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Este año, la cantidad de muertes por el consumo de licor contaminado con metanol suman 20, duplican a los fallecidos por la misma causa el año pasado.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que durante el 2018 se registraron 10 muertos por intoxicación etílica por metanol, señala un documento elaborado por la Oficina de Planes y Operaciones (OPO).
El informe no detalla pormenores de las víctimas, si son hombres o mujeres, las edades, ni las fechas en que dichos casos ocurrieron. Solamente advierte de que se fundamentan en datos proporcionados por el departamento de Patología Forense.
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La Policía Judicial aseguró en el documento que ninguna de las muertes del 2018 se puede considerar como dolosa, o sea que fuese intencional. Las califica como culposas, es decir, que se deben a un hecho accidental, fortuito o involuntario, como consecuencia, eso sí, de un proceder negligente.
Las muertes por etanol del año anterior habían pasado inadvertidas y no fueron reseñadas por las autoridades pese a que desde el año 2010 se viene informando sobre la presencia en el mercado nacional de bebidas alcohólicas falsificadas.
Alerta de Embajada
Paralelamente, el miércoles anterior, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, en su página en Internet, emitió una alerta dirigida a los estadounidenses. En esta informa sobre muertes recientes en el país asociadas con el consumo de alcohol contaminado con metanol.
"En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ciudadano de Estados Unidos enfermo o muerto debido al consumo de alcohol adulterado en Costa Rica.
“Según informes, las muertes ocurrieron en todo el país, incluyendo siete casos en San José, cuatro casos en Cartago, un caso en Heredia, tres casos en Limón y dos casos en Guanacaste. Por precaución, el Gobierno de Costa Rica emitió una alerta nacional y confiscó 38.000 botellas de alcohol de seis marcas: Guaro Montano, Guaro Gran Apache, Estrella Roja, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuka y Aguardiente Molotov”, concluye la advertencia.
Denuncias por metanol
Precisamente el mismo miércoles, el Ministerio de Salud, en una disposición publicada en el diario oficial La Gaceta, incluyó el aguardiente Sachetto en la lista de licores cuya comercialización está prohibida.
El Ministerio dispuso el decomiso de todos los licores que no tengan “número de registro sanitario o que este corresponda a otro producto, o que no cuenten con el número de lote que permita su trazabilidad. Esta disposición también aplicará para otras bebidas alcohólicas que se encuentren en la misma situación”.
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En la resolución del Ministerio de Salud se autorizó también a todas las áreas rectoras en el país a retirar permisos sanitarios de funcionamiento y a clausurar locales comerciales en los que se siga comercializando o distribuyendo licor de las marcas mencionadas.
Asimismo, la medida se aplicará también cuando los propietarios, administradores o representantes, no permitan “a las autoridades de salud el ingreso a sus inmuebles y establecimientos donde se almacenen, manipulen o comercialicen bebidas alcohólicas, o se nieguen a brindar la información que conlleve a la identificación certera del respectivo proveedor”.
Los envases de los licores falsificados se venden en el país a precios inferiores a ¢1.000. Incluso, comercios de La Unión, en Cartago, tenían promociones y daban tres envases de 365 ml por ¢1.000.
Para tener una idea de cuán barato es esto, basta con decir que una “pachita” (365 ml) de guaro Cacique (fabricado por Fanal) se consigue en ¢2.100.
De acuerdo con cifras aportadas por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), el comercio ilícito de bebidas alcohólicas generó, en el 2014, ingresos por $112 millones, mientras que, en el 2017, se comercializaron productos por $166 millones. Se estima que la actividad ilegal se apoderó del 20% del mercado nacional.
Carlos Arguedas C.
Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.
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