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Una serie de mejoras que el Ministerio de Seguridad Pública ha implementado para el control de empresas privadas de seguridad ha provocado que muchas de ellas no renueven las licencias o que sus permisos les sean revocados por incumplimientos.
Lo anterior deja en una especie de limbo más de 7.000 armas de fuego de empresas a las que se les quitaron los permisos, y 1.636 armas de otras que dejaron de laborar en los últimos dos años.
Desde hace cuatro años, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) cuenta con el sistema llamado ControlPas, que permite dar seguimiento en tiempo real al armamento de las empresas privadas.
Esa plataforma digital, que también acabó con las enormes filas para obtener permisos de portación de armas, tiene interconectado el sistema de datos con varias instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y la Policía de Migración.
Exigen presentar arma al renovar permisos
Otra medida de control que empezó a regir este año obliga a toda persona o empresa a presentar (de forma física) las armas que tengan registradas, a la hora de renovar permisos. Así lo firmó poco antes de dejar sus funciones el ministro de Seguridad anterior, Gustavo Mata.
Se trata del acuerdo N.° 040-2018-MSP, el cual pone también restricciones importantes a la venta de municiones, de modo que solo las pueden comprar mayores de edad que tengan armas registradas a su nombre. Esa persona solo podrá adquirir balas para el tipo de arma que posee.
A partir de ese acuerdo, la persona que venda municiones debe registrar con el nombre y número de cédula a la persona física o al representante legal de la persona jurídica que las adquiera.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirmó que están afinando una nueva legislación para intensificar aún más el seguimiento a las armas en manos de empresas privadas.
Abogan porque en lugar de que cada ciudadano tenga derecho de inscribir tres armas de fuego a su nombre, como ocurre actualmente, pueda inscribir solo una. Se busca también impedir que particulares tengan acceso a un fusil AR-15, que no es automático.
Las autoridades han determinado que muchas de las armas usadas en esos crímenes entraron lícitamente, es decir fueron adquiridas por alguien a quien luego se las robaron.
El jerarca de Seguridad insiste por ello en que el Departamento de Control de Armas y Explosivos debe ser alertado cuando un arma cambia de dueño.
Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz, considera que el Estado es de los clientes más importantes de la seguridad privada y es de los que promueve que esas empresas estén armadas, ya que en los carteles o licitaciones solicita los servicios con presencia de armas de fuego.
El director del Departamento de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, Roberto Méndez, externó su preocupación porque muchas empresas a las que se les revocó el permiso eran de sociedades anónimas en su mayoría disueltas, y hay un vacío legal que pone en riesgo el destino de más de 8.000 armas.
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“Cuando se determinó que 700 empresas estaban al margen de la ley y se supo que tenían 7.070 armas de fuego, la preocupación aumentó. El Ministerio sabe quién es el representante legal de ellas y ha establecido contactos para definir el estado final del armamento, pero hacer un inventario físico es difícil, porque los dueños pueden alegar que esperan venderlas pronto”, sostuvo.
Expresó que el año anterior William Hidalgo, director general de Armamento del Ministerio Seguridad Pública presentó 284 denuncias ante el Ministerio Público porque las armas estaban en manos de empresas cuyos representantes no se podrían localizar y por eso no se podían constatar los inventarios.
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De todas esas denuncias, solo una fue resuelta por el Juzgado Contravencional de Alajuelita que impuso una multa de ¢100.000 y no obligó al empresario a presentar las 11 armas que se estaban tratando de localizar, dijo Méndez.
Aunque actualmente se realizan procesos administrativos y hasta judiciales cuando el Ministerio trata de encontrar algún lote de armas, los dueños a veces alegan que las tiene un socio de la disuelta empresa.
El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad (ACES) Eric Koberg, afirmó que el sector está satisfecho con los nuevos controles que realizan las autoridades.
Estima que los más beneficiados son los costarricenses que ahora tienen una herramienta digital que puso en orden a las empresas de seguridad y permite a los ciudadanos participar en su fiscalización.
Había mucha morosidad
El sistema ControlPas permite al Ministerio, antes de emitir una certificación, saber si el patrono está moroso con la CCSS. Solo en el 2017, mediante el ControlPas, esa entidad recuperó más de ¢300 millones. Eran deudas de empresas privadas de seguridad que querían seguir operando, pero a la mayoría se les revocó el permiso por la morosidad con la Caja.
Algunas inscribían solo 15 agentes, cuando en realidad tenía 80 o más, dijo Roberto Méndez.
