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El ministro de Seguridad, Celso Gamboa, prohibió, mediante una directriz, la importación de armas de fuego autorizadas por ley, pero que tengan una “apariencia militar”.
Así consta en el acuerdo N.° 180-2014 MSP, del 10 de julio del 2014, en el que justifica que las armas de fuego cuya apariencia física simulen las prohibidas, hacen incurrir en error a los policías y a la población al confundirlas con fusiles de asalto o armas militares.
Además, sostuvo que esa situación “conlleva al incremento de sensación de inseguridad, aumentándose dicho problema si las mismas (armas) cayeran en manos de la delincuencia”.
La posición del ministro Gamboa generó cuestionamientos de parte de importadores de este tipo de armas y ciudadanos que cuentan con permiso de portación, quienes la calificaron de arbitraria.
Oposición. Mauricio Alvarado, secretario de la Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana, manifestó que la Ley de Armas (N.° 7530) es clara al establecer las armas, calibres y tipos de acción permitidos, así como los prohibidos. Por eso, sostuvo, el acuerdo de Gamboa (de rango inferior) violenta lo que dice la ley.
Alvarado agregó que, por ejemplo, un rifle puede ajustarse a los parámetros técnicos que señala la ley, como el calibre y el mecanismo de tiro, pero solo por ser similar a un arma de guerra se prohíbe.
Afirmó que la directriz es absolutamente subjetiva, ya que no establece qué se debe entender por “arma militar”, cuáles son los parámetros de comparación ni cuál será el ente encargado de determinar esas características, por lo que queda a discreción de cada policía.
“Hay un reconocimiento implícito de la falta de capacitación que tienen los policías. Es evidente determinar cuál es un fusil permitido y cuál no. Un ciudadano que cumple con la ley no tiene de qué preocuparse. Los ciudadanos solo pueden portar pistolas y revólveres de manera discreta, pero el que ande en la calle con un fusil, aunque sea legal, de todas formas ya está violentando la ley”, alegó Mauricio Alvarado.
Reclamo. Oldemar Echandi, dueño de la armería EPM, dijo a La Nación que, con base en esa directriz, a él le negaron una licencia para importar 50 rifles AR-15, con el mecanismo de tiro a tiro, para la venta a ciudadanos.
Según su versión, esos rifles los utilizan los grupos policiales de choque, para quienes no es aplicable la prohibición.
Echandi añadió que, cumpliendo con los requisitos legales, tiene un costo de $3.500 (¢1,9 millones), pero en el mercado negro los venden en ¢150.000.
“Las regulaciones deben existir, pero los delincuentes saben que como no pueden tener esas armas, las consiguen más baratas”, aseveró.
Se intentó obtener una versión de Gamboa, pero solo atendió el viceministro, Gustavo Mata Vega. Este funcionario consideró que las armas con apariencia militar que están regulando, como los fusiles de asalto, ponen en riesgo la seguridad de este país ya que intimidan más que una pistola tanto a ciudadanos como a policías.
Cuando se le pidió que describiera cómo es un arma militar, dijo que son aquellas con el mecanismo automático, es decir, que disparen a ráfaga, lo cual ya es prohibido por ley.
