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“La integración será técnica, con orientación criminológica”. Con esa condición, la ley 4762 creó el Instituto Nacional de Criminología (adscrito al Ministerio de Justicia) en 1971 para que, entre sus funciones principales, analizara si un reo cumplía o no con los requisitos para obtener un beneficio carcelario.
Para ello, cada vez que el puesto de director estuviera vacante, la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) enviaría una terna al jerarca de Justicia para que se nombrara uno nuevo con la especialidad que se necesita.
No obstante, casi 50 años después de su creación, la actual administración del Ministerio de Justicia y Paz pretende que la plaza de director de ese Instituto sea un puesto de confianza, pese a que eso podría poner en duda la objetividad de las decisiones del INC.
Es decir, se busca que la designación de ese cargo sea por elección exclusiva del jerarca del Ministerio, confirmó la oficina de prensa de esa cartera.
Ese departamento indicó que, como ese cargo quedó vacante con la salida de su exdirector Alexánder Obando en febrero pasado, enviaron en una fecha no detallada una consulta a la DGSC para que se determine si se puede convertir dicha plaza. Indicó que no ha recibido respuesta.
La cartera explicó que la solicitud se basa en que el Estatuto del Servicio Civil dice que “los cargos de directores generales de los Ministerios, así como los de las oficinas adscritas a ellos, las desconcentradas y descentralizadas dependientes de los ministros” sirven en cargos de confianza.
Justicia aclaró que la persona que eventualmente asumiría este puesto “deberá cumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un cargo, de carácter técnico”.
Por su parte, la DGSC confirmó que recibieron la solicitud por parte de Justicia; de momento, no ha emitido la resolución.
“Preliminarmente la institución revisó la solicitud y documentos que la acompañan, no obstante, aún persisten dudas con respecto a la aplicación del Artículo 4, inciso g) del Estatuto de Servicio Civil, a la luz de las nuevas normas de la Ley No. 9635, motivo por el cual se hizo la consulta del caso a la Procuraduría General de la República, y estamos a la espera de la información correspondiente”, indicó María Adelia Leiva, jefa de despacho del Servicio Civil.
Entre sus múltiples funciones, el INC debe hacer un estudio de todas las personas que ingresan a las cárceles para que, a partir de ahí, se confeccione su plan de atención específico. Además de eso, es el único encargado de analizar y aprobar los movimientos de la población penal entre cada régimen (cerrado y semiabierto) del sistema.
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‘Quieren meter mano en decisiones meramente técnicas'
La noticia de la solicitud de Justicia no fue bien recibida por personas que tuvieron, en algún momento, vínculo con el Ministerio y con el INC.
Eugenio Polanco, quien fue exviceministro de Justicia y también exdirector del Instituto, insistió en que el INC “es exclusivamente técnico; eso implica no político, no policial (...) Requiere de expertos, de profesionales graduados en Ciencias Sociales que se especializan en trabajo penitenciario”.
Según Polanco, la ley se encargó de “proteger” la profesionalización, la rigurosidad técnica y la objetividad del INC.
"El legislador, en su interés de proteger la administración de beneficios carcelarios, resaltó que su personal sería meramente técnico (...) Habría que retorcer mucho la ley y hacer una gran manipulación legal para decir que se puede tener a un político nombrado por el presidente o por la ministra”.
En ese sentido, el exviceministro se cuestionó el porqué Justicia pretende hacer dicho cambio. “¿Por qué quiere hacer esa plaza política? Porque quiere meterse en eso. Quiere meter la mano en decisiones meramente técnicas y eso es gravísimo", apuntó.
Añadió: "Se imagina usted que haya sentenciados de un equis partido político y que sea ese mismo partido político el que está decidiendo a quién saca de la cárcel y a quién no. Por supuesto que lo va a sacar.
Guillermo Arroyo, quien fue director de Adaptación Social, también catalogó esa decisión como un “error”.
“Las decisiones del INC son independientes de estructuras políticas que dirigen al Ministerio y, si se genera una relación de jefatura directa entre el director y el ministro, esto va a influir en decisiones de carácter técnico y no tiene porqué ser así”, señaló.
Arroyo mostró preocupación, sobretodo, porque la visión del ministro se va a ver reflejada en el INC.
"Si llega alguien con una visión muy cerrada, va a ser más difícil porque va a poner requisitos más duros para el egreso de los privados de libertad.
“El hecho de que la posición política incida en el manejo de la población privada de libertad es preocupante, porque eso debe ser siempre algo de carácter criminológico, psicológico y hasta médico”, mencionó.
Cecilia Sánchez, exviceministra de Justicia, opinó que el INC es el órgano técnico por excelencia del Ministerio de Justicia "y creo que así debería mantenerse para no exponerlo a los vaivenes del cambio político”.
En caso contrario, Sánchez advirtió que se facilitaría imponer el discurso político del momento en decisiones técnicas. “Se obedecería más a razones de orden electoral que a decisiones que requieren de rigor técnico para no impactar, de manera negativa y particular, los derechos de la población privada de libertad ni los de la sociedad en general”.
Douglas Durán, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), indicó que desconoce la pretensión de Justicia pero coincidió en la importancia de que la gestión penitenciaria cuente con “personal especializado, idóneo profesionalmente y éticamente”.