Escuchar“Mi estrategia es una seguridad integral. Yo quisiera que los costarricenses me recuerden a mí como un ministro que le heredó una seguridad al Estado. Lo que hoy usted me está reclamando, esta violencia directa, es algo que heredamos. Desde hace muchos años dejamos de construir aquí, pero la violencia estructural y cultural hoy me la cobran a mí”.
De esta manera respondió el ministro de Seguridad, Jorge Torres, a la consulta sobre qué acciones está tomando para frenar la ola de violencia que hay en el país, que contabiliza 15 homicidios por semana, en promedio, en lo que llevamos del año. En entrevista con La Nación, el jerarca explicó que tiene un plan a largo plazo para atender la inseguridad y el miedo que crece en la población día con día.
Sin embargo, condicionó tal plan a dineros por préstamos que podrían ser liberados por Hacienda hasta 2024 y varios proyectos de ley que espera que sean aprobados en un plazo de nueve meses. Alegó que sin esto sería muy complicado reducir el índice de homicidios, principalmente porque a su juicio lo que necesita para combatir la delincuencia es movilidad: más motos y más patrullas.
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Torres indicó que la Fuerza Pública cuenta con 3.000 vehículos y que el 40% está “en el suelo”. Especificó que al menos 1.000 vehículos deben ser completamente reparados, lo cual, dijo, incluso sale más caro que comprar unidades nuevas. Agregó que los 13.000 policías que hay en el país tampoco son suficientes, ya que pierde al menos uno al día y en promedio unos 50 al mes, por disconformidad salarial, enfermedad o despidos, y que por el momento solo proyecta tener 300 efectivos más de aquí a mayo.
El ministro argumentó que una mayor movilidad policial puede frenar la violencia. Como ejemplo, citó que hace unas semanas no hubo homicidios en Puntarenas cuando un gran contingente de oficiales se estableció por algunos días y mantuvo patrullaje constante en las calles. Dijo lo mismo para Limón, cuando las autoridades mantuvieron presencia en el cantón por la demolición de bodegas del narco. No obstante, reconoció que esto no es sostenible en el tiempo porque para hacerlo hay que desproteger otros lugares.
Tras ser consultado sobre la urgencia del problema actual y la necesidad de acciones a corto plazo, el jerarca se mostró tranquilo al declarar que “la cosa no está tan peor como la gente piensa” y que “vamos por buen camino, yo creo que los resultados están próximos a venir”. Destacó que el índice de homicidios, que cerró el año pasado en 12,6, espera bajarlo a 10 al final de su gestión en 2026, pero reiteró que para lograr esto son indispensables más recursos y que el Congreso apruebe varios proyectos de ley.
Asimismo, insistió que los asesinatos no disminuirán mientras no se aplique “mano dura” contra las personas con órdenes de captura o con beneficios carcelarios, como la tobillera electrónica. Torres se mantuvo firme en su posición de que gran parte del problema de violencia actual es ocasionado por criminales que la Policía captura y que luego son liberados por los jueces.
“Yo creo que ya he hablado mucho y no quiero más guerrear con los jueces porque ellos están enojados conmigo, pero no me importa porque la verdad es esa, tenemos que tener un poquito más de mano dura”, dijo. “No quiero decir que le vayamos a irrespetar el debido proceso, el principio de inocencia, todo lo que usted quiera, pero si ya fue condenado a 15 años, 15 años a la cárcel, así debería ser”, agregó.
El ministro reconoció que no ha realizado estudios o investigaciones para justificar o confirmar su percepción de que gran parte de los homicidios ocurren por personas que reinciden en delitos y por el momento se basa en cálculos como que la mitad de fallecidos el año pasado por ajustes de cuentas, eran personas con procesos judiciales, que si hubieran estado en la cárcel no habrían muerto.
Consultado por este cálculo, el jerarca no supo explicar por qué las personas no habrían muerto solo por el hecho de estar presas, ni tampoco por qué realiza el ejercicio con las personas que murieron y no con las que cometieron el homicidio.
Lo que sí aportó fueron datos confidenciales de los homicidios que han ocurrido este año, los cuales contradicen un poco su percepción, ya que aunque se siguen enfocando en los fallecidos, demuestran que solo el 20% tenían expediente judicial y apenas un 5% (11 casos) se encontraban con medidas cautelares o algún beneficio penitenciario. De hecho, únicamente dos tenían monitoreo electrónico. Aún así, Torres sostuvo que el papel de los jueces influye en estas estadísticas.
“Yo soy respetuoso de la independencia (de poderes), pero la independencia no me deja a mí desprotegido de opinar como ministro de Seguridad”, afirmó, al plantear que parece extraño que cada vez menos personas vayan a la cárcel, aunque no aportó datos que sustentaran esa información.
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