Incluso en algunas habían extranjeros en condición migratoria irregular, pese a que se exponen a una multa de seis salarios bases, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Migración y Extranjería, es decir, sumas de hasta ¢2.7 millones.
También se detectó que habían 229 empresas que no estaban inscritas en el ControlPas, razón por la cual se inició el proceso para revocarles la licencia.
Estas últimas 229 empresas cuentan con 1.636 armas inscritas, a las que el Ministerio no tiene acceso por el tema de derecho a la propiedad.
“Mucha gente al ver controles sale corriendo. Denuncian robos de armas ocurridos a veces hace años o dicen que ni ellos saben dónde las perdieron, entonces cómo van a pretender que el OIJ las encuentre”, afirmó Méndez.
Según el funcionario, eso impacta la seguridad del país, porque se siguen encontrando armas en allanamientos, retenes y en operativos antidrogas, las cuales eran de empresas privadas que en algún momento tuvieron licencia de funcionamiento.
Actualmente hay otras 47 empresas en proceso de revocatoria.
Mercado Negro
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Roberto Méndez, coincide en que existe un mercado negro, principalmente hacia Panamá. Lo anterior porque en ese país existe una veda o regulación desde hace más de siete años para la importación de armas de fuego. Eso les ha permitido reducir a un 35% la incidencia criminal con armas de fuego.
Para Méndez, muchas armas que estuvieron en manos de la seguridad privada se estarían trasladando al mercado negro panameño.
Armas que aquí cuestan $800, en Panamá o en la frontera de Paso Canoas se pueden vender en $1.500, por eso en el MSP realizan los procesos de trazabilidad mediante marcaje del armamento.
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Estima que el proceso de control y formalización ha sido exitoso, pero falta modernizar la legislación para que se les permita recoger armas de empresas caducas o disueltas, pues el armamento "no es un bien común y corriente".
La idea es tener una herramienta que permita decomisar armas y pasarlas a custodia del Estado y luego definir si son para destrucción, sirven como crédito fiscal o algo que el Estado pueda hacer con ellas.
“¿Qué va a hacer una persona con 300 armas? solo venderlas. Pero mientras las tienen son un peligro inminente”, sostuvo.
Según la ley vigente, las matrículas de las armas que están en manos de esas empresas no tienen fecha de vencimiento, solo se vence el permiso de portación.
Por lo anterior, en el Ministerio analizan revertir esa situación a efecto de que las personas que tengan armas inscritas deban llevarlas al Departamento de Control de Armas y Explosivos para seguir con la inscripción, caso contrario incurrirían en una ilegalidad que sería sancionada hasta con penas de prisión.
Sería un elemento de coacción para que la gente se responsabilice más por armas que a veces tienen inscritas desde hace 20 o 30 años, debido a que la matrícula no tiene vencimiento.
Afirma que todas las armas que se autorizaron para una empresa de seguridad privada, al cesar la autorización deberían ser custodiadas por el Estado y que no queden en casas, oficinas o cajas fuertes, porque la exposición a pérdida o robo es muy alta.
Hay responsabilidad compartida
La ley actual establece que quien brinda un servicio ilegal, así como quien lo contrata tienen la misma responsabilidad en caso de que se materialice algún riesgo.
De manera que si en el servicio un guarda tiene que dispararle a alguien y le causa una lesión o la muerte, así como daños a la propiedad, será igualmente responsable el que contrató ese servicio y el que lo provee.
Lo anterior, aparte del proceso penal que debe afrontar la persona que disparó.
Eric Koberg, presidente de ACES, dijo que en el sector privado hay unas 800 empresas con más de 28.510 agentes registrados en ControlPas, por lo que insiste en sacar provecho de ese recurso a sabiendas de que es un servicio legal y de calidad.
Esa cantidad de agentes prácticamente duplica la cantidad de oficiales que tiene actualmente el Ministerio de Seguridad Pública en todo el país.
Pese a que existe el recurso privado, Roberto Méndez dijo que existen gran cantidad de condominios, en San José y otros provincias donde han proliferado las contrataciones a servicios de vigilancia irregulares.
También es usual notar esos servicios informales de seguridad privada en pequeñas empresas, abastecedores, restaurantes y hasta los contratan para traslado de dinero y valores en carros particulares, en lugar de hacerlo en vehículos blindados, todo para reducir costos, sin medir la responsabilidad a la que se exponen.
La Fundación Arias para la Paz, aboga por la inclusión de armas no letales como una línea de abordaje novedosa, aunque admiten que requiere de mucha sensibilización ante los presidentes y directores de las empresas de seguridad privada, los agentes e incluso la propia clientela.
