licor y presencia de menores de edad. De hecho, en el lugar se decomisaron unas 80 latas de cerveza.
Calderón tampoco descarta que sea un sitio en donde ya se han hecho fiestas ilegales anteriormente.
Trascendió que el pasado sábado 10 de abril se realizó otro evento clandestino en este lugar, pero ese no fue intervenido por la policía local.
En junio de 2020, un hombre infectado con covid-19 asistió a una fiesta en este cantón y provocó varios contagios. Días después, el Ministerio de Salud puso a Puriscal bajo alerta naranja.
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Las autoridades médicas han reiterado que en este tipo de actividades hay mucho riesgo de contraer el nuevo coronavirus, por lo que recomiendan evitarlas a toda costa.
Crece problemática
La Policía señala que los organizadores de estas fiestas reclutan a los jóvenes con mucha facilidad, por medio de plataformas como Instagram, Telegram y WhatsApp.
Durante las últimas fechas las megafiestas se han hecho más comunes, a pesar de la difícil situación sanitaria y económica que vive el país debido a la pandemia.
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Las autoridades confirman el incremento de denuncias por estas actividades, pero también reconocen las dificultades que tienen para atenderlas, principalmente cuando ocurren en recintos privados.
Por ejemplo, en Paseo Colón, tardaron hasta tres meses en clausurar un local donde se realizaban fiestas ilegales casi todos los fines de semana de este año.
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El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, dijo a La Nación que su cartera no cuenta con los recursos necesarios para detener la gran cantidad de actividades que se registran en todo el país.
Precisamente, este miércoles, oficiales de la Fuerza Pública tuvieron mucha dificultad para intervenir una fiesta ilegal en Upala, ya que los asistentes los recibieron con golpes y les tiraron piedras.
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Los organizadores de estos eventos se exponen a una multa de ¢450.200 (un salario base), según lo dispuesto en la última actualización de la Ley General de Salud.
Asimismo, el artículo 277 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de uno a tres años, o de 50 a 200 días multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
