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El Ministerio de Justicia y Paz les sigue la pista a 12 abogados que, en apariencia, se prestan para introducir droga o celulares en la cárcel de San Sebastián, en San José.
Debido a que se trata de una investigación que aún está en proceso, las autoridades prefieren no brindar mayor detalle de los defensores. Solo indicaron que suele tratarse de personas adultas y con basta experiencia en el ejercicio de la profesión.
El dato surgió luego de que las autoridades penitenciarias detuvieron este martes a una defensora, de apellidos Alvarado Navarrete, y quien está suspendida, con un taco de 150 gramos de marihuana, que llevaba oculto entre sus genitales.
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Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, señaló que estos 12 abogados no pertenecen a ninguna banda organizada. Por el contrario, ellos acceden a meter esas sustancias por la relación de confianza que que se desarrolla con sus representados.
"Nosotros no creemos que exista una red de abogados que se dediquen a esto. Me parece que son situaciones que nacen a la luz de la relación que se construye entre el abogado y sus defendidos. No puedo decir que haya una articulación entre abogados para generar ese tipo de conductas.
"Es una cuestión de oportunidad, también. Como son abogados tienen más facilidades para visitar a los privados de libertad. Es decir, por ley, nunca se le puede negar una visita de un abogado a un reo. Entonces, se aprovechan de las circunstancias para hacerlo y es muy lamentable", aseguró.
Bertozzi agregó que siguen haciendo trabajos de inteligencia, al tiempo en el que alertaron a autoridades, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para hacer un plan de acción y así detener esta actividad ilícita.
"Es de mucho interés parar esto, pero tenemos que aclarar que, por más que los tengamos identificados, se lleva un proceso. No es fácil, pero la Policía trabaja y las detenciones que se dan son el resultado de nuestras acciones", indicó Bertozzi.
El jefe policial aclaró que, mientras se logra capturar a los defensores ligados a este delito, harán que las requisas sean "más rigurosas y exigentes".
"Sí vamos a ser más enfáticos en las revisiones de las personas que ingresan a prestar servicios. Lamentablemente esa situación ocurre y, como Policía, no podemos permitirlo (...) Estamos tomando medidas para evitar que sucedan. No podemos confiar en nadie porque hay personas que son inescrupulosas y que se prestan para eso", reprochó.
Por el momento, Justicia analiza unos datos que, según comunicó, podría permitirle conocer cuáles otros abogados se encargan de introducir drogas y celulares al resto de cárceles del sistema penitenciario.
Seguimiento. Antes de poder identificar a esos abogados, los policías penitenciarios hicieron un trabajo de inteligencia a lo interno de la prisión.
Bertozzi puntualizó que se recibe mucho dato confidencial que les da el banderazo para comenzar a investigar. Pero, agregó, otro punto importante es la misma información que fluye dentro de las cárceles. "Los mismos presos hacen comentarios que indican que, por medio de aquel abogado, pudieron obtener droga. Si un policía lo escucha, lo comunica inmediatamente y se empieza a prestarle atención a esa persona".
Por su parte, Mariano Barrantes, director interino de Adaptación Social, explicó que las actitudes de los visitantes son "importantísimas" en estos casos. "Muchos se muestran muy nerviosos y eso es una alerta suficiente para nosotros".
Inmediatamente después se le da un seguimiento a la conducta que tiene dentro del centro penitenciario. Este consiste en observarlo, estudiar a quién visita y si tiene antecedentes. También se analiza si, en algún momento, se le ha decomisado droga a algún reo que el abogado visitó recientemente.
"Cuando se tenga la certeza de que trasiega celulares o algún objeto no permitido, se realiza un operativo", detalló Barrantes.
Problemas. Lejos del tema de la introducción de drogas o aparatos móviles, el caso de la abogada Alvarado Navarrete mostró que, en ocasiones, las autoridades penitenciarias no confirman si la defensora puede ejercer o no la profesión.
Alvarado estaba suspendida desde setiembre pasado y la sanción era por cuatro meses. Este miércoles se le levantaba el castigo. Sin embargo, pese a ello, realizaba visitas a tres reos en su condición de abogada.
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El jefe policial Bertozzi explicó que el abogado siempre debe presentar su carné al ingresar al centro. No obstante, admitió que solo en algunas ocasiones se puede corroborar si se trata de una defensora.
Según dijo, para poder confirmarlo los policías deben llamar al Colegio de Abogados, lo cual atrasa el paso del resto de los visitantes al centro penitenciario.
"A veces no se puede hacer porque llega mucha gente. Hay un flujo enorme de gente, porque la dinámica de una cárcel de indiciados (la de San Sebastián) genera mucho movimiento de gente y de visitas profesionales".
Para poder solucionar este problema, Justicia está incorporando un sistema tecnológico, el cual busca hacer un perfil de los visitantes. Pero, también, pretende tener una base de datos que alerte a las autoridades cuando la persona tenga algún impedimento para ingresar al centro penal.
"En esa plataforma vamos a meter los datos de los abogados que están suspendidos por el Colegio de Abogados, pero es un proceso lento y no sabría decir para cuándo estaría incorporado. Por el momento, seguimos con un control muy artesanal; es decir, a punta de cuadernos", concluyó Bertozzi.