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La jurista Cecilia Sánchez Romero, de 61 años, asumirá la cabeza del Ministerio de Justicia y Paz, tras la salida de la jerarca Cristina Ramírez Chavarría.
El anuncio lo confirmó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno, puntualizó que se le pidió la salida a Ramírez para que apoye gestiones del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La nueva jerarca es abogada por la Universidad de Costa Rica, máster en Criminología, y laboró por más de 27 años en el Poder Judicial. Ha sido capacitadora en temas de reforma penal y procesal, derechos humanos y política criminal en América Latina.
Sánchez es también la madre del subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, quien también fue ministro de Seguridad Pública al inicio de este Gobierno.
Además, es autora de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre temas vinculados al derecho penal.
En mayo, Cristina Ramírez fue postulada para ocupar el cargo de la secretaría general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (Comjib) en España. Sin embargo, luego de presentarse oficialmente ante todos los países miembros, sorpresivamente renunció a su aspiración al asegurar que "hay compromisos con otros países que se deben respetar".
Ramírez asumió el Ministerio de Justicia y Paz en mayo del 2014, provino de la Asamblea Legislativa, donde laboró de febrero de 1998 a abril del 2002 en el Departamento de Servicios Técnicos.
En conferencia de prensa, el Presidente Luis Guillermo Solís anunció que Ramírez pasará a ser asesora del presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS).
El 11 de junio, Ramírez brindó su última conferencia, en el Colegio de Abogados, ante los altos mandos del Ministerio de Justicia, y los medios de comunicación, en la que expuso los logros y retos del sistema penitenciario durante su gestión.
En febrero pasado, Cristina Ramírez se negó a brindar a La Nación los datos de hacinamiento carcelario por ámbito, según dijo porque la información vulneraba la seguridad nacional, pero la Sala Constitucional le ordenó que la entregara.
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