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283 nicaragüenses en condición de ilegalidad fueron sacados por oficiales de la Policía Profesional de Migración (PPM) y de la Fuerza Pública de la finca Vivoyet, conocida como mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela.
Esteban Obando Ramos, subdirector de Migración, dijo que esas personas estaban dentro de la propiedad pero no realizando labores de extracción de oro, acción que está prohibida y que es penada con cárcel de tres meses a cinco años, por la legislación.
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Por esa situación a los foráneos se les entregó una notificación en el sentido que serían sacados de inmediato del país. "Al no tener por demostrado que están cometiendo un delito, les aplicamos la figura del rechazo y los llevamos al puesto de Tablillas, donde los entregamos a las autoridades nicaragüenses", añadió Obando.
Otros 67 extranjeros, que también fueron sorprendidos dentro de la finca, pero sin realizar actividades mineras, fueron expulsados de la propiedad. Ellos permanecerán en suelo costarricense, pues tienen condición de residentes o vínculo familiar (esposa o hijos) que son costarricenses.
El subdirector de Migración manifestó que el operativo policial que inició el miércoles continúa este jueves, aunque el funcionario indicó que la cantidad de personas dentro de la propiedad ya es mucho menor.
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Antecedente
La finca donde se genera en este momento la extracción ilegal tiene 850 hectáreas y es pretendida por diversos grupos para sacar oro desde agosto de 1991.
En diciembre de 1999 la empresa Industrias Infinito propuso explotar un gran proyecto minero a cielo abierto en una porción de 192 hectáreas, donde pretendía extraer hasta 650.000 onzas de oro.
Dos años después, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez le otorgó la explotación, pero con la condición de contar con un estudio de impacto ambiental.
Lo conflictos administrativos y judiciales relacionados con los permisos de exploración y explotación concluyeron cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo de Goicoechea anuló la concesión del proyecto para extraer oro en noviembre del 2010.
Por este asunto incluso se originó un juicio penal en el cual se condenó a Roberto Dobles Mora, exministro de Ambiente y Energía (administración Arias 2006-2010), a tres años de prisión por el delito de prevaricato, al firmar el decreto que declaró de "interés público" el proyecto minero Crucitas.
La propiedad ahora pertenece al grupo Vivoyet, el cual pretende dedicar el terreno para uso ganadero.
Sin embargo, el sábado 18 de marzo de este año, vecinos alertaron sobre el ingreso ilegal de los mineros al proyecto Crucitas, causando un enorme daño ambiental. Las autoridades en diversas ocasiones han intervenido pero los coligalleros ilegales vuelven a ingresar cuando las autoridades salen.
