EscucharEl Gobierno propuso bajar la tasa de homicidios a 9,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2030, es decir, regresar a la tasa que registraba el país en el 2014. La meta está contemplada en la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, presentada este miércoles en la Academia Nacional de Policía, en Pococí de Limón.
En el acto estuvieron el ministro de Seguridad, Mario Zamora, los viceministros Manuel Jiménez Steller y Eric Lacayo, y el presidente Rodrigo Chaves, quien luego de la presentación de la política, renunció a impulsar los proyectos de ley sobre seguridad ciudadana presentados por el Poder Ejecutivo.
El plan, que aparece a 18 meses de iniciada la actual administración, toma como base la tasa del 2022, de 12,6 asesinados por cada 100.000 habitantes, y busca que en el 2030 esta baje al menos hasta 9,5, una disminución del 25%.
La meta no toma en cuenta la proyección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgada en octubre, la cual calcula que este año cerrará con una tasa de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes; la más alta desde que se tienen registros. Este miércoles, el país llegó a 824 asesinatos en el año, cifra récord en la historia de Costa Rica.
Además, para el 2030 se pretende bajar la tasa de delitos de 1.181 por cada 100.000 personas (cifras del 2019), a 1.147, y la cantidad de femicidios de 21 (2022) a 11 o menos.
Estas metas fueron establecidas sin detallar cómo sería la progresión año por año hasta alcanzarlas.
Según el documento oficial, el objetivo general del plan es “reducir la criminalidad en todas sus manifestaciones, mediante la modernización del modelo de seguridad costarricense, la participación ordenada y sistemática de los actores institucionales y de la sociedad civil, bajo un enfoque de seguridad humana y de protección de los bienes jurídicos tutelados por el Estado de Derecho”.
La política contiene cuatro ejes: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación.
Para disminuir el crimen, la iniciativa propone aumentar la prevención y contener los factores de riesgo que inciden en la victimización y la comisión de delitos en Costa Rica; perfeccionar esquemas de proximidad policial con las comunidades; usar tecnología policial de última generación; asegurar la protección del territorio, la población, el sistema político democrático y el ciberespacio; e insertar al país en los foros internacionales que faciliten el enfrentamiento del crimen organizado transnacional.
“Este es el marco estratégico que llevaremos adelante para desarrollar en el campo las acciones que el país requiere para contener al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Se trata de un frente común de políticas de Estado que combatan a la criminalidad en el terreno, pero que, simultáneamente, incorporen las medidas preventivas urgentes y necesarias que el país requiere”, explicó el ministro Zamora.
Otras metas propuestas
El plan también busca que el porcentaje de personas que perciben que el país es seguro o muy seguro llegue al 55%, cifra que está en el 34%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana del 2022, elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Si se cumplen las metas, la cantidad de asaltos bajaría al menos en un 50%, de 9.050 en el 2022, a 4.525 en el 2030. De igual forma, el número de delitos contra la propiedad caería en un 22%, de 46.866 a 36.433, en ese mismo periodo.
La política incluye además propuestas sobre reinserción social, pues busca que la población privada de libertad sentenciada que reincida en un delito pase del 14,6% (según estadísticas del Ministerio de Justicia del 2022), a menos del 7,3% en el 2030.
En cuanto a la capacitación policial, el Gobierno pretende que para el 2030, un 75% de nuevos oficiales hayan recibido formación bajo el modelo de dimensión universitaria de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Algunas acciones estratégicas son que las fuerzas policiales aumenten sus operaciones conjuntas, que al 2030 se quintupliquen la cantidad de acciones anuales para desmantelar grupos criminales, desarrollar una plataforma de coordinación política criminal entre los tres poderes de la República, y fortalecer los escáneres y radares en todas las fronteras y zonas limítrofes, marítimas, terrestres y aéreas.
El plan otorga la responsabilidad de conducción política del plan al Consejo Nacional de Seguridad, integrado por el presidente de la República, quien lo presidirá, los ministros de la Presidencia, de Justicia y Paz, de Gobernación y de Seguridad Pública, así como por cualquier otro miembro que incluya el presidente.
El Ministerio de Justicia, a su vez, coordinará el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana, el cual conectaría a los tres poderes con instituciones municipales y comunales, así como organizaciones internacionales, académicas y ONGs.
