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Un grupo de exmagistrados, exjueces, exfiscales y abogados alertaron, a través de un manifiesto divulgado este lunes, sobre los riesgos de proyectos de ley que limitarían derechos de la población a cambio de mayor seguridad, entre ellos, el que amplía los criterios para imponer prisión preventiva.
“Siempre que en la historia los pueblos han cedido derechos a cambio de mayor seguridad, han terminado incrementándose las violaciones a sus derechos fundamentales con absoluta impunidad, a través de hechos delictivos de los particulares y del Estado”, señala el documento.
La declaración fue firmada por 23 abogados, entre ellos el exmagistrado presidente de la Sala Tercera, Daniel González Álvarez, el exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz, y el exfiscal general y exministro de Seguridad, José María Tijerino.
Los juristas externaron su preocupación por el proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa para aumentar los criterios de aplicación de la prisión preventiva. Dicho plan, que ya fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, garantizaría la prisión preventiva contra imputados por narcotráfico y otros delitos de crimen organizado.
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El proyecto fue calificado como “problemático” y con posibles roces de inconstitucionalidad por la magistrada de Sala Tercera, Patricia Vargas González, en un informe expuesto el 6 de marzo ante la Corte Plena. Vargas indicó que la prisión preventiva dejaría de ser una facultad para convertirse en una obligación, sin dar posibilidad a los jueces de analizar cada caso concreto.
En el manifiesto, los abogados externaron su preocupación por “otras iniciativas legislativas que buscan resolver el problema de inseguridad a través de reformas legales y disminución de garantías”.
Bajo su criterio, este tipo de iniciativas ya se han usado antes, y “no van a tener ningún efecto positivo en la disminución de la criminalidad, como tampoco lo tuvieron en el pasado”.
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Sostuvieron que Costa Rica es uno de los países de América Latina con penas más elevadas y más privados de libertad por cada 100.000 habitantes, lo que no ha sido eficaz para combatir el crecimiento del crimen y la violencia.
Respeto a normas superiores
Asimismo, agregaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional han reiterado que las leyes y los procesos penales deben regularse respetando derechos y garantías ciudadanas establecidas en convenciones internacionales y en la Constitución Política.
Los firmantes consideraron “indispensable” la creación de una política pública sobre la seguridad ciudadana que incluya a todos los sectores involucrados y la ciudadanía, y que comprenda tanto represión como prevención.
De igual forma, estimaron que se deben fortalecer los instrumentos de investigación y persecución del crimen, pero sin dejar de lado el fortalecimiento de los programas de seguridad social.
“Lamentablemente Costa Rica tiene el mayor índice de desigualdad económica y social entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se mantendrá en aumento si no hay un cambio radical en las políticas públicas destinadas a dar mejores oportunidades de estudio, salud y trabajo a las nuevas generaciones”, señalaron.
“También nosotros estamos del lado ciudadano que demanda mayor contención de la criminalidad, en lo que discrepamos en los métodos que algunos sectores buscan y utilizan, porque no son eficaces ni eficientes para disminuirla”, concluyeron en su declaración.
Esta es la lista de juristas que firmaron el manifiesto:
Daniel González Álvarez, exmagistrado Presidente, Sala Tercera de Casación Penal de Costa Rica.
Gustavo Chan Mora, Exjuez de Apelación de Sentencia Penal. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica.
Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Lilliana Rivera Quesada, asesora Legislativa. Profesora de Derecho Penal, Universidad de Costa Rica.
Ana Eugenia Sáenz Fernández, exmagistrada suplente, Sala Tercera de Casación Penal de Costa Rica.
Antonio Sandoval Poveda, exfiscal del Ministerio Público de Costa Rica. Fraile Franciscano.
Francisco Dall’Anese Ruiz, exfiscal General de la República de Costa Rica. Exjefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala.
Ricardo Salas Porras, catedrático de Derecho Penal, Universidad de Costa Rica. Letrado de la Sala Tercera de Casación Penal.
Manuel Rojas Salas, exfiscal Ministerio Público de Costa Rica, Exjuez de juicio penal. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Costa Rica.
José María Tijerino Pacheco, exfiscal General de la República de Costa Rica. Exministro de Seguridad.
Carlos Tiffer Sotomayor, profesor de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.
Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de Apelación de Sentencia Penal. Profesora universitaria, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional.
Rosaura García Aguilar, jueza de Juicio en materia de penal. Profesora de la Universidad de Costa Rica.
Federico Campos Calderón, abogado penalista. Profesor de la Universidad de Costa Rica.
Martín Rodríguez Miranda, exjuez de Apelación de Sentencia Penal. Profesor de la Universidad de Costa Rica.
David Fallas Redondo, exjuez de Apelación de Sentencia Penal. Profesor de la Universidad de Costa Rica.
Erick Gatgens Gómez, exmagistrado suplente, Sala Tercera de Casación Penal de Costa Rica. Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Costa Rica.
Javier Llobet Rodríguez. Exmagistrado suplente, Sala Tercera de Casación Penal de Costa Rica. Profesor Catedrático Emérito, Universidad de Costa Rica. Experto Internacional.
José Joaquín Ureña Salazar, abogado Penalista.
Alfredo Chirino Sánchez, exjuez de Casación y Apelación de Sentencia Penal. Exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Catedrático de derecho Penal, Universidad de Costa Rica.
Miguel Román Díaz, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
José Thompson Jiménez, director del Instituto Intermericano de Derechos Humanos. Ex vicedecano de la Facultad de Derecho y Profesor de la Universidad de Costa Rica.
Jaime Ordoñez, director de la Catedra de Teoria del Estado, Facultad de Derecho, UCR.
