Desde la semana pasada, tres niños de 11, 10 y 3 años han sido víctimas inocentes de violencia intrafamiliar: su padre es el principal sospechoso de haber asesinado a su madre, Kimberly Araya Granados, de 33 años, en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Desde entonces, sus vidas cambiaron drásticamente. Los menores quedaron bajo el cuidado de sus familiares paternos, según una decisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), informada este lunes por Kennly Garza, presidenta ejecutiva de esa institución.
Garza también señaló que, considerando la salud emocional de los niños, se decidió que no asistieran al funeral de su madre, celebrado en San Luis de Santo Domingo el fin de semana anterior. Tras los allanamientos realizados el jueves 25 de abril en Pueblo Nuevo de Alajuela, donde el OIJ detuvo al padre de los niños, estos quedaron bajo protección del PANI.
La decisión de reubicarlos con familiares paternos en Alajuela se basó en diversos criterios, como el entorno comunitario, las preferencias expresadas por los niños y la situación económica de la familia que los acogería.
Esta propíedad en San Luis de Santo Domingo, donde vivió Kimberly Araya, su esposo y sus tres hijos, ya no será el domicilio de los menores, que temporalmente quedaron un mes con la familia paterna. Foto: (Albert Marín)
Garza mencionó que el Ministerio de Educación proporcionará apoyo financiero para los estudios de los menores, y que las autoridades de salud brindarán asistencia en vacunación, apoyo psicológico y otros aspectos. Subrayó que la medida cautelar sobre la custodia es por un mes y requerirá evaluaciones continuas.
Por otro lado, la madre de Kimberly, Eraida Granados, expresó el sábado en una entrevista con Telenoticias su interés en obtener la custodia de los niños, y está en proceso de consultar con sus abogados.
¿Porqué la investigación es hermética?
Solo en el 2020 se registraron un total de 1.793 denuncias por personas desaparecidas de manera repentina, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años, pues en el 2023 fueron 3740 personas desaparecidas, de ellas 2270 fueron menores de edad y 1858 fueron mujeres.
Según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el 99% de los casos de desaparición, alguien cercano a la persona desaparecida está involucrado directa o indirectamente.
Por esta razón, los agentes trabajan en estos casos con extrema cautela, sin brindar información sobre el progreso de la investigación a la familia, ya que esto podría alertar al sospechoso.
En el caso específico de Kimberly Araya, madre de los tres niños que estuvo desaparecida durante ocho días en San Luis de Santo Domingo, Zúñiga explicó que la relación directa de su esposo con el caso justificaba la discreción en la investigación.
Una de las principales dificultades que enfrenta el OIJ en estas investigaciones es el hecho de que la desaparición en sí misma no es considerada un delito, lo que limita las acciones que los agentes judiciales pueden tomar, como la intervención telefónica, a menos que puedan probar que se trata de un homicidio calificado. Zúñiga destacó la falta de un marco regulatorio que otorgue más autoridad a las autoridades para llevar a cabo investigaciones más exhaustivas y eficaces.
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