Poco tiempo después de que el Ministerio de Justicia y Paz publicara la licitación de monitoreo electrónico, el 2 de febrero pasado, dos empresas hicieron notar su preocupación por el peso que deberán tener las nuevas tobilleras: 130 gramos o menos.

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Conforme pasaron los días, otras compañías cuestionaron este aspecto del cartel, pues consideraron que no tiene fundamento técnico y que este razonamiento impediría a varias empresas concursar y podría favorecer a uno de los oferentes.

No obstante, pese a eso, Justicia rechazó variar el peso. Por el contrario, mantuvo su decisión al descartar que se ajuste a un solo proveedor, ya que, según dijo, hay cuatro empresas que sí cumplen con peso; sin embargo, no aclara si cumplen con el resto de requerimientos del cartel para poder participar.

La respuesta quedó plasmada en el oficio D-UME-0010-2021, del 25 de febrero, firmado por Franklin Arguedas, jefe de la Unidad de Monitoreo del Ministerio de Justicia y Paz.

“Se ha decidido mantener el criterio técnico esbozado y mantener el peso requerido en el cartel de la contratación, correspondiente a 130 gramos, incluyendo el peso de la correa”, se lee en el documento, el cual se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y el cual ya fue objetado ante la Contraloría General de la República (CGR) por cuatro proveedores.

Para justificar la decisión, la Unidad de Monitoreo se basó en dos situaciones: la primera, que hay “al menos” cuatro empresas que sí pueden ofrecer una tobillera de menos de ese peso.

Se trata de Sinergy, que tiene una tobillera que pesa 111 gramos; Buddi (125 gramos); Corrisoft (55 gramos, sin correa); y Chronos (128 gramos).

Y es que precisamente ahí es donde radica la preocupación del resto de oferentes, ya que Buddi es el actual proveedor de monitoreo electrónico; sin embargo, Justicia insistió en que el cartel no es hecho a la medida de esta empresa.

La segunda razón que brindaron es que piden ese peso para evitar estigmatización y problemas generados por dispositivos de mayores dimensiones; empero, no facilitaron en su respuesta ningún estudio técnico que explique cómo un dispositivo mayor a los 130 gramos afecta la movilidad del usuario.

“Esto obedece a la necesidad administrativa de que el usuario cargue un dispositivo liviano, que no limite su movilidad ni genere restricciones innecesarias que puedan poner en riesgo el adecuado desarrollo del individuo en sus múltiples actividades diarias, por lo que se sostiene la decisión antes tomada”, escribió Franklin Arguedas.

Objeciones al cartel

Tras conocer que Justicia no considera de recibo los reclamos, cuatro empresas ya presentaron recursos de objeción al cartel ante la CGR: Soluciones Integrales (SOIN), Asesores ISE de Costa Rica S. A., Grupo Computación Modular Avanzada S. A. y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S. A.

En el caso de SOIN, insistió en que este requerimiento del peso tiene “falta de fundamento y legitimación”.

En el oficio SOIN-PRES-016-2021, del 1.° de marzo, Mauricio Esquivel, representante legal de la firma, indicó que Justicia busca justificar esta limitación de peso con un asunto de movilidad y de derechos humanos.

“No obstante lo anterior, ni en el Título XIII del Reglamento al Sistema Penitenciario Nacional, ni el Decreto 9271 de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, establecen nada respecto a limitación de movilidad o pesos, que pueda sustentar esta condición.

“Nuevamente, ninguno de estos elementos tiene una relación directa con el peso y tampoco se encuentra en el expediente administrativo un estudio que tenga la justificación técnica de que un peso mayor a 130 gramos limita la movilidad”, apuntó Esquivel.

Expresó también la preocupación porque, dentro de las empresas líderes en el mercado, solo Buddi (actual proveedor) podría participar:

- Sentinel: 187.2 gramos

- BI Incorporate: 246.6 gramos

- Geosatis: 180 gramos

- Sierra Wireless: 233 gramos

- Track Group (representado por SOIN): 275 gramos

- Buddi: 125 gramos

Por ello, Esquivel trajo a colación otras resoluciones de la CGR para asegurar: “Tiene claro la Contraloría que muchas veces las dimensiones de tamaño y claro, peso, dependen del fabricante y es por esto que debe existir un estudio que establezca límites a dichas dimensiones.

“De lo contrario, dice la Contraloría, el proceso se convierte en un mero formalismo para adjudicar a la única empresa que cumple con dicho requisito, contraviniendo así los principios de libre concurrencia, concurso y eficiencia, afectando la posibilidad de contar con un mayor número de ofertas”.

Lejos del sustento técnico, el representante legal de SOIN expresó también que la justificación que da Justicia sobre que cuatro empresas sí cumplen con el peso requerido puede ser engañoso, ya que, si bien tienen tobilleras de menos de 130 gramos, incumplen otros requerimientos del cartel.

Por ejemplo, la empresa Sinergy fue la primera en proveer el servicio; no obstante, tuvo que ser sustituida. “Resulta insostenible que la administración utilice como referencia, una empresa y sus productos, cuando ella misma determinó que los mismos no cumplían y los tuvo que sustituir”, apuntó el representante.

Lo anterior, a criterio de Esquivel, les impediría concursar y por ende, la licitación estaría acomodada para adjudicar al actual proveedor del monitoreo electrónico.

“Claramente, ninguna de las justificaciones dadas por el Ministerio tienen la fuerza necesaria para sostener un requerimiento arbitrario e irrazonable respecto a los requerimientos cartelarios”, concluyó el representante de SOIN.

Los reclamos de las otras empresas van por la misma vía.

Ahora, queda esperar a conocer la resolución de la CGR ante estas objeciones.