EscucharLa Fuerza Pública volverá a operar en la finca Vivoyet, ubicada en Crucitas de Cutris, San Carlos, comunicó este sábado el Ministerio de Seguridad.
Esto gracias a un nuevo acuerdo alcanzado con los propietarios de la finca para mantener la vigilancia policial constante en el terreno, el cual contiene un yacimiento de oro que ha sido explotado por mineros ilegales que han provocado daños ambientales e inseguridad en la zona.
Según el ministro de Seguridad, Mario Zamora, hubo un ajuste operativo en los patrullajes en Crucitas, por lo que la policía nunca abandonó por completo la zona. No obstante, la salida de Vivoyet propició la aparición de grupos adicionales de coligalleros en esa área.
“Es esencial que la población de Costa Rica sea consciente de que las fuerzas de seguridad han estado atendiendo otras 36 ubicaciones relacionadas con la extracción ilegal. Estas operaciones en terrenos montañosos han implicado la confiscación de herramientas, sedimentos y mercurio, así como la detención de individuos y la eliminación de maquinaria artesanal”, aseguró Zamora.
Zamora tuvo reuniones este sábado con vecinos de las comunidades cercanas, junto a los viceministros de Unidades Regulares, Eric Lacayo, y de Unidades Especiales, Manuel Jiménez, así como el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
En la última de estas reuniones, en Vivoyet, el jerarca conversó con lugareños que incluso admitieron haber actuado como coligalleros.
“La Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y la Policía Especial de Migración mantendrán sus esfuerzos contra otras prácticas ilícitas, tales como delitos patrimoniales y contra la vida, control de narcóticos, posesión ilegal de armas, vigilancia de migrantes indocumentados, tráfico de especies silvestres, y la identificación de establecimientos clandestinos y viviendas precarias”, dijo el jerarca.
Seguridad indicó que Eric Lacayo tiene previsto regresar a la zona en las semanas próximas para dar seguimiento a las sugerencias planteadas por los residentes de Crucitas y áreas cercanas.
Retiro por orden presidencial
La Nación había informado el 9 de agosto de que la Policía de Fronteras abandonó su base de operaciones el 17 de julio por orden presidencial, según lo señaló esa dependencia de la Fuerza Pública en un correo electrónico enviado a los encargados de la finca Vivoyet, quienes prestaban las instalaciones sin ningún costo.
Greivin Rodríguez Miranda, administrador de la propiedad, lamentó que los edificios que eran utilizados por los policías fueran entregados con mucho deterioro, a pesar de que estaban en excelentes condiciones cuando los prestaron a las autoridades.
El director de la Policía de Fronteras, Adrián Salazar Cascante, argumentó que ese deterioro, que afirmó fue provocado por una invasión de coligalleros en el 2017, fue una de las razones por las que abandonaron el lugar.
Otra de las razones aducidas era que no recibían una cantidad adecuada de agua por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el cual empezó a llevar agua en cisternas en febrero porque las nacientes de la zona estaban contaminadas con mercurio, usado por los coligalleros para extraer el oro.
Salazar indicó que el AyA incumplió con el acuerdo que tenían de suministrarles 15.000 litros de agua potable en camiones cisterna cada dos o tres días.
No obstante, el AyA negó que esas fueran las condiciones del acuerdo, porque esa es la capacidad máxima que puede cargar el camión, y las demás localidades se quedarían sin el recurso hídrico.
La entidad indicó que “se les entregaba 7.000 litros cada vez que llegábamos, es por ello que en tres días se les entregaban 14.000 litros aproximadamente”. Agregó que, cuando llegaban a depositar el líquido en los cuatro tanques disponibles, los solían encontrar llenos, es decir, los policías no consumían toda el agua que les entregaban.
