A dos años de haber sido inaugurada, una orden de cierre técnico impedirá a la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en Alajuela, recibir más reos debido a un problema de sobrepoblación.

Así se desprende de una resolución, con fecha 29 de julio, a cargo del juez Juan Carlos Alvarado Miranda, de la cual La Nación tiene copia.

Según el documento, la Defensa Pública solicitó la medida correctiva debido a que, para el 21 de mayo pasado, había un total de 829 reclusos, cuando la capacidad real es de 704 cupos.

Es decir, hay una sobrepoblación de 125 privados de libertad (18%), en una prisión que tenía como objetivo principal resocializar a los reos a punta de un encierro digno, oficio y educación.

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Dicho hacinamiento genera, según la Defensa, un “incumplimiento de planes de atención profesional”, lo cual debilita su adecuada reinserción a la sociedad.

Asimismo, esa entidad reprochó que, en una visita realizada en junio del 2019, se constató la inclusión de dos camarotes más en cada residencia (lugares donde duermen los reclusos).

La Defensa agregó: “(En ese sentido) Carlos Brenes Quesada (director de la UAI) argumentó que se trata de una disposición de la ministra de Justicia (Marcia González), con respecto al cambio de modalidad de capacidad”.

Al analizar las situaciones expuestas, el juzgador Alvarado decidió ordenar el cierre de esa prisión y le indicó al director del centro coordinar con él cualquier solicitud de cambio o traslado de reclusos mientras se mantenga la medida correctiva.

Dio, además, un plazo de tres meses para que se limite la capacidad real autorizada por reglamento.

También ordenó desalojar “de forma inmediata” los camarotes de más que han sido colocados en cada residencia.

Al mismo tiempo, exigió señalar una audiencia oral para escuchar a las partes involucradas, entiéndase los encargados de psicología, de orientación, de trabajo social del centro. Además, se recibirá a representantes de Adaptación Social, del Instituto Nacional de Criminología y al director de la UAI.

En esa cita, que se llevará a cabo en las salas de juicio de los Tribunales de Alajuela, se decidirá el cese o continuidad del cierre técnico de esta prisión.

Se le solicitó un criterio a la ministra de Justicia, Marcia González y al director de ese centro; al cierre de este artículo no habían brindado respuestas.

Condiciones actuales

Como parte de las pruebas que aportó la Defensa Pública al juez, se encuentra un folio en el que la jueza de Ejecución de la Pena, Monique Charpantier, describió las irregularidades que encontró durante visitas realizadas a ese centro penal.

La juzgadora hizo referencia a que, al 16 de julio pasado, había 867 reclusos; es decir, 163 presos de más.

Además, indicó que no se brinda el plan de atención técnica y que hay una existencia de “preferencias con personas de recién ingreso que no hacen fila para recibir abordaje técnico”.

Charpantier también señaló que, en entrevistas con reos, estos externaron recibir maltrato por parte de dos psicólogas, la doctora y el director.

Por otra parte, la jueza manifestó que dos de las cuatro lavadoras que hay en la cárcel están dañadas y que hay personas que sufren gastritis por las comidas que se brindan.

‘Esto es precarizar el espacio’

El exministro de Justicia, Marco Feoli, consideró que la situación que se da en la UAI es “muy triste, porque se trae abajo un trabajo que se venía haciendo desde hace 10 años”.

"Nosotros viajamos y fuimos hasta España para poder diseñar modelos que dieran espacios para que las personas tengan una verdadera oportunidad de reinsertarse en la sociedad. El objetivo era proteger ese modelo", lamentó.

Indicó que ese centro penal no era para que fuera hacinado, sobre todo en el entendido de que era para personas "delicadamente seleccionadas".

"Antes, para entrar se debía cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que existiera un compromiso de trabajar y estudiar. Eso cambió. El Instituto Nacional de Criminología (INC) lo cambió porque ahora se está priorizando el espacio y no el modelo. Y es una pena que se pierda el proyecto, porque la idea era disminuir la violencia y con esto no esperemos que la gente salga convertida en ciudadanos ejemplares cuando están todos hacinados.

“Lo que se hace es precarizar el espacio, es precarizar el esfuerzo del estado costarricense, porque esto iba más allá de un gobierno”, reprochó el exministro, quien recordó que esta obra se gestó con un préstamo que se está pagando todavía.

Feoli aseguró que él entiende bien lo complicado que es manejar el tema de la sobrepoblación, pero insistió en que la respuesta no es solo el encierro. "Hay que perder el miedo a decir que las cárceles no dan abasto. Si no hay espacio, me parece menos inteligente explotar las cárceles nuevas. Hay fortalecer los programas de medidas alternativas".

Eso sí, dijo que el llamado del juzgado es una “oportunidad” para que se haga revisión. “Es un buen momento, quizás, para que el modelo se reconduzca hacia lo que se planteó en el inicio”, finalizó.

‘Es una lástima’

Alejandro Redondo, quien fue viceministro de Gestión Estratégica y oficial mayor de Justicia en la administración anterior, también consideró lamentable la decisión del juez de declarar el cierre de la cárcel.

Redondo recordó que estas prisiones (además de la de Alajuela, hay una en Pérez Zeledón y otra en Pococí) fueron construidas gracias a préstamo por $132 millones que otorgó al Gobierno el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“La gestión penitenciaria en las UAI era muy específica: educar, formar profesionalmente, trabajar y dar acompañamiento psicológico y social a través de diferentes disciplinas profesionales del sistema. (...) Era un espacio no solo humanizado, sino de oportunidades y es una lástima esto que pasa. Es un retroceso como país”, aseveró.

Reprochó que exista hacinamiento porque, pese a que la crisis penitenciaria es grave, “nunca debieron pensar en tocar ni en sobrepoblar esta unidad”.

“En la administración anterior, se hizo un trabajo de clasificación técnica para poder seleccionar a las personas que iban a estar ahí recluidas. Son personas específicas, no debería estar cualquiera”, recalcó.

El exviceministro aseguró que al actual gobierno se le entregó una infraestructura “funcionando de una manera lógica”. Por ello, para él, “la idea era que cuidaran la inversión que se hizo”.