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El Ministerio de Justicia insiste en la aprobación de un presupuesto extraordinario por ¢6.000 millones para hacerle frente a obligaciones que consideran “ineludibles” en la atención de privados de libertad, principalmente por el aumento de personas monitoreadas con tobillera electrónica.
Del total solicitado, ¢4.000 millones será para atender a la creciente población de privados de libertad a quienes los jueces brindan el beneficio de cumplir su pena fuera de la cárcel, pero con dispositivo electrónico.
El número de personas en esa condición pasó de 540 personas a principios del 2018, a 1.196 en la actualidad.
Según el viceministro de Gestión Estratégica, Fabián Solano, el sistema de monitoreo electrónico ha ganado credibilidad lo que ha " provocado un incremento en el uso de esta herramienta por parte de los jueces de la República”, aseguró en un comunicado.
Ese resultado se dio pese a que una gira realizada el año pasado por las autoridades a varias zonas del país se detectaron múltiples incumplimientos.
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“Muy probablemente la partida que atiende monitoreo electrónico en 2019 vaya a quedarse corta porque la curva de crecimiento viene siendo ascendente. Esto no era tan marcado en mayo y en junio cuando formulamos el presupuesto.
"Por ende, cuando lo entregamos, no teníamos la proyección tan clara que estamos teniendo ahora”, expresó Solano en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en octubre.
En la elaboración del presupuesto 2019, el Ministerio de Justicia aplicó un recorte inicial por ¢5.766 millones. No obstante, la reducción aprobada finalmente fue de ¢9.478 millones con respecto a 2018, es decir, les rebajaron ¢3.702 millones más de lo que ellos propusieron.
Según las autoridades, la situación los deja en “números rojos”.
La solicitud que ahora hace Justicia por ¢6.000 millones también tiene como objetivo acatar órdenes del Ministerio de Salud ante el hacinamiento penitenciario.
“Hay 120 órdenes sanitarias que debemos acatar, así como resoluciones judiciales y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, especificó el viceministro Fabián Solano.
Se requieren ¢1.746 millones para la construcción de infraestructura y atender órdenes sanitarias de jueces, los restantes ¢254 millones serían para la atención de proyectos agroindustriales, en particular Construyendo Oportunidades, anunciado en diciembre por la ministra de Justicia, Marcia González.
Esta iniciativa busca crear y fortalecer los proyectos productivos del Ministerio de Justicia, por medio de los cuales se les brinda a las personas privadas de libertad posibilidades laborales y de capacitación, fundamental para lograr el éxito en su reinserción social.
Al plantear la solicitud de presupuesto extraordinario, el Ministerio de Hacienda determinó que debían utilizarse recursos ya presupuestados por la institución, en aras de no generar nuevas erogaciones.
Seguridad social de reos
Justicia identificó que la única partida con margen de utilización es la de Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales, que se refiere a la partida que atiende el pago de la seguridad social de las personas privadas de libertad.
Esta obligación era asumida antes de 2019 por el Ministerio de Salud, razón por la cual el presupuesto de Justicia para este año incluyó una partida para su atención.
A raíz del cambio, el Ministerio de Justicia y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizan un análisis técnico con el fin de renovar el convenio vigente desde 1993 para mejorarlo y definir los montos que la institución debe cancelar a la seguridad social y que un remanente en la partida se use para atender las otras necesidades.
