La imposibilidad de identificar a los usuarios de líneas pregago, hace difícil que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda dar con estafadores que las usan para llamar a clientes bancarios, principalmente desde el centro penitenciario La Reforma en Alajuela.

Para ese cuerpo policial, es urgente el bloqueo de la señal celular en La Reforma y otros centros penitenciarios, aprobado el año pasado mediante la ley número 9597.

El Ministerio de Justicia y Paz informó de que aún están analizando con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones las observaciones que el público hizo al reglamento para esa ley, publicado en La Gaceta el 31 de octubre del 2018.

Un transitorio indica que la Ley entrará a regir nueve meses después de que se redacte su propio reglamento, por lo que será si acaso hasta el 2020, cuando se puedan bloquear las señales en las cárceles.

Lo que se busca son procedimientos y soluciones técnicas para impedir el funcionamiento de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles en los centros penitenciarios, pero sin afectar el servicio de las poblaciones cercanas.

El OIJ ha determinado que desde centros penales surge la totalidad de las estafas mediante llamadas, que también se conocen como ingeniería social.

Karla Chinchilla, de la sección de Fraudes del OIJ afirmó que aunque logran rastrear las señales de líneas prepago, no existe un registro de telefonías prepago y muchas veces los datos que las personas brindan no corresponden con la realidad.

“Los rastreos lo que nos señalan es que las llamadas se siguen dando desde los centros penales, donde se supone que las personas no deberían tener teléfonos celulares y como en cada ámbito hay más de 100 reclusos, no se puede saber quién genera las llamadas”, afirmó.

Mientras eso sucede, ese cuerpo policial informó de que solo en San José, en el 2018, recibieron 2.904 denuncias por fraudes bancarios, es decir, 257 más que en el 2017.

Las formas que el hampa usa para vulnerar las cuentas de clientes bancarios les depararon estafas que el año pasado fueron de unos ¢3.000 millones, solo en San José, sin embargo el OIJ no suministró el dato actualizado.

Aunado a ello, mediante una aplicación, los ladrones logran que el número que aparece en la pantalla cuando llaman a un cliente bancario sea idéntico al del banco donde tiene su cuenta y por ahí comienza un enganche que casi siempre termina en fraude.

“A cualquiera enredan”

Antes de abordar a las víctimas, los estafadores las tienen muy bien estudiadas, conocen la edad, número de cédula, lugar de residencia y otros que obtienen de diversas bases de datos y sitios de Internet.

El año pasado La Nación informó sobre esta modalidad de estafas, pero actualmente muchos clientes bancarios siguen cayendo en las redes de hampones que enmascaran llamadas y se hacen pasar por funcionarios bancarios y estatales.

Marlene Méndez, administradora de una empresa privada, afirmó que el pasado 25 de enero estaba en reunión de trabajo y a eso de las 9:30 a. m. le ingresó llamada del 2212 2000, que ella sabe que es del Banco Nacional.

Como ella maneja su cuenta personal y otras del trabajo con esa entidad, contestó de inmediato la llamada pues le pareció raro que la llamaran del banco.

Quien la llamó se hizo pasar por un empleado del departamento de seguridad del banco y le dijo que hacía seis minutos se había activado una alerta porque alguien hizo transferencias de su cuenta.

Le explicaron que mediante dos transferencias por ¢200.000 cada una, los fondos pasaron a una cuenta de Credomatic y que al parecer sería una estafa.

A ella le pareció raro, porque no tenía tal cantidad de dinero en su cuenta.

“El chavalo dijo que lograron hackearme la cuenta y que esas personas tenían la clave. Que seguro yo había descuidado el token (clave personal para cada operación)”.

Le dijeron que la cuenta estaba bloqueada y en efecto, ella intentó accederla y estaba bloqueada, (Luego supo que fue por los intentos de entrar que los delincuentes hicieron antes).

La persona que le llamó le dio un número alfanumérico y le dijo que iban a hacer una prueba. Que le iban a enviar un correo con el número de clave que los “hackers” estaban usando.

¿Le llegó?, preguntó el sujeto segundos después. Ella revisó el correo electrónico y le dijo que sí.

