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Un hombre de apellido Newman, quien llevaba una serpiente bocaracá dentro de un maletín, es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos como sospechoso de los delitos de caza y trasiego de animal silvestre.
De acuerdo con el Ministerio Público, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) inspeccionaron el vehículo que iba a abordar el sujeto y fue durante esa diligencia que ubicaron al reptil en un bolso.
Los hechos se registraron el lunes anterior, en horas de la noche, dentro del Parque Nacional Volcán Arenal, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela.
El Sinac informó de que Newman y otro hombre, cuya identidad no trascendió, se encontraban en un sector de acceso restringido dentro del área protegida, por lo que los guardaparques de la zona pidieron apoyo a la Policía Turística.
Además de la serpiente, en el carro se ubicaron varias herramientas, las cuales fueron decomisadas.
Tras los hallazgos, solo Newman fue detenido y puesto a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia.
“El despacho le tomó los datos de identificación al sujeto, quien entregó su pasaporte y dio su domicilio, mientras concluye este proceso expedito en su contra. No se solicitó ninguna medida cautelar”, precisó el Ministerio Público por medio de su oficina de prensa.
Para este jueves está programada una audiencia ante el Tribunal de Flagrancia de la zona por este caso, el cual se sigue dentro del expediente 20-000126-1261-PE.
La serpiente fue liberada poco después de su localización en su hábitat natural, detalló el Sinac.
Según la legislación costarricense, la fauna silvestre está declarada bien de dominio público, por lo que su caza, captura y extracción está prohibida.
Precisamente, el artículo 95 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre sanciona a quienes “comercien, negocien, trafiquen o trasieguen animales silvestres, sus productos y derivados, sin el permiso respectivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”.
El inciso b de dicho artículo establece una “multa de uno a cinco salarios base (de ¢450.000 a ¢2.250.000) o una pena de prisión de cuatro a seis meses y el comiso de los animales o productos que son causa de la infracción, cuando se trate de animales que no se encuentren en peligro de extinción, ni con poblaciones declaradas como reducidas”.
El Sinac hizo un llamado a la población para que en caso de observar a personas cometiendo delitos ambientales se ponga la denuncia en la línea 1192.
