En cuestión de cinco años la cantidad de personas que usan tobillera electrónica creció un 260% al pasar de 528 usuarios en el 2018 a 1.869 en el 2022. El 50% de ese total gozan de ese beneficio pese a que enfrentan delitos contra la vida o narcotráfico.
En noviembre pasado el ministro de Justicia, Gérald Campos, detalló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que ese beneficio debería ser para adultos mayores, así como para detenidos por pensiones alimentarias o por delitos menores, pero no para integrantes de grupos de crimen organizado, como ocurre en la actualidad.
Con ese criterio coincide el exministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, quien considera que se debe perfilar de mejor manera a quién se le otorga ese beneficio y a quien no. Lo anterior al indicar que actualmente se tiene en las cárceles a personas por pensión alimentaria, lo cual les impide generar recursos para realizar los pagos que se les exigen; mientras que por delitos muchos más graves se les deja con tobillera. “Es mejor ponerle a los detenidos por pensiones un dispositivo electrónico, con debida vigilancia y que generen los recursos para atender las obligaciones de sus hijos”, dijo.
Agregó que conoce casos de gente con causas por homicidio o que cayeron con alijos de hasta 1.000 kilos de cocaína que andan por la libre. Tiene claro que nuestro sistema penal es garantista, pero afirma que se debe revisar y actualizar lo referido a los beneficiarios de las tobilleras.
La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico califica como un “relajo” lo que ocurre con las tobilleras y dice que se debe cambiar el sistema.
El viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, estima que en el ámbito penal faltan medidas más contundentes para revertir la criminalidad actual, porque pese a que ellos detienen una y otra vez a personas de perfil muy riesgoso por tentativas de homicidio o crimen organizado, lo cierto es que pronto vuelven a las calles debido a lo que solo les colocan tobillera y a veces con facultad de moverse sin límites en el país.
“Para atender el recrudecimiento de la violencia que afrontamos actualmente lo efectivo es nuestro trabajo en calle como policías, pero complementado con acciones penales fuertes contra personas que una y otra vez se están vinculando a esos delitos”, acotó.
Este año esa entidad ha capturado a sujetos con tobillera en asaltos a traileros, intento de robo a locales y otros delitos en lugares como Moravia, Cartago y San José.
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Por ejemplo, el pasado 7 de diciembre dos sujetos con dispositivo electrónico cayeron cuando intentaron evadir un retén policial de la Fuerza Pública en Calle Vargas, La Uruca. Iban a bordo de un Hyundai azul y les acompañaba un menor.
Uno de los reincidentes es de apellidos Conejo Arce, de 21 años, con expediente judicial por robo agravado, tentativa de homicidio y portación ilegal de arma permitida. El otro se apellida Alvarado Trejos, de 26 años, con antecedentes por robo, robo agravado y sustracción de vehículo.
En esa acción la Policía rastreó el área por donde intentaron huir los sujetos y encontró dos dos armas de fuego, una de ellas con un cargador largo de uso prohibido en el país, la cual tenía 13 municiones. La otra pistola presentaba su serie limada y un cargador con seis tiros.
Sobre cualquier eventual propuesta de cambio en la legislación vigente, serán las autoridades de la Corte Suprema de Justicia quienes analicen su viabilidad.
Ley permisiva
La Ley N.° 9271, de 30 de setiembre del 2014, estableció el uso de mecanismos electrónicos alternativos a la privación de libertad, tanto en su modalidad de sanción como de medida cautelar. Con esa legislación se pretendía descongestionar las cárceles, así como el respeto a los principios de proporcionalidad, racionalidad y dignidad humana.
Deja claro que la aplicación de esos mecanismos electrónicos solo se puede ejecutar cuando así lo ordene una resolución de un juez penal como una pena fijada en sentencia, como medida cautelar o como medida sustitutiva de una pena en ejecución.
El artículo 21 establece que se utilizarán los dispositivos que ofrezcan mayores posibilidades de seguimiento y control, cuando se trate de delitos sexuales contra mayores de edad, delitos por violencia de género o delitos contra la vida, de acuerdo con el criterio técnico de la Dirección General de Adaptación Social.
Ese es uno de los artículos donde se denota que queda abierto para los jueces permitir el uso de tobilleras por casos como homicidios y otros que para algunos expertos se deben revisar, con el fin de no beneficiar con ese mecanismo a quienes incurren en casos tan graves.
A golpe de tambor
El ministro de Justicia indicó que cada persona con ese dispositivo le cuesta al Estado ¢7.800 diarios, es decir se gastan ¢4.780 millones por año en su atención. Según Campos en el 2017 se creó a golpe de tambor la oficina de monitoreo electrónico, sin estudios técnicos ni asesoría. Tampoco se cuenta con los recursos necesarios para el debido control de lo que ocurre con esos dispositivos en todo el país.
Abaratar costos
El Ministerio de Justicia ya adjudicó al consorcio entre la empresa brasileña Synergye y Racsa, la renovación del sistema de monitoreo electrónico; sin embargo dicha adjudicación aún no está en firme, pues se encuentra en el periodo recursivo que será resuelto por la Contraloría General de la República.
El Ministerio de Justicia tiene un déficit de policías penitenciarios, pues cuenta con 3.787 oficiales que se dividen en cuatro grupos, de modo que a cada uno le corresponden 16 reos. Esa cifra se recarga cuando hay oficiales en traslados de privados de libertad a salas de juicio o a centros médicos.
De igual forma, esos mismos oficiales han colaborado este año en unas 429 visitas de control a usuarios del beneficio de tobillera, de los cuales 73 no fueron encontrados, algunos de ellos por incumplimiento y otros porque tienen libertad de moverse por todo el país.
También se han detectado usuarios que no cargan los dispositivos o los cortan para tratar de evadir el sistema; no obstante, se les ha logrado detectar y presentar ante el Juzgado.
Campos dijo que, pese al escaso personal, los operativos por tobilleras van a seguir en coordinación con la Fuerza Pública, para fortalecer el control del monitoreo electrónico, cuyo correcto uso contribuye al buen funcionamiento del sistema penitenciario en lo que al hacinamiento carcelario se refiere.