Luego preguntó que si el número enviado coincidía con su clave. Ella dijo que no, y fue ahí donde el hombre le pidió el número de clave correcto, alegando que solo así podían subsanar lo que estaba ocurriendo, a lo cual Marlene se negó.

Pidió el nombre a su interlocutor y le dijo que, para estar más tranquila, ella le iba a devolver la llamada al banco.

Cuando devolvió la llamada al Banco Nacional y dio nombre del sujeto, la recepcionista le dijo que efectivamente hay un funcionario con ese nombre, pero no es de Seguridad Bancaria, sino de otro departamento, es decir, los timadores habían conseguido hasta un nombre de alguien que laboraba en el Banco.

La muchacha que atendió a Marlene le confimó que los delincuentes usan métodos para que parezca que se les llama desde el banco.

“A cualquiera enredan, pues todo es muy creíble”, comentó esta administradora de 35 años, quien firma en varias cuentas de su trabajo, como la de la asociación solidarista, las cuales no fueron vulneradas, gracias a sus sospechas de que algo no estaba bien.

Le vaciaron cuenta

Alejandra Banuett, quien labora en servicio al cliente, es otra de las afectadas luego de que más de ¢220.000 que tenía en su cuenta del Banco Nacional desaparecieron.

A ella no le hicieron llamadas telefónicas, sin embargo el miércoles 16 de enero a las 3 a.m., desde una empresa fantasma, habían vaciado su cuenta.

Ella se enteró tres días después cuando fue a un supermercado y la cuenta no tenía fondos. De inemadiato averiguó en el banco, donde le dijeron que una empresa de conectividad hizo la transferencia.

Banuett explicó que ella nunca hace transferencias, ni pagos, ni compras por internet, pero en el Banco le dijeron que no saben cómo le robaron los datos.

“Yo no sé cómo usaron la clave. Me robaron todo. Yo no tengo token”, sostuvo la afectada, de 37 años.

Ella interpuso la denuncia por fraude en el OIJ y dijo que llevará el asunto hasta las últimas consecuencias, pues confiaba que su plata estaba segura.

Esta vecina de Tibás explicó que hace más de siete años tiene su cuenta con el Banco Nacional.

Luego del reclamo, en el banco le dijeron que debe esperar la menos dos meses para que el Departamento Jurídico verifique lo ocurrido.

También le informaron que la póliza que tiene el banco no cubre esas estafas.

Bancos públicos y privados

Karla Chinchilla, de la Sección de Fraudes del OIJ constantemente reciben denuncias por estafas tanto en bancos estatales como en privados.

Las investigaciones descartan complicidad de funcionarios bancarios y han determinado que el 100% de las llamadas por estafas se hacen desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

El departamento de Comunicación del Banco Nacional informó de que las entidades financieras han alertado mediante diversas campañas sobre las aplicaciones que enmascaran los números telefónicos y que son usadas para engañar a los clientes.

“Ha afectado a todo el sistema financiero, e incluso a instituciones y organizaciones no bancarias”, afirmó Violeta Fernández, vocera.

Insiste en que los bancos cuentan con las seguridades que corresponden y que son los clientes quienes de una u otra forma facilitan información sensible.

Captura y libertad

Un operativo del OIJ realizado el 29 de enero, permitió la captura de dos mujeres y diez hombres, como sospechosos de fraude informático.

Aunque se les relacionó con nueve causas por un monto de ¢32 millones, cometidas bajo la modalidad de falso funcionario bancario y falso funcionario del Ministerio de Hacienda, quedaron libres horas después

La Fiscalía Adjunta de Fraudes informó que se les tomó la declaración indagatoria y como todos cuentan con arraigo laboral, domiciliar y familiar, no se pidió contra ellos ninguna medida cautelar.

Según el OIJ, a las personas detenidas se les llama “cuenta destino”, es decir, quienes prestan sus cuentas bancarias para que les depositen el dinero que proviene de fraudes informáticos, a cambio de un pago.

Los detenidos son de apellido Bustos, Montero, Argüello, González, Chadderson, Chinchilla, Reyes, Cordero, Álvarez y Chinchilla, así como dos mujeres, apellidadas Herrera y Marshall.

El OIJ informó que los autores intelectuales, detrás de estas 12 detenciones, están en investigación.