El proceso administrativo abierto por el Ministerio de Seguridad para investigar al exviceministro administrativo de esa cartera, Randall Vega Blanco, declaró sin lugar la causa que originó su destitución y más bien exoneró al exjerarca de toda responsabilidad disciplinaria.
Vega fue destituido el 4 de octubre del año pasado luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, alegó pérdida de confianza al atribuirle “permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos, que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico”, señalaba el comunicado de la Presidencia emitido ese día.
Este jueves por la tarde Randall Vega expresó gran satisfacción al conocer que fue exonerado por certeza y se le comunicó que no tuvo nada que ver con lo que se le venía atribuyendo.
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“Estoy celebrando con mis padres e hijos, porque ellos sufrieron mucho con este proceso que puso en tela de duda mi honorabilidad, al decir que falté a la transparencia o que intenté hacer un acto de corrupción, lo cual no es cierto tal y como fue ratificado”, expresó.
Desde que fue cesado como viceministro, Vega labora como director del departamento de Transportes del citado Ministerio, donde ha trabajado desde el 2006.
El funcionario, de 47 años, dice que fue muy emotivo saber que se le exoneró de los cargos. Por ahora no ha valorado alguna acción por el daño que le causó esa noticia a él y a su familia.
“Siento que tiene que haber responsables de eso, pero antes voy a asesorarme bien. En el fondo sabía que iba a salir bien, porque no hice lo que el señor presidente manifestó, pero mi familia, al ver las noticias en los medios y los comentarios de la gente, se vio muy afectada, para ellos fue muy duro”, dijo.
Ningún cargo
En el órgano director realizado contra Vega no se menciona ningún presunto favorecimiento a una empresa específica, como lo detalla el comunicado de Casa Presidencial.
Más bien se le cuestionaba el presunto incumplimiento al deber de vigilancia, al aducir que no desplegó controles para verificar que en la Dirección de Transportes y en la Proveeduría se realizaran con calidad los procesos de revisión y recomendaciones técnicas y de contratación para una compra y canje de vehículos destinados a la Policía de Control de Drogas (PCD).
Al ser publicado el cartel se le atribuía al viceministro Vega y al director general administrativo, Carlos Andrés Torres, falta de cuidado, debido a que se trata de carros que la PCD usa en actividades encubiertas, de modo que no debieron publicarse las especificaciones y que más bien esa información debió ser declarada confidencial.
Lo anterior porque esa publicación podía implicar un riesgo la seguridad, la integridad y la vida de los funcionarios que usan esos carros. Al final dicha licitación no se realizó.
El órgano director indica que resulta imposible pretender que un viceministro administrativo o el director administrativo intervengan directamente en cada proceso de contratación que se lleva a cabo en el Ministerio, así como en el resto de los microprocesos de la institución, por lo que ambos quedaron exonerados de los cargos atribuidos.
Añade la resolución que para eso existen, a lo interno, protocolos, políticas e instructivos relacionados con las contrataciones administrativas, donde se establecen las personas que participan y sus respectivas responsabilidades.
En dos instrumentos regulatorios internos se deja claro que Vega Blanco no tiene participación ni injerencia en la fase previa de esos procedimientos y que, según la Ley General de la Administración Pública, un viceministro no tiene asignadas actividades asociadas a aspectos técnicos de contratación administrativa, pues sus funciones son de nivel gerencial.
Así las cosas, la actual viceministra administrativa de Seguridad Pública, Flora Bogantes, acogió en todos sus extremos las conclusiones del Departamento Disciplinario Legal y notificó a las partes lo resuelto.
Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), expresó su complacencia y afirma que conocen “la calidad de funcionario responsable, honrado y eficaz, muy comprometido con los objetivos y el quehacer de la institución”, que es Vega.
Añaden que cuando se le destituyó, la Presidencia lo anunció sin una investigación previa, afectándole en su dignidad y credibilidad como trabajador de esa institución.